La decisión se tomó luego del fracaso de la licitación convocada para la contratación de un servicio de control electrónico de infracciones de tránsito. Dos informes producidos por la Policía y la Dirección de Informática llevaron a que el Gobierno desistiera de ese camino, al considerarse que el costo que pretendían cobrar los privados era demasiado alto, según se conoció a mediados de febrero último. La licitación había sido convocada por la Provincia en base a lo dispuesto por los decretos N° 1.962 y 7.989/06. La privatización del servicio apuntaba a dos ejes: a) servicios especializados de ingeniería de tránsito, integrados por el suministro, instalación, operación y mantenimiento del equipamiento necesario para el control de velocidad y adelantamiento indebido de vehículos en las rutas nacionales y provinciales en Entre Ríos indicados por la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos; y b) provisión, puesta en marcha y funcionamiento permanente de un sistema computarizado complementario de administración de infracciones, notificación e intimación de estas y gestión de cobranzas de las multas impuestas ante la verificación de las mismas, válido tanto para las multas a las infracciones detectadas con intervención de la prestataria, como para cualquier otra que haya sido impuesta por la Policía por su propia gestión.
