El caso por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue abordado en “QR!”, emitido por Canal E, tras un giro clave: el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex titular del organismo, señalado por la Justicia como uno de los líderes de una asociación ilícita que, según la investigación, habría direccionado contrataciones millonarias vinculadas a medicamentos y prestaciones de alto costo.
La resolución firmada por el juez federal Sebastián Casanello describe una estructura organizada integrada por funcionarios públicos y actores privados con roles definidos. El fallo afirma que al menos cuatro personas ocuparon posiciones de liderazgo, entre ellas Spagnuolo y Daniel Garbellini, exresponsable del área de Acceso a la Salud, desde donde se tramitaban compulsas de precios y adjudicaciones.
El esquema, añadieron en el programa conducido por Pablo Caruso, habría incluido además la participación de Miguel Ángel Calvete, empresario y lobista, y de Pablo Achavagian, exfuncionario durante el macrismo. Según la investigación, Calvete y Achavagian actuaban desde el exterior del organismo pero jugaron un papel central en la maniobra.
En total, el expediente alcanza a 19 personas procesadas, incluidos colaboradores cercanos a Calvete. Entre ellas figuran su pareja Guadalupe Muñoz, su hija Ornella Calvete, y una secretaria administrativa. Durante los allanamientos, en el domicilio de Ornela Calvete se encontraron casi 700 mil dólares, más de 20 millones de pesos y euros en efectivo, ocultos en cajones, un hallazgo que el juez consideró incompatible con las explicaciones brindadas.
En “QR!” detallaron que la resolución también describe el funcionamiento de las compulsas de precios “acotadas”, realizadas siempre entre un grupo reducido de droguerías. En ese contexto, Propharma aparece como la principal beneficiaria y la firma con mayores sobreprecios, aunque formalmente figuraba a nombre de terceros. Para la Justicia, Calvete controlaba la empresa mediante prestanombres y empleaba distintos alias en sus comunicaciones.
El fallo señala además la intervención de personas externas al Estado con acceso a los sistemas oficiales, lo que habría posibilitado la manipulación de precios y adjudicaciones. Casanello concluyó que las maniobras tenían como objetivo enriquecer a funcionarios y empresarios, perjudicando el acceso a prestaciones esenciales para personas con discapacidad que no cuentan con cobertura médica.
En el caso de Spagnuolo, el juez dio por acreditados pagos indebidos y gastos injustificados, entre ellos solicitudes de dinero en efectivo y consumos en dólares en su vivienda de un barrio cerrado de Pilar, montos que no se corresponden con su salario como funcionario público.
Antes de dejar la causa —ya que finaliza su subrogancia—, Casanello advirtió sobre la existencia de “otro nivel de complicidades” que deberá investigar el juez que resulte sorteado. También dejó abiertas nuevas líneas de indagación por posibles maniobras de lavado de activos y por la participación de funcionarios de segunda línea, señalaron en el programa que se emite de 21 a 23 por Canal E.
LB
