Hay un camino en el que avanza el juicio por la expropiación de YPF, donde sorprendentemente coinciden el Estado local y Burford Capital, principal beneficiario de la condena de primera instancia impuesta por la jueza Loretta Preska, que obliga al país a pagar USD 16.000 millones. Aunque existen matices, hay consenso en el objetivo final.
En este contexto, se encuentra la intervención de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), que solicitó la revocación del fallo, argumentando que es necesario investigar el caso desde la nacionalización de la empresa.
Las partes están convencidas de que la participación de RA4ARG no solo resulta “extraña”, según definió una fuente bien informada sobre el proceso, sino que puede complicar la situación. Argentina sostiene que no es pertinente revisar el caso bajo los términos solicitados, mientras que Burford, evidentemente, se opone a que se considere la anulación de una condena de la que ya es beneficiario.
“Nos preocupa que esto demore el proceso y no creemos que puedan aportar nada útil. A veces, en el afán de ayudar, se corre el riesgo de complicar todo. Por lo demás, estamos abiertos a investigar todo lo que sea necesario, pero no deseamos obstáculos ni demoras en la defensa que estamos llevando a cabo”, resaltaron fuentes oficiales.
En marzo, la jueza rechazó el derecho de la ONG a intervenir en la causa, y ante su apelación, las partes presentaron nuevamente argumentos en su contra anoche, ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito.
El Estado solicitó que la apelación de RA4ARG se tramitemos de manera separada de la apelación principal presentada por Argentina contra la sentencia condenatoria de septiembre de 2023. Además, expresó que “toma con seriedad todas las denuncias de corrupción”, y se mostró dispuesto a colaborar con la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el proceso de nacionalización de la empresa, afirmando que podría “evaluar iniciar acciones para anular la sentencia”.
Burford, por su parte, reiteró que la solicitud de intervención fue extemporánea y que RA4ARG no posee derechos legales sobre el caso.
Ahora, RA4ARG dispone de 21 días para responder a los escritos presentados por las partes. Paralelamente, la ONG también ha solicitado suspender la audiencia de apelación del caso, programada para finales de octubre, un pedido que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito deberá resolver en las próximas horas.
La causa “madre”, el fallo de primera instancia, está apelada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, tribunal que ha convocado a las partes para presentar argumentos orales a finales de octubre.
De manera simultánea y con el fin de negociar, Burford se presentó ante la jueza Preska con diversas demandas, entre ellas el traspaso de las acciones que posee el Estado argentino en la compañía (51%) y la demostración del “alter ego”, es decir, que el Gobierno y la empresa “son lo mismo”.
