En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes del sector agropecuario, de las provincias y de entidades técnicas expresaron un contundente respaldo al proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental Para La Aplicación De Productos Fitosanitarios, que pretende establecer por primera vez un marco regulatorio nacional para el uso de estos productos. La iniciativa, impulsada por la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), busca ordenar la actividad con criterios científicos, brindar previsibilidad a los productores y garantizar la protección del ambiente y la salud de las comunidades, según sus impulsores.
La presentación, conducida por Atilio Bendetti, presidente de la Comisión de Agricultura, de Diputados y Recursos Naturales (RRNN), contó con la participación de referentes de la RedBPA. Expusieron Ramiro Costa y Nieves Pascuzzi, coordinadores de la RedBPA; Ramiro Cid y Eugenia Magnasco, representante por CREA. También participaron Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales del Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba, y Lucas Magnano, presidente de Coninagro, entre otros.
Costa remarcó el rol y el alcance de la Red, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas que representan a productores, a la industria, al ámbito académico y a organismos técnicos. Señaló que el proyecto es fruto de un amplio consenso interinstitucional, resultado de más de 40 reuniones de trabajo que involucraron a todos los eslabones de la cadena agroindustrial junto con organismos nacionales y provinciales. Subrayó la relevancia de la iniciativa como herramienta para compatibilizar la producción agropecuaria con la protección del ambiente y la salud, ofreciendo previsibilidad, transparencia y confianza a toda la cadena.
Pascuzzi, por su parte, agregó que desde la Red comenzaron a trabajar con pruebas de deriva para el texto del anteproyecto de ley elaborado en 2020. Explicó que el proceso duró dos años y que durante ese lapso se recopiló evidencia técnica mediante jornadas de aplicación destinadas a establecer distancias.
Los diputados también expusieron sus puntos de vista durante la presentación. Gentileza: Diputados
Magnasco subrayó que el proyecto incorpora avances tecnológicos en la aplicación de fitosanitarios, una actividad que ha cambiado drásticamente en las últimas décadas. Señaló que “Entre Ríos es la única provincia que ya incluye el uso de drones como tecnología de aplicación, y que la nueva normativa contempla este tipo de innovaciones junto con sistemas de aplicación dirigida o selectiva”, que reducen el uso de productos y mejoran la eficiencia. Añadió que la iniciativa se fundamenta en la ciencia, en evaluaciones de riesgo alineadas con estándares internacionales —como los de Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Mercosur— y en más de 38 pruebas locales de deriva. Consideró que una ley de presupuestos mínimos aportará previsibilidad, transparencia y confianza tanto al sector productivo como a la sociedad.
En tanto, Cid explicó que la propuesta define distintas zonas para las aplicaciones agrícolas: la zona sensible, donde no se puede aplicar ningún producto por su cercanía a pueblos, escuelas, parques o cursos de agua; la “zona de exclusión, que establece límites de 10 metros para aplicaciones terrestres o con drones y 45 metros para las aéreas”; y la zona de amortiguamiento, que permite aplicar bajo condiciones controladas y con medidas preventivas. Señaló que los valores propuestos se ajustan a parámetros utilizados en países como Canadá, Estados Unidos y Europa, y que buscan compatibilizar la producción con la protección ambiental.
Nieves Pascuzzi, coordinadora de la Red
Cid indicó que el proyecto fija condiciones ambientales estrictas para las aplicaciones, como realizar los tratamientos con humedad relativa superior al 50%, temperatura menor a 25 °C y viento entre 3 y 15 km/h, siempre en dirección opuesta a las zonas sensibles. Destacó la importancia de “aplicar con baja presión y gotas grandes, mantener el botalón bajo para evitar la deriva, y utilizar tecnología antideriva, como aceites, pastillas o túneles de viento”. En las zonas de amortiguamiento, señaló, será “obligatorio dar aviso previo de ocho horas, señalizar las aplicaciones y usar una manga de viento visible, medidas que —afirmó— aportan seguridad y transparencia tanto para los productores como para la comunidad”.
Magnano celebró que el Congreso esté discutiendo una ley que brinde un marco claro y previsible para la producción agropecuaria. Destacó que “es sumamente importante tener previsibilidad”, una demanda recurrente, dado que la expansión urbana muchas veces deja a los productores sin posibilidad de continuar su actividad. Consideró que “una norma de presupuestos mínimos permitiría ordenar todo esto y traer mayor tranquilidad, no solo al habitante del territorio, sino también a los productores”, garantizando que puedan seguir trabajando en un entorno regulado y seguro.
Resaltó además que el crecimiento del agro se debe al avance tecnológico y al uso de fitosanitarios cada vez más amigables con el ambiente. “Necesitamos que desde el Congreso tengamos una ley que ordene todo esto, que brinde previsibilidad y acompañe el camino de incremento productivo que la Argentina necesita”, sintetizó.
Ramiro Cid, especialista en Buenas Prácticas de Aplicación de Fitosanitarios
Tras el debate, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresó su firme apoyo al proyecto y sostuvo que se trata de un paso fundamental para dotar al sector agroindustrial y a la sociedad argentina de un marco regulatorio moderno y previsible.
Gustavo Idígoras, presidente del CAA, celebró el tratamiento del proyecto en las comisiones de Agricultura y de Ambiente de la Cámara de Diputados, al señalar que “un ordenamiento basado en la ciencia es vital para promover el desarrollo productivo sustentable y federal en toda la Argentina”
El CAA destacó que promover un marco de buenas prácticas es uno de sus objetivos, buscando favorecer la productividad, el valor agregado, la protección del medio ambiente y los altos estándares sanitarios en la producción y comercialización, así como brindar seguridad sanitaria a los trabajadores de las actividades agropecuarias y a las comunidades donde se desarrolla la producción.
