
La segunda cuota del impuesto Inmobiliario Rural en la provincia de Buenos Aires ha llegado con una sorpresa: un aumento del 9,3% en comparación con el monto abonado en el mismo período del año anterior. Esta situación ha generado preocupación entre los productores agropecuarios, quienes alertan sobre la ausencia de una ley fiscal en vigor para 2025 y cuestionan la legalidad del incremento aplicado por el gobierno de Axel Kicillof.
Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), aclaró que la situación actual en términos impositivos se debe a una prórroga de la legislación fiscal y del presupuesto correspondiente a 2024. “La provincia de Buenos Aires carece de una ley fiscal para 2025. Lo que ha hecho Kicillof es extender la ley fiscal y el presupuesto de 2024”, afirmó en diálogo con LA NACION.
Ginestet explicó que en esta prórroga se incluyeron facultades delegadas al gobernador, permitiéndole actualizar el valor de las cuotas del impuesto inmobiliario rural en función de la inflación y de la tasa pasiva del Banco Provincia. “Durante 2024 no se hizo uso de esa facultad, pero ahora se ha aplicado la subida en la segunda cuota”, indicó.
Según su relato, la primera cuota, correspondiente a marzo-abril de este año, se mantuvo en los mismos valores nominales que en 2024. En cambio, la segunda cuota experimentó un aumento del 9,3%, “resultado del uso de las facultades delegadas al gobernador”, expresó. Agregó: “Esto es lo que está en discusión, ya que no queda claro si es completamente legal. Las facultades eran para 2024, no para 2025”.
En el ámbito productivo, los sectores afectados afirman que el Ejecutivo ha excedido sus atribuciones. “El gobernador prorrogó también las facultades en el decreto, algo que consideramos extraño y potencialmente ilegal”, destacó el dirigente rural. Asimismo, advirtió que la incertidumbre aumenta ante la posibilidad de cobrar una quinta cuota, que ya había generado controversia el año pasado. “La preocupación de los productores radica en no saber qué valores tendrán la tercera y cuarta cuotas, y si finalmente se cobrará la quinta. Sin un presupuesto aprobado, no está claro cómo se resolverá esta situación”, puntualizó.
Ginestet también alertó sobre el impacto que está teniendo la falta de actualización de los mínimos no imponibles en otros tributos, como Ingresos Brutos. Carbap exige una solución política urgente: “Estamos presentando los reclamos correspondientes al Ejecutivo provincial. Lo que solicitamos es una ley de presupuesto y una ley impositiva, para que queden definidos claramente los montos de las cuotas del inmobiliario rural”.
El dirigente ejemplificó cómo, debido a la falta de actualización de mínimos, muchos productores que antes estaban exentos por facturación ahora deben tributar. “Productores con hasta 300 vacas, que antes vendían terneros sin pagar nada, ahora abonan Ingresos Brutos por el total de sus cuentas”, detalló.
Carbap ratificó su demanda de una pronta solución política. “Estamos llevando a cabo los reclamos necesarios al Ejecutivo provincial. Necesitamos una ley de presupuesto y una ley impositiva que aclare los montos del Inmobiliario y actualice los valores de Ingresos Brutos que están perjudicando a numerosos productores”, manifestó.
Según Ginestet, desde el gobierno bonaerense se intentó justificar el aumento argumentando que, incluso con el ajuste, se paga menos que en 2024 gracias a descuentos para buenos contribuyentes y a la opción de pago al contado disponible este año. “Aseguran que, si el año pasado pagaste 10, con el aumento del 9,3%, ahora estarías pagando menos en términos reales debido a la inflación”, comentó.
No obstante, la insatisfacción sigue en aumento. “Muchos legisladores que estaban siguiendo este asunto estaban expectantes. Decían que mientras Kicillof no usara esas facultades, todo era razonable. Pero ahora, con los aumentos, algunos diputados del PRO y de la UCR están considerando presentar proyectos de ley para anular esas facultades y que se vuelva a discutir todo en la Legislatura”, reveló.
Ginestet también criticó la falta de definiciones políticas: “Existen muchos intereses y negociaciones entre legisladores y intendentes por otros temas, lo que hace difícil discernir la sinceridad de las posturas. Algunos intendentes están recibiendo más fondos, por lo que se muestran indiferentes”.
En este contexto, representantes de Carbap participan hoy en una reunión en la Legislatura bonaerense para abordar el impacto de las tasas municipales y reiterar su solicitud de una ley impositiva y presupuestaria clara. “No podemos continuar así. Ya hemos tenido charlas con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y avanzaremos en este sentido. Nuestra inquietud es especialmente sobre la quinta cuota, que se prevé para noviembre, lo que implica un 25% adicional a abonar de una sola vez”, alertó Ginestet. “Un 9,3% no constituye un aumento tan elevado, pero sumando todos estos incrementos y la posibilidad de una quinta cuota extra, empieza a tener un gran impacto”, concluyó.
La opinión de ARBA
Fuentes cercanas a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), dirigida por Cristian Girard, aseguraron que la situación es la misma que en 2024, donde se podía optar por un pago anual, tal como establece la legislación. “Contamos con una ley impositiva prorrogada de 2024 ya que este año no hubo una nueva. Al tener facultades, podemos actualizar las diferentes cuotas de los impuestos patrimoniales. La segunda cuota, efectivamente, vendrá con ese incremento, pero se encuentra dentro de lo previsto en la normativa”, aclararon.
Además, añadieron que “quizás existe una confusión respecto a lo que plantea el sector agropecuario. Lo que les comunicamos es que el impuesto anual permanece igual si se abona por adelantado a principios del año, como en 2024. En cambio, el que paga en cuotas, como sucedió el año pasado, estará sujeto a un índice relacionado con la inflación”.
También explicaron que “el pago anticipado (anual), que por primera vez tenía un descuento del 15%, solicitado por las entidades, ha triplicado la media histórica de los últimos 10 años en cuanto a la cantidad de adhesiones”.