El operativo se realizó a partir de las 21 de este domingo con la intervención de representantes del área municipal de la Mujer, la Dirección de Habilitaciones Comerciales, quienes procedieron a la clausura de El Ángel Vip, con dirección en Monte Caseros 286. También se cerró el local Roberts, ubicado en zona Circunvalación, que figuraba como bar.”Estamos cumpliendo las normas, con un fuerte compromiso con la ciudad y con las mujeres”, dijo la intendenta Blanca Osuna, al hacer referencia a la clausura de “los dos últimos prostíbulos que restaban cerrar”, según afirmaron desde el Municipio.<b>Operativo</b>En el primero de los locales, dado que el lugar no posee ningún tipo de señalización comercial y funcionaba de manera clandestina, para el ingreso se gestionó previamente una orden de allanamiento, dictada por el juez Carlos Ríos, del Juzgado de Instrucción Nº 2. Cabe señalar además que hubo asistencia psicológica aportada por el área de la Mujer y con el acompañamiento de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos.”Se trata de una continuidad de los procedimientos que venimos realizando desde febrero, en el marco de la Ordenanza 8.955, modificada por Ordenanza 9.005 a propuesta de la actual gestión municipal, y por lo que se procedió al inmediato cierre de los prostíbulos que quedaban”, manifestó Cristina Melgarejo, titular del área de la Mujer.De acuerdo con las modificaciones introducidas en la normativa vigente, se establece la caducidad automática, la inhabilitación de por vida para la tramitación de cualquier licencia comercial y la aplicación de una multa de 4.000 Unidades Fijas (UF), donde se constate explotación sexual.Desde la Dirección de Habilitaciones Comerciales, el doctor Federico Amore remarcó: “con este procedimiento se culminó con la solución ficticia que brindaba la anterior normativa previo a la modificación impulsada por esta gestión, por cuanto otorgaba el plazo de un año a las habilitaciones vigentes. Hoy, gracias a esta normativa, caducan inmediatamente al momento de su constatación”.<b>Política integral</b>Desde el Municipio se reafirmó “la decisión de avanzar de forma integral en políticas contra la explotación sexual de la mujer”. Luego de la clausura de los locales donde se constató la existencia de explotación sexual, desde el área de la Mujer y la Oficina de Empleo municipal, se ofrecen más de 100 talleres de capacitación que duran entre dos y nueve meses y a los que se puede acceder el 14 puntos diferentes de la ciudad. Además se les posibilita el acceso a líneas de financiamiento de hasta 15 mil pesos para el desarrollo de microemprendimientos, destinados a mujeres que ejercen la actividad, con la colaboración del Ministerio de Trabajo de la Nación.La propuesta consiste en “ofrecer talleres de capacitaciones que están disponibles para estas mujeres, de manera tal que se les pueda brindar conocimientos en un oficio”, detalló Florencia Amore, secretaria de Derechos Humanos, Salud y Educación de la Municipalidad de Paraná. La funcionaria aclaró además que: “Se las acompañará en su inserción laboral, ya sea en el campo privado, como en la elaboración de proyectos para el desarrollo de microemprendimientos”.<b>Normativa vigente</b>Cabe recordar que la intendenta Blanca Osuna había remitido en abril al Concejo Deliberante el proyecto que apuntaba a sustituir los artículos 1º, 2º y 3º de la Ordenanza 8.955, así como a incorporar el 1º bis de la Ordenanza 8.955, al no corresponderse con la normativa nacional e internacional existente en la materia y a la ambigüedad del primer artículo que sugería diferentes interpretaciones.En ese marco, la presidenta municipal sostenía que la prórroga que establecía la Ordenanza en su artículo 1º era “incongruente con el espíritu normativo internacional, nacional y con el lineamiento político actual del Municipio, que emprende una verdadera lucha contra la trata de personas en todas sus formas, especialmente la explotación sexual de mujeres, niños y niñas”.De esta manera, el artículo 1º bis prohíbe expresamente todas las casas o locales, con acceso abierto o restringido, que permitan a sus propietarios, administradores o terceros obtener lucro, ganancia o comisión por la explotación sexual o el ejercicio de la prostitución con o sin consentimiento.
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