La aprobación del Presupuesto 2026 —aun con las complejidades que marcaron su origen como ley el viernes pasado— trae una sorpresa para toda la clase política, especialmente para el kirchnerismo o el peronismo extremo que alguna vez se autodenominó así. Desde el 1° de enero del próximo ejercicio, el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tendrá fuerza de ley y nadie podrá cuestionar su legalidad ni, por ende, su vigencia. En el paquete de compromisos financieros y de cumplimiento de pasivos monetarios aprobado el viernes en el Senado se incluyeron todos los articulados, compromisos, metas y objetivos acordados en abril pasado con el organismo que maneja Kristalina Giorgieva, lo que les confiere efecto legal.
Esto significa que la deuda tomada por Javier Milei con el Fondo —unos U$S 20 mil millones (que, a su vez, se suman a los 44 mil millones tomados durante el gobierno de Mauricio Macri)— es absolutamente legal y no puede ser cuestionada por no haber pasado por el Congreso Nacional luego de la firma del acuerdo de Facilidades Extendidas. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que le dio vida legal al acuerdo vence el 31 de diciembre, y requería un acto legislativo concreto que lo respaldara para que continuara vigente. Esto ocurrió ayer, viernes, por lo que ahora ya no quedan cuestionamientos legales para la vigencia del Facilidades Extendidas.
Esta exigencia no era sólo interna. El propio organismo permitió al presidente Milei que el acuerdo avanzara este año, con la condición de que los lineamientos y obligaciones se legalicen para el próximo ejercicio vía Presupuesto Nacional.
Desde Washington, los técnicos abocados al caso argentino demandaban cobertura legal interna, conscientes de que, según las leyes locales, un nuevo endeudamiento (como el acuerdo con el Fondo) debe ser autorizado por el Congreso. Pero como en los articulados del Presupuesto referidos a los pasivos monetarios con organismos internacionales se incluyeron los pagos anuales al FMI y también los ítems del nuevo endeudamiento por unos US$ 20 mil millones, la aprobación de la ley avalaría definitivamente el acuerdo vigente.
Y, como se dijo más arriba, desde el kirchnerismo más duro ya no habría argumentos para cuestionar su legalidad.
Javier Milei evitó un mal momento —quizá trágico para su gestión— en el recinto en mayo pasado, cuando no tenía asegurados los votos necesarios para aprobar el nuevo endeudamiento, especialmente ante la amenazante primera minoría kirchnerista en el Senado, donde los legisladores más cercanos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner esperaban con el cuchillo entre los dientes para despedazar el acuerdo con el FMI.
Sin embargo, con astucia, Javier Milei avanzó vía decreto, conservando la posibilidad de sortear el rechazo del Congreso mediante vetos, pero se comprometió ante el organismo a que todas las cláusulas del acuerdo quedarían aprobadas por ley en el futuro. Esto fue aprobado políticamente por Kristalina Georgieva y su gente, con la salvedad de que se exigía custodia para que la promesa se cumpliera.
El compromiso de Javier Milei y del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo fue que finalmente sería con el Presupuesto 2026 donde el contenido del Facilidades Extendidas se hiciera realidad, un proceso para el cual fue necesario aguardar el recambio de ambas Cámaras luego de la elección del 26 de octubre pasado. El Presidente siempre confió en que su suerte de votos legislativos mejoraría con el acto electoral, lo que finalmente sucedió. Y, con el resultado electoral sobre la mesa, Milei estuvo en condiciones de aprobar el Presupuesto y darle la legalidad final al acuerdo firmado con el FMI el 11 de abril.
Washington siempre hizo un guiño ante la cierta precariedad legal del acuerdo cerrado en la segunda quincena de abril, donde se bendijo el DNU desde la sede del organismo, pese a que, como se sabía, se violaba una ley impulsada por Martín Guzmán cuando fue ministro de Alberto Fernández, que prohíbe nuevos endeudamientos salvo que los apruebe el Congreso Nacional.
El DNU en cuestión esgrimía la emergencia en la que se encontraba el país como justificativo. Tanto el FMI como muchos integrantes del Palacio de Hacienda sabían que, tarde o temprano, deberían dar lugar a ese pedido y que los diputados y senadores tendrían que intervenir para otorgarle la legalidad final y necesaria al Facilidades Extendidas.
El contenido pactado entre el Gobierno Nacional y el FMI que debía incorporarse quedó incluido en el texto del Presupuesto ya aprobado: en un informe de septiembre de 2025, el FMI proyectó para 2026 una inflación entre 10% y 15%, un superávit primario del 2,2% y un crecimiento del PIB del 3%. Todos los ítems sectoriales dentro de la administración pública justifican las restricciones presupuestarias implementadas desde el Poder Ejecutivo. En otras palabras, con la aprobación del Presupuesto ya no hay espacio para nuevas leyes intempestivas que impulsen incrementos en educación, salud o gasto social, entre otros.
Esas metas y objetivos incluyen un superávit primario del 1,5% del PBI y un resultado financiero (tras el pago de intereses) del 0,3%. También se incorpora explícitamente una regla de estabilidad fiscal que establece que, si los ingresos bajan o los gastos suben, algunas partidas se ajustarán automáticamente.
Se habla también del fin del financiamiento del Tesoro vía Banco Central. Traducido al idioma político criollo: no habrá, ni ahora ni en el futuro, un “plan platita”.
El proyecto contempla además ajustes automáticos si los gastos se desvían del plan, para asegurar la sostenibilidad del equilibrio fiscal. Sin embargo, persisten serias inconsistencias en los objetivos: alcanzar un crecimiento del 5%, una inflación de un dígito y un superávit simultáneo luce improbable, sobre todo si el contexto externo se deteriora o no se concretan las reformas estructurales.
Con la aprobación del Presupuesto 2026 y la inclusión en él del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente, comenzará la contabilización regresiva del próximo capítulo con el FMI. Tal como ya se comentó en este espacio, en la segunda semana de enero (cuando termine el período de descanso por las Fiestas de los miembros del organismo internacional) las partes comenzarán a diseñar la próxima visita de los técnicos, que derivará en una misión a Buenos Aires y posteriormente en la aprobación de la secuencia 2025 del acuerdo, aun con el waiver por no haber podido avanzar en la colocación de reservas para el Banco Central.
Por lo que ya se sabe, el directorio del organismo (donde mandan los votos de Estados Unidos y sus aliados) está comenzando a analizar la situación de la Argentina; y, se supone, que luego del obligado parate de fin de año de todo organismo financiero internacional, desde la segunda semana de enero hasta la primera de febrero el caso argentino estará cerrado. Y aprobado. Al menos el 2026. La decisión del gobierno de Javier Milei con el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo de brazo ejecutor, de comprometerse sublimemente (y por escrito) a comprar no menos de 10 mil millones de dólares durante el primer semestre del 2026 (temporada sojera); fue el acto de amor que el Gran Hermano exigió como condición indispensable (y disciplinadora) para que el concursante estrella siga todo el 2026 dentro del Facilidades Extendidas. Pero el Fondo ahora va más allá, y buscará que, como política derivada de este esquema de recuperación de reservas, se produzca otro efecto que el organismo venía reclamando desde el mismísimo abril donde se firmó el acuerdo con la Argentina.
