La jueza Loretta Preska, quien en primera instancia condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la expropiación irregular de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner, ordenó la semana pasada que, en el marco de esta extensa causa, el Gobierno entregue chats, correos electrónicos y otros documentos relacionados con los últimos dos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa, que pueden estar vinculados a la demanda.
Esto forma parte del proceso de “discovery” en uno de los capítulos del caso: demostrar el concepto de “alter ego”, es decir, que la empresa y el Estado “son lo mismo”, sin separación, subrayando que la empresa no es independiente. El objetivo detrás de esto es Burford Capital, el principal beneficiario del fallo multimillonario —una causa “madre” que también está siendo apelada en otra instancia— que busca embargar activos para cobrar la deuda.
La semana pasada, el Gobierno argumentó que la orden viola las leyes de Argentina y Estados Unidos; en este contexto, hoy solicitó formalmente a la magistrada que reconsidere la orden de recolectar y entregar “comunicaciones y documentos almacenados en dispositivos, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería personales de ciertos funcionarios actuales y anteriores”.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), el organismo dirigido por Santiago Castro Videla y encargado de la defensa (junto a importantes estudios de abogados de EE. UU.), destacaron que se solicitó una audiencia para presentar una moción de reconsideración.
“En su carta, la República argumenta que el tribunal pasó por alto una cuestión previa fundamental: bajo el derecho estadounidense, solo se puede ordenar la producción de documentos que estén en ‘posesión, custodia o control’ del requerido, y la República Argentina no tiene tal control sobre los dispositivos y cuentas personales de sus funcionarios”, explicaron desde la PTN.
Además, sostuvieron que “según el derecho argentino, dichos elementos son propiedad inviolable de sus titulares, y ni siquiera el propio gobierno argentino tiene acceso a ellos. Por lo tanto, se solicita que se reconsidere la orden, ya que no se ha demostrado el requisito de control exigido por la norma aplicable”.
“Los demandantes no han demostrado que Argentina tenga el ‘derecho, la autoridad o la capacidad práctica’ para acceder a los dispositivos y cuentas personales de los actuales funcionarios del gobierno argentino, y mucho menos a los de exfuncionarios. Por el contrario, la legislación argentina establece claramente que ‘son propiedad exclusiva de sus dueños’, no del gobierno como empleador. La Constitución Argentina (artículos 17-19) y su Corte Suprema declaran dicha propiedad privada ‘inviolable’ en ausencia de una sentencia contra un propietario individual”, detalla el escrito.
Hubo también otra presentación. Una segunda carta en la que se solicitó a la jueza una audiencia preliminar para presentar una moción que busque aclarar o reconsiderar su orden, la cual impide al Estado oponerse a pedidos de discovery posteriores al dictado de sentencia con fundamento en la irrelevancia de ciertos activos para la ejecución.
“La República Argentina sostiene que el tribunal ha pasado por alto que, de acuerdo con el precedente de la Corte Suprema en el caso NML Capital, solo puede ordenarse el discovery de activos potencialmente ejecutables, y que permitir solicitudes irrestrictas es contrario a ese criterio. La República argumenta que debería poder resistir pedidos que no pueden conducir a la identificación de activos ejecutables y solicita una aclaración urgente para encauzar las negociaciones entre las partes y evitar un discovery abusivo”, se expone.
ONG
Ayer, al cierre de la jornada, se presentaron escritos en otro ámbito relacionado con esta causa: la intervención de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG), que solicitó la revocación del fallo, argumentando que se debe investigar el caso desde antes, desde la nacionalización de la empresa.
Tanto Argentina como Burford consideran que la participación de la ONG puede complicar y demorar todo el proceso. Argentina sostiene que no procede revisar el caso según los términos solicitados, y Burford, por su parte, no está interesado en que se analice la anulación de una condena de la que ya es beneficiario.
“Nos preocupa que esto retrase el proceso y no creemos que puedan contribuir de manera positiva. A veces, el deseo de ayudar puede complica el panorama. En lo demás, no tenemos objeciones a que se investigue todo lo que sea necesario en este caso; lo que no queremos son obstáculos ni demoras en la defensa que se está llevando adelante”, señalaron fuentes oficiales.
En marzo, la jueza ya había denegado a RA4ARG el derecho a intervenir en la causa, y dado que ésta apeló, las partes han vuelto a presentar argumentos en su contra.
