La Corte de Apelaciones de Nueva York ha dispuesto que las dos sentencias emitidas la semana pasada por la jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, se tramiten a través de apelaciones paralelas en el caso YPF: una que obliga a Argentina a ceder el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los beneficiarios del fallo por la expropiación y a los bonistas de la deuda en default que no participaron en la reestructuración de 2016. Así lo informó este viernes Sebastián Maril, especialista en el caso y CEO de Latam Advisors.
Como resultado de esta resolución, el país enfrenta cuatro apelaciones simultáneas en la Corte de Apelaciones por el caso YPF. Además, el Gobierno argentino ha señalado que está dispuesto a llevar el reclamo ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
“La operación principal es la apelación que realizó el gobierno de Alberto Fernández en 2023 contra la decisión que exige el pago de USD 16.000 millones, mientras que la secundaria es la presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), que busca que se desestime el caso por corrupción en el proceso de nacionalización. Las otras dos apelaciones corresponden a las sentencias emitidas la semana pasada que obligan al país a transferir las acciones de la empresa”, detalló Maril.
En septiembre de 2023, el Gobierno argentino fue condenado a pagar más de USD 16.000 millones en el juicio principal iniciado por Burford Capital, que adquirió los derechos de los demandantes originales. La sentencia de Preska dictaminó que Argentina incumplió con la obligación de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a todos los accionistas minoritarios tras nacionalizar el 51% de la compañía.
En octubre de ese año, la administración de Alberto Fernández presentó la denominada operación primaria, con el objetivo de frenar la ejecución de este fallo millonario, que acumula más de USD 1.000 millones en intereses. Esta maniobra buscó postergar los pagos y ganar tiempo mientras se negociaba una salida menos costosa para el Estado argentino. Al mismo tiempo, surgió la operación secundaria, impulsada por la ONG estadounidense Republican Action for Argentina, que argumentó que el caso debería desestimarse por presuntas irregularidades y actos de corrupción relacionados con el proceso de expropiación de la petrolera.
A estos dos expedientes se sumaron, la semana pasada, dos nuevas sentencias de Preska. Una de ellas beneficia a los mismos acreedores del juicio original liderado por Burford Capital, fortaleciendo su posición legal y las posibilidades de ejecución de la condena monetaria. El otro fallo favoreció al fondo Bainbridge Fund, que es un demandante distinto, pero cuyo reclamo involucra las acciones de YPF. Bainbridge Fund se presentó en los tribunales estadounidenses como parte de un grupo de acreedores conocidos como holdouts y exige la cesión de activos específicos de la petrolera para saldar deudas impagas del Estado argentino.
La sentencia de Preska también complica los planes del Gobierno argentino en el ámbito internacional. La administración de Javier Milei pretende exhibir señales de previsibilidad y respeto por la ley para recuperar la confianza de los mercados. Las decisiones desfavorables en Nueva York afectan negativamente a esta estrategia y aumentan la presión sobre las reservas internacionales, que continúan siendo un punto crítico de la política económica.
Simultáneamente, la República Argentina presentó este jueves por la tarde dos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, donde menciona la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos si no se suspende, antes del 14 de julio, el fallo de primera instancia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012.
Esto se desprende de los escritos presentados por los abogados del país en la Corte de Apelaciones, a los que tuvo acceso Infobae en exclusiva. “El gobierno seguirá defendiendo la soberanía nacional en todas las instancias posibles”, afirmaron fuentes oficiales.
“Tener cuatro operaciones paralelas en la misma corte, por el mismo caso, es un papelón. Estamos usando los recursos de nuestros contribuyentes y de los norteamericanos. Todo esto requiere tiempo, horas, documentos, fotocopias, traducciones, abogados, de los mejores y más caros, lo que significa que esto está costando muchísimo dinero a ambos países”, sostuvo Maril.
Sin embargo, el camino hacia la Corte Suprema es largo e incierto, ya que el máximo tribunal tiende a seleccionar solo un número muy limitado de casos por año y podría desestimar la solicitud de revisión.
El requerimiento se realizó en la Corte de Apelaciones sin esperar la decisión de Preska sobre la solicitud de “stay”, que fue presentada días atrás por el equipo legal del Gobierno para suspender la ejecución del fallo mientras se avanza en la revisión del caso. El documento, registrado en los expedientes iniciados por Burford Capital y Eton Park, fue firmado por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa al país.
