El juicio por la expropiación de YPF, que lleva una década en el tribunal de la jueza Loretta Preska, alcanza esta semana una instancia crucial. La Corte de Apelaciones de Nueva York debe decidir si la Argentina debe entregar el 51% de las acciones de la petrolera como parte del cumplimiento de la condena.
En primera instancia, Preska condenó al Estado argentino a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Esta suma, sumando intereses acumulados, supera los USD 18.000 millones y se debería saldar con más de la mitad de las acciones de la empresa. El fallo fue apelado y la audiencia de revisión está programada para fines de octubre, después de las elecciones legislativas nacionales.
Sin embargo, este martes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito podría decidir si se ejecuta la entrega de acciones, si se concede una suspensión con garantías diferentes o si se acepta la solicitud argentina de detener la medida sin condiciones. Cualquiera de estas alternativas definirá el curso del litigio en los próximos meses.
Mientras tanto, el principal beneficiario del caso, Burford Capital, avanza con presentaciones para presionar al país y forzar una negociación. Entre las acciones más relevantes se encuentra el pedido de acceso a correos electrónicos, chats y documentos de exministros de Economía, así como la transferencia inmediata de las acciones estatales de YPF.
Cuáles son las posibilidades de Argentina en el juicio por YPF
La Corte de Apelaciones de Nueva York tiene tres opciones posibles. La primera es no conceder la suspensión y confirmar la orden de Preska de entregar las acciones. La segunda, otorgar una suspensión pero con garantías distintas a las acciones de YPF. La tercera, aceptar plenamente la postura argentina y frenar la medida hasta que se resuelva la apelación principal.
Si se confirmado alguna de las dos primeras opciones, el Gobierno podría llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, lo cual sería inusual para un tema administrativo. No obstante, según fuentes cercanas al caso, la administración libertaria estaría dispuesta a hacerlo. El riesgo, advierten, radica en que el tribunal supremo opte por no intervenir, lo que dejaría firme la decisión de la Cámara.
En caso de que el fallo sea adverso y Argentina no cumpla, el país entraría en desacato. Entre las posibles consecuencias que acarrearía esta decisión se encuentran el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), la intervención que impediría al país acceder a los mercados de capitales o el embargo de activos de YPF.
Burford Capital busca negociar con Argentina por el juicio de YPF
Desde que adquirió los derechos del litigio, Burford Capital ha estado desarrollando una estrategia para presionar a Argentina y lograr un acuerdo. En los últimos meses, ha contratado a Gerardo “Gerry” Mato, un exbanquero de Wall Street con vínculos en el Gobierno y en el mercado financiero neoyorquino, para que actúe como intermediario. Mato se reunió en octubre pasado con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aunque oficialmente fue considerado un encuentro de “cortesía”.
El Gobierno argentino prefiere no comentar sobre el asunto, pero fuentes cercanas a las negociaciones y exfuncionarios advierten que “negociar un acuerdo antes de agotar la última instancia judicial podría comprometer judicialmente a futuro al funcionario que firme dicho convenio”.
Mientras tanto, una encuesta de Poliarquía Consultores revela que el 65% de la población estaría a favor de que el Ejecutivo busque negociar un acuerdo con los acreedores y reduzca el monto a pagar. En contraste, aproximadamente uno de cada cuatro argentinos considera que el Gobierno debería desconocer el fallo. Las opciones de continuar el litigio a través de apelaciones o aceptar la sentencia actual cuentan con un apoyo minoritario, apenas un 5%.
En cuanto a la preferencia sobre cómo realizar el pago en caso de cumplimiento o acuerdo, el 37% se inclina por la emisión de bonos soberanos, seguido por un 16% que prefiere la entrega de acciones de YPF, y un 9% que opta por la entrega de instrumentos de inversión relacionados con Vaca Muerta u otras empresas estatales.
Respecto a la distribución de los fondos en caso de cobro, el 70% de lo que se abone corresponderá a Burford Capital, mientras que el 30% restante se destinará a la administración de la quiebra del Grupo Petersen, bajo la supervisión de un síndico. Este responsable deberá distribuir esos fondos entre los acreedores de Petersen, quienes no invirtieron capital propio para adquirir YPF y probablemente no recuperen grandes sumas, dado que sus deudas superan lo que les correspondería recibir.
Burford mantiene una firme intención de cobrar o negociar, mientras que Argentina continúa rechazando la invitación a dialogar con este litigation funder inglés, al que desde la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) equiparan con un fondo buitre. El organismo encargado de defender al Estado ha cambiado de dirección en lo que va de la gestión de Javier Milei y ahora está liderado por Santiago Castro Videla.
Aunque tanto Burford como la PTN guardan estricta confidencialidad sobre sus estrategias, fuentes financieras estiman que el fondo inglés podría aceptar un paquete de activos para monetizar rápidamente, siempre que haya un reconocimiento formal de la deuda. Por su parte, el Gobierno ha ordenado litigar hasta la última instancia y evitar filtraciones, después de que se detectaran irregularidades que llevaron a la salida de más de 60 funcionarios de la PTN en las últimas semanas.
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