La empresa estadounidense del sector eléctrico AES ha presentado una demanda contra Argentina en una corte de Washington, buscando el reconocimiento de un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI) por un monto de USD 732 millones y solicitó autorización para ejecutar la sentencia en EE. UU.
Así lo informó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors. Este es un pedido de ejecución relacionado con el fallo adverso dado a conocer en mayo pasado en dicho tribunal. La compañía, en realidad, reclamaba USD 1.814 millones, y con intereses, la cifra podría alcanzar USD 2.500 millones.
La razón del juicio, que Argentina perdió, radica en la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctrica de Alicurá, ubicada sobre el río Limay, en la frontera entre las provincias de Neuquén y Río Negro. Tras la salida de la convertibilidad a fines de 2001, Argentina modificó unilateralmente las condiciones contractuales que establecían ingresos en dólares, lo que ocasionó pérdidas para los concesionarios.
AES formalizó su reclamo ante el CIADI, que forma parte del Banco Mundial, el 19 de diciembre de 2002, poco menos de un año después de la pesificación. Lo hizo tras considerar agotadas las instancias judiciales en el país, de acuerdo con lo estipulado en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Argentina y EE. UU. en 1991, que designa al CIADI como instancia final para resolver este tipo de controversias.
Maril explicó cómo proseguirá el proceso en Washington: “En el momento en que la Corte otorgue el reconocimiento, Argentina apelará utilizando argumentos que desconocemos hoy. Es decir, seguirá la misma estrategia de siempre. Pueden pasar varios años hasta que se concrete la ejecución, ya que es necesario identificar activos para embargar, solicitar el embargamiento y obtener autorización para ello.”
“Todo esto está diseñado para que Argentina se siente a negociar. Y no descarto que el presidente Milei, al buscar privatizar esas empresas energéticas o las reservas de Alicurá, las ofrezca como parte de pago o como pago en sí”, opinó.
La condena actual se inscribe en un contexto más amplio: además de los USD 16.100 millones reclamados por Burford Capital por la estatización de YPF, se enfrenta en el CIADI a otros seis juicios internacionales, que junto al de AES totalizan aproximadamente USD 1.500 millones.
El caso BA Desarrollos LLC permanece en trámite, con un reclamo de USD 58.319.315, vinculado a la escrituración de terrenos destinados al proyecto Catalinas Norte II. El tribunal arbitral se constituyó en noviembre de 2023, y actualmente las partes se encuentran en la etapa de intercambio de escritos.
El expediente correspondiente a Abertis Infraestructuras también sigue pendiente de resolución. El reclamo asciende a USD 295.762.164,79, por la supuesta destrucción del régimen tarifario pactado en las concesiones viales de AUSOL y GCO, así como por la nulidad judicial de dichos acuerdos. El proceso continúa con presentaciones de las partes, sin laudo emitido hasta el momento.
En el caso de IJM Corporation Berhad, la empresa malaya reclama USD 51.131.719 por la presunta destrucción del régimen tarifario en el contrato de concesión de GCO, además de la nulidad judicial del acuerdo. El expediente sigue abierto, con memoriales en curso y sin laudo emitido.
El caso Webuild (ex Salini Impregilo) cuenta con un laudo arbitral dictado en abril de 2025. El tribunal concedió USD 147.031.036,74 en concepto de indemnización, más USD 5.599.991,25 por costas, lo que totaliza USD 152.631.027,99. El reclamo se originó por la afectación de la participación de la empresa en la concesionaria Puentes del Litoral S.A., como consecuencia de las medidas de emergencia adoptadas tras la crisis de 2001.
El expediente de Nationale Nederlanden Holdinvest B.V. también continúa en curso y no tiene laudo emitido. La compañía reclama USD 157.000.000, relacionado con la eliminación del régimen de capitalización de las AFJP mediante la Ley 26.425, y su traspaso al sistema previsional de reparto. Las audiencias ya se han celebrado y se espera la decisión del tribunal.
Por último, Casinos Austria GmbH y Casinos Austria Aktiengesellschaft recibieron un laudo en noviembre de 2021 por un total de USD 21.660.000, tras la revocación de la licencia de explotación de juegos de azar que la empresa ENJASA poseía en la provincia de Salta. El caso se encuentra en la etapa de análisis de un pedido de anulación del laudo.
Sobre estos casos, Maril expresó: “Ninguno está tan avanzado como para que haya una sentencia firme cerca. El CIADI es muy lento y no creo que haya un fallo tan inminente.”
