En la Fiscalía Federal de Paraná, la Dirección Regional Paraná de ARCA-DGI presentó una denuncia formal contra la empresa “Las 3 E S.R.L.” y sus directivos, la concejal de La Libertad Avanza, Romina Todoni, y su hermano Diego Enrique. La acusación se fundamenta en una presunta Evasión Agravada Tributaria, que implicaría la utilización de comprobantes falsos y “mellizos” para justificar compras y reducir de manera ilícita el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante varios períodos fiscales.
La denuncia penal se refiere a la sociedad que opera la chatarrería Todoni, ubicada en Avenida Circunvalación José Hernández 2561, que ha contaminado y dañado a los vecinos de la zona durante décadas. Este año, finalmente fue clausurada después de numerosos reclamos administrativos y judiciales. Sin embargo, los propietarios aún no han cumplido con la orden judicial que les exige trasladar los desechos acumulados en el sitio. La semana pasada, la Justicia permitió que el municipio y la provincia realizaran un relevamiento técnico de los residuos en la planta de tratamiento y transferencia. También se estableció el embargo de todos los residuos que se identifiquen. En junio, se inició un proceso por Desobediencia Judicial contra Todoni por no acatar las órdenes previas en el marco del expediente por contaminación.
Las inspecciones del organismo recaudador de la Nación se centran ahora en la gerente titular, Romina Elizabeth Todoni, y su hermano y socio, Diego. La investigación reveló que la empresa dejó de ingresar el IVA correspondiente durante los períodos fiscales de 2018 (11 y 12), 2019, 2021 y 2022.
Es importante destacar que Romina es hermana de la diputada provincial Débora Todoni, del mismo partido, quien está casada con Andrés Laumann, excandidato a intendente y actual primer candidato a diputado nacional por el oficialismo.
Las sospechas apuntan a la utilización de comprobantes falsos para justificar compras dentro del circuito marginal, además del cómputo de créditos fiscales asociados a operaciones con “comprobantes mellizos o duplicados”. Se observó que los créditos fiscales que la empresa declaraba en sus declaraciones juradas de IVA excedían a los informados por sus proveedores. Muchos de estos supuestos proveedores no contaban con habilitaciones para sus puntos de venta o no registraban las operaciones con Las 3 E S.R.L. en sus libros.
Se evidenció también el uso recurrente de créditos fiscales emitidos por “usinas”, es decir, contribuyentes vinculados a bases fraudulentas sin capacidad operativa, económica o financiera. Diversas empresas y personas emitían volúmenes de facturación que no correspondían con sus actividades reales, lo que las convierte en entidades fantasma.
Las acciones en cuestión se configuran como “declaraciones engañosas” y “ocultaciones maliciosas” que distorsionan elementos de la materia imponible.
En cuanto al monto de la evasión, ARCA informa que el perjuicio fiscal total identificado en la denuncia asciende a $21.830.853,66. Sin embargo, la acción penal se centra en los montos impagos de IVA correspondientes a los períodos 11 y 12 de 2018 y todo el año 2019, que suman $12.366.072,67.
Inicialmente, la empresa había accedido a un plan de facilidades de pago (Ley 27562) para regularizar sus deudas. Sin embargo, la caducidad de dicho plan en octubre de 2024, por falta de pago, reactivó la acción penal por los períodos aún impagos. Se ha señalado que los ajustes de IVA para 2021 ($2.769.339,25) y 2022 ($6.695.441,74) se cancelaron mediante compensaciones, mientras que el ajuste de 2020 ($720.149,69) no supera el umbral económico para ser considerado un delito tributario penal.
La acusación se basa en el artículo 2, inciso d) de la Ley 27.430 sobre Evasión Agravada Tributaria, vigente en el momento de los hechos. Se argumenta que la empresa era consciente de las operaciones irregulares, y que su única motivación para llevar a cabo estas maniobras fue evadir el pago total de sus obligaciones fiscales. Se sostiene que el engaño se manifiesta en la omisión de declarar ventas y en el uso de facturas falsas para reducir la base imponible del IVA.
La normativa establece que el cómputo de crédito fiscal es improcedente cuando el vendedor es ficticio o cuando la documentación no refleja la verdad económica. Asimismo, la responsabilidad penal también puede recaer en las personas jurídicas en estos delitos, y los directivos involucrados podrían enfrentar penas de prisión.
La ARCA-DGI ha solicitado al fiscal federal de Paraná, Leandro Ardoy, que inicie un sumario judicial y que cite a declarar a los responsables.
