La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha confirmado que este lunes a las 10 se realizará un acampe en Tribunales II de Córdoba, y ha decretado un paro nacional de 24 horas para el martes, con movilizaciones en todo el país, exigiendo la “inmediata” liberación de Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba.
El líder gremial de la provincia fue detenido el jueves pasado por la Policía durante la protesta por alimentos y ayuda social, que culminó con un ataque a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba.
La Fiscalía de Distrito 4, bajo la dirección de Ernesto De Aragón, informó que de las 15 personas detenidas en la protesta del jueves, 14 quedaron en libertad el mismo día de los hechos tras ser correctamente identificadas y verificar sus antecedentes penales.
El único que permanece detenido es Giuliani, quien enfrenta cargos de resistencia a la autoridad, lesiones leves reiteradas (al igual que los otros 14 detenidos), y se le suma una acusación por el delito de amenazas en relación con el ataque a la dependencia municipal.
Además, la fiscalía recordó que el referente gremial está imputado por incitación a la violencia colectiva, en relación a los acontecimientos ocurridos durante el acto presidencial del 25 de mayo de 2024 en la ciudad de Córdoba.
La UCR se suma a la pelea Llaryora-Milei por fondos de Nación y exige “federalismo” en Córdoba
Respecto a la razón de su detención, la fiscalía aclaró que “la medida responde a la necesidad de asegurar el avance de actos urgentes de investigación y recibir su declaración como imputado, fundamentándose, entre otras cosas, en los procesos penales previos que el imputado tiene abiertos”.
Durante la semana se prevé tomar su declaración -aunque no se especificó el día- y, una vez cumplidas esas diligencias de investigación, “se revisará la medida de privación ordenada”, agregó la fiscalía interviniente.
Reclamo gremial
Tras denunciar la criminalización de la protesta y criticar fuertemente a la justicia y al Gobierno de Córdoba, la conducción de ATE nacional lanzó una advertencia que ha encendido las alarmas ante un conflicto que podría escalar.
“En las próximas horas, la paz social en Córdoba y en el país depende de su liberación inmediata y de que se le garanticen todos sus derechos y garantías constitucionales”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, al expresar su apoyo a Giuliani.
“Lo que está ocurriendo en Córdoba es de una gravedad institucional extrema”, sostuvo el dirigente nacional del gremio, y reclamó que se evalúe “llevar adelante un jury, un juicio político para el fiscal Ernesto de Aragón y todos los funcionarios judiciales involucrados en esta causa armada”.
“Necesitamos reaccionar, por eso vamos a un paro general que nos permita hacer frente a la represión y a la criminalización de la protesta social del Gobierno nacional y del Gobierno de Córdoba”, añadió, cuestionando: “El gobernador Llaryora no se diferencia en nada de Milei”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración será a las 14 frente a la Casa de Córdoba. Cada provincia definirá las modalidades de protesta. Además, en Córdoba Capital se realizará un acampe este lunes, a partir de las 10, en los Tribunales II.
Tensión sindical en Córdoba: la detención de Giuliani abre la puerta a un conflicto nacional
Imputaciones y otros delitos
En el marco de la investigación, las personas detenidas enfrentan imputaciones por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones leves reiteradas, y en el caso del secretario general de ATE, se suma la acusación por el delito de amenazas.
La fiscalía también señaló que se avanza en el esclarecimiento de otros hechos delictivos vinculados a daños materiales en las instalaciones y el mobiliario de la oficina municipal, posibles atentados funcionales contra los responsables de la repartición, lesiones a efectivos de la Policía de Córdoba —quienes fueron atacados con escombros y palos de banderas utilizados a modo de lanzas—, y amedrentamiento directo a dos efectivos policiales con amenazas de represalias contra sus vidas durante un intento de frenar el uso peligroso e ilegal de cubiertas y nafta para iniciar fuego en la vía pública, así como contener el avance violento hacia los despachos de la Secretaría.
“Además, se investiga la afectación a la salud de otras víctimas adicionales, entre ellas un niño con trastorno del espectro autista y una mujer de avanzada edad que se encontraban en el edificio municipal al momento de los hechos y que necesitaron asistencia de servicios de emergencia médica tras la irrupción violenta”, añadió.
Ante las declaraciones públicas de Aguiar sobre que “en Córdoba hay un régimen de excepción”, la Fiscalía de Distrito 4 respondió que “actúa con total transparencia, objetividad y compromiso con el interés público, principios rectores del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, y que existe pleno respeto de los derechos y garantías constitucionales de las partes en el marco del proceso”.
