En las últimas horas, se ha desencadenado un evento que ha captado la atención en los círculos judiciales y políticos de Entre Ríos. La publicación de un artículo reveló las repetidas ausencias de la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), Susana Medina. A esto se sumó el rechazo del propio Tribunal a una solicitud de acceso a información pública sobre la cuestión, lo que generó una respuesta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que preside la misma Medina. La asociación emitió un comunicado en redes sociales destacando su figura de manera elogiosa. El comunicado subrayó que, en el marco de un convenio firmado por la presidenta Susana Medina, el 18 de agosto se llevó a cabo un viaje a Costa Rica por parte de una delegación de magistradas y funcionarias de AMJA. Esta delegación estaba conformada por las socias: Vanesa Boonman, Coussirat María Luz, Viviana Dobarro, Ercilia Eve Flores, Verónica Guagnino, Nieves Macchiavelli, María Araceli Martínez, Laura Elizabeth Mato, Silvina Miquel, Graciela Neirot, Silvia Pérez, Graciela Tagle y María Graciela Vigilanti. Su objetivo fue participar en una serie de actividades centradas en el tema “Derechos humanos, género y mujeres”, tal como se indicó en la página web de AMJA. En el mismo comunicado se recordó que esta visita es continuidad de otra realizada el 1° de julio de 2024, cuando Medina y otros miembros de la Comisión Directiva firmaron un acuerdo de cooperación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este convenio abrió oportunidades para la capacitación en el sistema interamericano y permitió a AMJA conocer el innovador portal del Digesto Themis, una herramienta clave para analizar la jurisprudencia de la Corte relacionada con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Esta mañana, Análisis Digital informó que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) —del que Medina forma parte— rechazó de manera unánime un pedido de acceso a información pública presentado por la revista. En dicho pedido se solicitaba acceder a los registros de licencias y ausencias de Medina entre 2015 y 2022. El Tribunal argumentó que esa información “no es de interés público” y que se refiere a asuntos de “funcionamiento interno” del Poder Judicial. La decisión se comunicó tras la revelación de que Medina había acumulado 191 días hábiles de ausencias desde 2022 hasta mediados de 2025, además de 32 faltas más en lo que va del presente año. El informe también precisaba que la vocal había viajado durante ese tiempo a varios destinos internacionales —incluyendo Brasil, México, Estados Unidos, Túnez, Francia, Austria, el Vaticano, Ramallah (Cisjordania), España, Paraguay y Perú— con licencias aprobadas y percibiendo sus haberes.
Paralelamente a estas críticas y a la resolución del STJ, AMJA, liderada por Medina, divulgó un comunicado en su cuenta de Instagram y en su sitio oficial, en el que se resaltó la participación de sus integrantes en la reciente visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante esa visita, la delegación de AMJA tuvo la oportunidad de asistir a una audiencia pública que resultó de gran relevancia para su capacitación. El comunicado destacó que las magistradas estuvieron presentes en la audiencia del caso Zuccolillo Moscardón y otros vs. Paraguay, un litigio que aborda cuestiones críticas sobre la libertad de expresión. AMJA calificó esta experiencia como “una jornada de aprendizaje en directo”, ya que permitió observar el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos y reflexionar sobre temas como “la aplicación de leyes penales para silenciar a la prensa, la independencia judicial y el acceso a la información pública”. Finalmente, se hizo hincapié en la importancia de esta experiencia para el trabajo diario de las juezas. El comunicado concluyó señalando que el evento fue una oportunidad para conectar la teoría con la práctica, observando cómo se articulan los argumentos de las partes, los testimonios de los peritos y las preguntas de los jueces en un proceso real. Además, afirmaron que la presencia de las magistradas en la audiencia pública reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y les proporcionó valiosas herramientas para la protección de la libertad de expresión, un pilar esencial en cualquier sociedad democrática.
