La magnitud de los recursos estimados en el yacimiento Altar, que incluye 32.000 millones de libras de cobre y 6,7 millones de onzas de oro, posiciona este proyecto como uno de los más ambiciosos en la minería argentina. Según adelantó Javier Robeto, vicepresidente y country manager de Aldebarán Resources, a Reuters, la compañía canadiense presentará en septiembre el Estudio Económico Preliminar (PEA) de la mina, que contempla una inversión inicial que supera los USD 1.500 millones.
El desarrollo de Altar, ubicado en la provincia de San Juan, ha requerido, hasta el momento, más de USD 200 millones en exploración, con un total de 199.000 metros perforados. El proyecto, actualmente en etapa de exploración avanzada, prevé una vida útil de entre 20 y 25 años, aunque algunos escenarios consideran la opción de extender ese período.
Robeto explicó que en los últimos tres años se identificó una zona denominada Altar United, caracterizada por una mayor ley de cobre, lo que abre la posibilidad de una explotación híbrida: parte del yacimiento podría extraerse a cielo abierto, mientras que otra parte se realizaría mediante minería subterránea.
La publicación de la PEA representa un punto de inflexión para Aldebarán Resources. Robeto subrayó que “la PEA es un hito muy importante para el proyecto porque será la primera vez que se consideren los parámetros económicos y, por primera vez, el mercado, la industria y nosotros podremos ver de qué se trata y cuál es la magnitud del proyecto Altar”.
El documento presentará dos alternativas: una orientada a la producción de concentrado de cobre y otra a la obtención de cátodos de cobre, siguiendo el modelo de la mina Los Azules de McEwen Copper, también en San Juan. El directivo precisó que “será una PEA dual, que presentará dos escenarios, y la idea es que se pueda realizar un análisis, en inglés llamado ‘trade-off’, para evaluar los pros y los contras”.
El cronograma de Aldebarán Resources contempla avanzar hacia la prefactibilidad económica a fines de 2026. La compañía posee el 80% del proyecto, mientras que el 20% restante corresponde a la minera sudafricana Sibanye-Stillwater.
Entre los desafíos que enfrenta el proyecto, Robeto destacó la urgencia de inscribirse en el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) del Gobierno argentino, el cual otorga beneficios fiscales y seguridad jurídica. El plazo para acogerse a este régimen finaliza en julio de 2026, con la posibilidad de una prórroga de un año. Robeto advirtió que “quizás Altar logre entrar por la puertita y presentarse al RIGI, pero no es seguro que lleguemos. Es un desafío porque si se corta el RIGI, ¿qué sucede después? Automáticamente, la carga impositiva vuelve al 54% y todos quedan fuera de juego”.
Otra cuestión pendiente es la definición del alcance de la ley de glaciares. Robeto calificó la normativa como “muy imprecisa” y enfatizó la necesidad de contar con mayor claridad sobre las áreas protegidas y las zonas habilitadas para el desarrollo minero.
El Gobierno de Javier Milei recibió la solicitud de 20 proyectos para ingresar al RIGI por más de USD 33.600 millones. Hasta el momento, se han aprobado seis iniciativas por más de USD 13.000 millones. Estas se encuentran especialmente concentradas en sectores como minería, petróleo y gas, energías renovables e industria. Además, se espera que los desarrollos tengan impactos en al menos 10 provincias de Argentina.
En el lanzamiento del régimen, las iniciativas vinculadas a Vaca Muerta tuvieron un papel protagónico; sin embargo, en la actualidad, la balanza se ha inclinado hacia la actividad minera. Un ejemplo es la reciente solicitud de Glencore para sus proyectos de cobre El Pachón y Agua Rica, que suman USD 13.300 millones, tras la reciente eliminación de las retenciones a ese mineral.
