El Gobierno decidió eliminar este miércoles el Día del Empleado Público, celebrado el 27 de junio, lo que generó la reacción de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que criticó la medida del Ejecutivo, dejando a los empleados públicos sin un fin de semana largo.
La confirmación oficial sobre la supresión del feriado fue realizada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien comunicó la decisión del Ejecutivo de no otorgar asueto este jueves a los trabajadores de la administración pública nacional. Esta resolución afecta a decenas de miles de empleados públicos que tenían calendarizado el 27 de junio como día no laborable, conforme a lo estipulado por la Ley 26.876, sancionada en 2013.
La noticia desató rápidas reacciones en los sectores sindicales. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, utilizó sus redes sociales para manifestar su rechazo a la medida y cuestionar la legalidad de la acción del Gobierno. La decisión del Ejecutivo repercute directamente en la actividad del sector público y elimina la posibilidad de un fin de semana largo que se había previsto en varias dependencias administrativas.
“El Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, establecido por la Ley 26.876. Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan borrar el día que nos reconoce como tales, pero no lo conseguirán”, afirmó el dirigente, quien calificó la medida del Ejecutivo como “un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático”, y agregó que “sólo el Congreso puede derogar una Ley que él mismo sancionó”.
La decisión afecta a los empleados de la administración pública nacional, tanto en las oficinas centrales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en delegaciones distribuidas por todo el país. De acuerdo con la disposición oficial, las áreas que tradicionalmente programaban la suspensión de actividades para el último jueves de junio deberán operar con normalidad.
En su comunicación, Adorni detalló que la administración decidió “no adherir” al feriado al considerar que el calendario laboral exige avanzar sobre “gastos prescindibles”. El Gobierno sostiene que su objetivo es priorizar la prestación de servicios para toda la sociedad, evitando parálisis administrativas que a menudo coinciden con feriados y asuetos del sector estatal.
Adorni explicó que esta decisión se fundamenta en la visión que el Gobierno tiene sobre el papel del Estado. “El Estado no es un lugar donde deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de ningún privilegio que el trabajador del sector privado no posee”, afirmó. Y añadió: “Considerando, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.
El vocero subrayó que “trabajar en el Estado es un servicio para el ciudadano que cada día se esfuerza por llevar un plato de comida a su familia y que, de manera directa o indirecta, es responsable del presente y del futuro del país”.
ATE, por su parte, defendió la vigencia de la Ley 26.876, sancionada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que establece el 27 de junio como “Día del Trabajador del Estado” para conmemorar la unidad y el trabajo realizado por los empleados públicos. Según el texto legal, esa fecha “será considerada para todos los efectos como día no laborable para la administración nacional”.
Adorni afirmó que la decisión “va en sintonía con la concepción del Estado que tiene este gobierno”, definiéndolo como una herramienta para “allanar el camino de libertad de los argentinos, no para obstaculizar a la Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público, en detrimento del privado”. Y concluyó: “Es cosa del pasado”.
