La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió hoy que Argentina podrá esperar la apelación sobre la entrega de acciones de la empresa sin necesidad de entregar esos títulos ni ofrecer otras garantías.
Se trataba de un fallo muy esperado en las últimas horas, y de las opciones disponibles, el tribunal optó por la que más beneficia al país. “Las acciones del gobierno en la petrolera podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación”, detalló Sebastián Maril de Latam Advisors en X.
Desde el Ministerio de Economía celebraron de inmediato la decisión, que también aceptó que el gobierno de EE. UU. actúe como “amicus curiae” del país.
“El tribunal de apelaciones en el caso YPF ha decidido aceptar la solicitud de Argentina, por lo que la orden del 30 de junio de 2025 queda suspendida mientras se resuelven las apelaciones y el Gobierno de Estados Unidos presente sus documentos como ‘amigo de la corte’”, tuiteó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.
Esta medida se enmarca en el extenso juicio por la expropiación de YPF, una decisión política tomada en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Por esta causa, la jueza Loretta Preska ya había condenado hace dos años al Estado a pagar una cifra multimillonaria que, con intereses, ya asciende a USD 18.000 millones.
Burford Capital, un bufete inglés especializado en la compra de este tipo de juicios e inversiones para llevarlos adelante con la promesa de cobrar a futuro, es el principal beneficiario de la condena.
El país había solicitado un stay, o freno, a la orden de Preska de entregar las acciones de la petrolera, que están en manos del Estado (51%), a Burford mientras se decide la apelación de fondo. Hoy la Cámara falló a su favor.
Se trata de una medida administrativa puntual, ya que se prevé que el 25 de septiembre se presenten escritos argumentales para la apelación formal de la orden de transferencia de acciones en la Corte de Apelaciones. La primera audiencia para abordar la apelación de fondo respecto al fallo completo de Preska que obliga a Argentina a pagar se realizará la semana del 27 de octubre, tras las elecciones. La Cámara decidirá, se estima, a comienzos del próximo año, si la condena de la jueza es correcta.
Entre los argumentos que presentó Argentina para no entregar las acciones se encuentra que no se respeta lo que se conoce como comity, o principio de cortesía internacional; que se viola la inmunidad soberana de Argentina (un argumento que también presentó EE. UU. en su intervención); y que las acciones de la empresa están depositadas en el país, no en Estados Unidos, y no tienen relación con la actividad comercial de la petrolera, que es el fundamento del reclamo de Burford.
“Los demandantes no lograron demostrar la existencia de un perjuicio en caso de que se suspenda la entrega de las acciones. La ley argentina prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que impide cualquier riesgo de ‘disipación’ de los activos”, argumentaron semanas atrás los abogados estadounidenses del país, un equipo que dirige la Procuración del Tesoro de la Nación, actualmente presidida por Santiago Castro Videla.
Otras aristas de la causa
Paralelamente, Burford ha presentado otros pedidos, buscando negociar con Argentina, algo que no ha logrado durante todos estos años.
Uno de esos pedidos es el “alter ego”, una medida complicada de probar en la que el demandante intenta demostrar que el Estado y YPF son lo mismo, que la empresa no es independiente y, por lo tanto, podría cobrar la deuda de sus acciones o tenencias. No solo se enfoca en YPF, ya que también busca establecer que esto aplica a otras empresas vinculadas con el Estado e incluso al Banco Central. En este contexto, solicita apoderarse de las reservas en oro que este gobierno envió al exterior, aunque no está claro a qué país, el año pasado.
Como se mencionó, es algo difícil de probar, pero genera incomodidad en el proceso. Mientras se discute el “alter ego” en el tribunal de Preska, Burford ha solicitado al Gobierno que entregue chats, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones de Luis Caputo y Sergio Massa, los dos últimos ministros de Economía. Preska indicó que Argentina debe entregar esos datos, y el país confirmó que los posee.
