El magistrado dispuso el allanamiento de cuatro bancos -en rigor se trató de una orden de presentación- en busca de información sobre cheques que la empresa emitió por servicios aparentemente inexistentes para ocultar los sobornos. Una medida parecida la dispuso hace un par de semanas el otro juez del caso Skanska, Javier López Biscayart, pero lo hizo en el marco de la investigación por evasión. Con este procedimiento, Montenegro pretende identificar a quien o a quienes cobraron los 13,4 millones de pesos que salieron de la caja de Skanska y también quién depositó ese dinero. Por esa razón los funcionarios del juzgado buscaron «archivos de cheques originales o copias» vinculados a Skanska y los pagos por la ampliación de los gasoductos Norte y Sur. Las pesquisas se concentraron en las cuentas de 23 empresas distintas que habrían recibido cheques de Skanska. A cambio, la constructora recibió 118 facturas simulando servicios que nunca prestó. Skanska ya reconoció haber evadido impuestos mediante estas facturas truchas: pagó unos 13 millones de pesos de deuda. Primer paso Semanas atrás, Montenegro dio el primer paso en busca de la ruta del dinero al requerirle al Banco Central un informe con el detalle de los movimientos bancarios que los siete ex directivos de Skanska y también funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner realizaron en los últimos tres años. Todos están siendo investigados por el pago y presunto cobro de sobornos en la ampliación de un gasoducto. Ayer Montenegro le pidió oficialmente a su par del fuero penal tributario Javier López Bizcayart que le remita aquellos aspectos de su causa judicial que puedan relacionarse con el pago de sobornos. Sucede que López Biscayart, antes de que la Cámara le dijera que sólo debía investigar la evasión, había pedido informes a los bancos y ordenó el allanamiento de las 23 empresas que facturaron a la constructora. Los bancos que fueron puestos bajo la lupa judicial fueron la Banca Nazionale del Lavoro de Neuquén y el Río, el de Santa Cruz, el Provincia de Buenos Aires, el Ciudad, el Supervielle, el HSBC y el Comafi. Una de las empresas que vendió facturas truchas a Skanska fue Infiniti Group, que funcionaba como usina de facturas apócrifas. Infiniti fue el primer objeto de la investigación tributaria que López Biscayart inició en diciembre de 2005 por una denuncia de la AFIP. En los primeros meses de ese año, López Biscayart encontró en algunas escuchas telefónicas los primeros indicios de un posible pago de coimas. En marzo indagó durante cuatro días a Adrián López, presidente de Infiniti, quien afirmó que gente vinculada con Skanska le deslizó que el destino final del dinero era para, supuestamente, pagar coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación.
