El Arzobispado de Paraná emitió este martes un comunicado acerca de la investigación judicial que involucra a Víctor Adrián Godoy, exapoderado y representante legal de diversas escuelas asociadas a la organización eclesiástica. Godoy está siendo investigado por una supuesta defraudación a la administración pública, que se estima en 96 millones de pesos.
La causa se originó tras una denuncia del Consejo General de Educación (CGE), que detectó supuestas irregularidades en las rendiciones de fondos. En el contexto de la investigación, la jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Godoy este lunes.
Desde la Iglesia, expresaron: “El Arzobispado de Paraná se puso a disposición desde el inicio para colaborar con la Justicia. En su momento, también se presentó como querellante”. El fiscal Gonzalo Badano está a cargo del caso, mientras que el abogado Leopoldo Lambruschini representa al Arzobispado en su calidad de querellante.
Además, la institución afirmó: “Confiamos en el trabajo de quienes están llevando adelante este proceso judicial. Como Iglesia, reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, en fidelidad a la misión pastoral y educativa que nos ha sido encomendada”.
La causa sigue su curso judicial mientras se analizan las pruebas relacionadas con la presunta maniobra fraudulenta.
En cuanto a los hechos, según la imputación, Godoy habría abusado de su cargo y, entre 2019 y agosto de 2024, “sustrajo fondos públicos que el Consejo General de Educación de la provincia había acreditado en las cuentas bancarias de las instituciones mencionadas, destinados al pago de sueldos y cargas sociales del personal”.
Godoy se desempeñaba como empleado del Arzobispado de Paraná, ocupando funciones de administrador y apoderado legal de las escuelas Nuestra Señora de la Esperanza y Santa Lucía, ambas en Paraná; así como del Instituto Fernando Torres Vilches y Nuestra Señora de Fátima, ubicados en Santa Elena.
