La decisión del gobierno de Entre Ríos de avanzar con una prórroga de la emergencia en obras y servicios públicos para 2026 abrió un fuerte cruce político entre el oficialismo provincial y un sector del Partido Justicialista. El eje de la disputa es la legalidad y la conveniencia de mantener un régimen excepcional que amplía las facultades del Poder Ejecutivo para la contratación de obra pública.
El cuestionamiento fue planteado por el dirigente del PJ y diputado nacional Guillermo Michel, quien a través de su cuenta de X sostuvo que el Ejecutivo provincial pretende “prorrogar una ley ya vencida”, en referencia a la emergencia, cuya última extensión caducó el 31 de diciembre de 2025. Según Michel, avanzar en ese sentido sería jurídicamente irregular y podría derivar en una mayor judicialización de los actos de gobierno.
En su mensaje, el dirigente peronista advirtió que la provincia acumularía así tres años consecutivos bajo un esquema de emergencia, lo que —a su entender— convierte una herramienta excepcional en una regla de gestión. También señaló que este mecanismo reduce los controles habituales sobre la contratación pública y genera inseguridad jurídica, con potencial impacto negativo tanto para el Estado como para los contratistas.
La respuesta del oficialismo no tardó en llegar. El senador provincial Rubén Dal Molín salió al cruce de las declaraciones y planteó que el debate sobre la obra pública “debe darse con datos y no con consignas”. En ese marco, defendió el accionar del gobierno y relativizó las críticas vinculadas a la ejecución presupuestaria.
Dal Molín sostuvo que la subejecución en áreas clave como Vialidad Provincial es un problema estructural que atraviesa a distintas gestiones y no puede atribuirse exclusivamente a la actual administración. Según explicó, existen trabas burocráticas y procedimientos obsoletos que históricamente demoraron la ejecución de obras, y aseguró que el Ejecutivo está avanzando en reformas para revertir esa situación.
Entre los argumentos esgrimidos, el senador destacó que los fondos no ejecutados al cierre del ejercicio no se pierden ni regresan a Rentas Generales, sino que quedan como crédito para el año siguiente, lo que —según afirmó— permite garantizar continuidad en los proyectos. También mencionó convenios con municipios y esquemas de ejecución descentralizada como herramientas para agilizar los trabajos.
El cruce expone una disputa de fondo sobre el modelo de gestión de la obra pública en Entre Ríos: mientras el PJ pone el acento en la legalidad y los mecanismos de control, el oficialismo defiende la necesidad de sostener un régimen flexible para acelerar inversiones en un contexto económico y administrativo complejo. La definición final quedará en manos de la Legislatura provincial, donde el debate promete seguir sumando tensión política.
