El Atlantic Council ha emitido una advertencia contundente: el Estado de derecho es el motor fundamental para la prosperidad y el bienestar social a largo plazo. Un análisis que abarca tres décadas y que incluye datos globales revela que la degradación de este pilar pone en riesgo el desarrollo económico y social en todas las regiones, incluso en democracias consolidadas. En el informe, publicado en el trigésimo aniversario del Índice de Libertad y Prosperidad, se destaca que la erosión del Estado de derecho tiene un impacto tanto en países avanzados como en aquellos en desarrollo, y que revertir esta tendencia implica llevar a cabo reformas coordinadas y realizar inversiones significativas en la capacidad judicial.
El estudio del Atlantic Council, a través de su Freedom and Prosperity Center, utiliza el Índice de Libertad y Prosperidad, una herramienta que evalúa la calidad institucional de 164 países desde 1995 hasta 2024. Este análisis se basa en tres dimensiones: política, legal y económica. La dimensión política examina el acceso y la limitación de la autoridad ejecutiva; la legal, la sujeción a la ley, incluyendo la independencia judicial; y la económica, el grado en que los mercados, y no el Estado, asignan recursos. Esta estructura transforma la complejidad institucional en componentes medibles y comparables, lo que permite observar cómo cada dimensión influye en el desarrollo y la prosperidad nacional.
Los datos recopilados por el Atlantic Council son contundentes: el Estado de derecho es el factor institucional que más afecta a la prosperidad. Su influencia supera a la de la libertad política y económica, tanto en el crecimiento del ingreso, como en la esperanza de vida y la protección de las minorías. Un sistema donde las leyes son claras, predecibles y se aplican de manera uniforme fomenta la inversión, la innovación y el crecimiento sostenido. Además de impulsar el desarrollo económico, el Estado de derecho facilita reformas políticas y de mercado, proporcionando la base para una gobernanza democrática y una economía abierta.
El informe pone de relieve casos concretos. Rwanda y Nigeria, con niveles institucionales similares en 1995, han seguido trayectorias muy diferentes. Rwanda eligió la estabilidad, el respeto a la legalidad y la liberalización económica, alcanzando notables avances en prosperidad y un incremento de 19 puntos en el Índice de Prosperidad a lo largo de tres décadas. Sin embargo, la falta de democratización plena podría limitar su potencial a futuro. Nigeria, por su parte, apostó por la liberalización política tras la caída de la dictadura militar en 1999, pero no logró fortalecer sus instituciones legales y económicas. A pesar de un progreso notable en libertad política, la persistencia de la corrupción, la inseguridad y la debilidad institucional limitó su desarrollo, con un aumento de casi 13 puntos en el mismo periodo.
Chile ofrece otra perspectiva sobre la resiliencia y vulnerabilidad institucional. Entre 2019 y 2022, el país enfrentó protestas sociales que condujeron a una disminución significativa en el indicador de “claridad de la ley”, reflejando la incertidumbre de los ciudadanos ante normas y medidas de emergencia. En respuesta, Chile emprendió una reforma constitucional y promulgó en 2023 una nueva Ley de Delitos Económicos, que fortaleció la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Aunque las reformas constitucionales fueron rechazadas en referendos, el proceso amplió la participación ciudadana y el debate en torno al Estado de derecho. Estas medidas permitieron una recuperación parcial en los indicadores legales, demostrando que la movilización social y las reformas bien dirigidas pueden ayudar a revertir el deterioro institucional, a pesar de la gradualidad y los retos de polarización política.
A pesar de avances en algunos países, el informe del Atlantic Council advierte sobre el retroceso global del Estado de derecho durante los últimos once años, alcanzando su punto más bajo en casi dos décadas. Esta erosión afecta diversos componentes legales, así como la claridad de la ley, la independencia judicial, la seguridad, la informalidad, la burocracia y la corrupción, siendo la “claridad de la ley” la dimensión más dañada. Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han registrado las caídas más pronunciadas, con descensos de 6,6 puntos, en promedio. Dentro de este grupo, los retrocesos más destacados son del Reino Unido (-18,20), Corea del Sur (-18), Canadá (-17,70), México (-16,80) y Francia (-14,60). Fuera de la OCDE, Nicaragua (-35,60), Afganistán (-33,50), El Salvador (-26,30), Myanmar (-24,60) y Benín (-24,50) presentan los descensos más drásticos.
La “claridad de la ley” mide la coherencia, la publicidad y la aplicación predecible de las normas legales. Cuando esta dimensión se debilita, los sistemas jurídicos pierden consistencia y las leyes se aplican de manera desigual, generando incertidumbre y disminuyendo la confianza en las instituciones. Este impacto, además, desalienta la inversión, limita el emprendimiento y amplía el margen para la corrupción y la informalidad. Según el Atlantic Council, la erosión de la confianza en el Estado de derecho socava la efectividad de las reformas políticas y económicas, limita el desarrollo y reduce las oportunidades de prosperidad compartida.
Frente a este panorama, el Atlantic Council presenta una serie de recomendaciones para gobiernos, donantes y el sector privado. Insta a los gobiernos a convertir la reforma del Estado de derecho en una prioridad estratégica, centrando sus esfuerzos en la claridad legal, la igualdad ante la ley y la independencia judicial. Recomienda invertir en la capacidad de los sistemas judiciales, combatir la corrupción y la informalidad mediante políticas como la digitalización y la simplificación de trámites, y fortalecer la legitimidad institucional a través de una mayor rendición de cuentas y participación ciudadana. A donantes y organismos financieros internacionales, sugiere condicionar la ayuda a mejoras objetivas en la efectividad judicial, así como apoyar a la sociedad civil y a medios de comunicación independientes. Para el sector privado, enfatiza la importancia de la transparencia en los contratos, la cooperación en buenas prácticas regulatorias y la defensa de marcos legales estables y predecibles.
En su conclusión, el Atlantic Council sostiene que la prosperidad sostenible requiere algo más que ajustes técnicos o reformas aisladas. Es imperativo un esfuerzo coordinado y estratégico para fortalecer los tres pilares institucionales —político, legal y económico—, otorgando un papel central al poder habilitador del Estado de derecho. Aprovechar la experiencia acumulada en tres décadas de datos y casos nacionales permitirá a los responsables de políticas y a actores sociales priorizar las intervenciones más eficaces y construir resiliencia frente a futuras crisis.
En definitiva, el informe concluye que la libertad, en sus dimensiones política, legal y económica, no solo es un valor ético, sino el camino más efectivo y pragmático hacia la prosperidad colectiva.
