A partir de las 9:30 de este jueves 6 de noviembre comenzará el juicio-a-cristina-kirchner-y-86-imputados-por-presunta-corrupcion-en-contratos-de-obra-publica-durante-su-gestion.phtml">juicio por los Cuadernos de las Coimas, a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), que llevará al banquillo de los acusados a Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, ex funcionarios y a 60 empresarios.
El proceso busca juzgar la presunta asociación ilícita que, según la acusación, habría funcionado entre 2003 y 2015 con el objetivo de cobrar sobornos a contratistas del Estado. Según la justicia federal, el expediente develó la “mayor maniobra de corrupción de los últimos veinte años”.
Por su parte la fiscal general, Fabiana León, remarcó: “Es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”.
La causa cuenta con un total de 86 imputados, 60 de ellos empresarios, que deberán comparecer ante el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli. La principal acusación en este escenario recae sobre la expresidenta Cristina Kirchner.
La primera audiencia del juicio comenzará este jueves a las 9:30 y se extenderá hasta las 14:30. Tras los trámites de rigor (asistencia de los presentes), se dará inicio a la lectura del requerimiento de elevación a juicio oral, momento en el que se detallarán las acusaciones.
Según el dictamen, en esta causa se encuentra acreditada la intervención de CFK “en dicha asociación ilícita en carácter de jefa, rol que también cumpliera Néstor Kirchner, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina que ejercieron entre el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, y entre 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, respectivamente”.
La justicia federal consideró que todos los involucrados ocuparon diferentes roles para garantizar “el funcionamiento del sistema recaudatorio”, sabiendo quiénes retiraban y quiénes recibían el dinero, y que participaron máximas autoridades del Ministerio de Planificación Federal, actualmente extinto.
Al solicitar la elevación a juicio de la investigación, el fiscal Carlos Stornelli hizo hincapié en los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno consignó en los cuadernos, en las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y en la cartelización de la obra pública.
El fiscal sostuvo que la asociación ilícita fue constituida por más de tres personas y que “habría operado, con carácter permanente, al menos entre los años 2008 y 2015, ambos inclusive”, período que luego se prolongó desde 2003. En este contexto, solicitó que la ex mandataria fuera a juicio en el rol de jefa, coautora y partícipe necesaria del delito de cohecho pasivo.
Como organizadores fueron señalados Julio Miguel De Vido, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del mismo Ministerio; Ernesto Clarens, financista dueño de Inverness S.A; y Carlos Guillermo Enrique Wagner, expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A. Luego se agregó también a Ricardo Raúl Jaime, exsecretario de Transporte, por las irregularidades en la concesión de contratos ferroviarios.
Nelson Periotti, exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV y Sergio Pasacantando, exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., también fueron incluidos como miembros de la organización por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
En la investigación de la Causa Cuadernos se determinó la “existencia de un sistema de recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación que decidieron ceder su voluntad personal y conformar una general, para establecer acuerdos con importantes empresarios de compañías nacionales e internacionales, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”.
Se espera que la lectura del requerimiento que comienza este jueves abarque entre cuatro y cinco audiencias e indica que los líderes y organizadores de la presunta asociación ilícita “diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios”.
El Ministerio Público Fiscal consideró que existía un sistema ilegal de recaudación con una “vertiente directa” conformada por los propios funcionarios públicos como recaudadores del dinero de los empresarios y un segundo grupo conformado por otros funcionarios.
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