El vencimiento de un decreto del gobierno anterior, que habilitaba la compatibilidad entre planes sociales y trabajos temporarios, volvió a encender la alarma en las economías regionales vinculadas al agro. La medida, impulsada en su momento por productores y entidades gremiales, había resuelto un conflicto histórico: los trabajadores podían conservar los planes sociales mientras realizaban tareas formales durante las cosechas. Desde septiembre, sin embargo, esa compatibilidad dejó de estar vigente y la situación volvió al punto de partida: miles de obreros rurales podrían negarse a ser registrados por temor a perder los subsidios, mientras que los productores quedarían expuestos a sanciones por empleo informal. Las entidades gremiales, además, insisten en que el dueño de la producción debe mejorar los salarios. Ante una consulta de LA NACION, en la Secretaría de Trabajo dijeron que ya se solicitó la prórroga.
Cristian Klingbeil, productor yerbatero y uno de los impulsores de la normativa, explicó que el problema atraviesa a todas las economías regionales del país, desde Misiones hasta el Alto Valle de Río Negro. “En Misiones tenemos trabajo temporario; en otras zonas hay trabajo golondrina, donde los obreros van rotando entre distintas cosechas — de uva, aceituna, yerba o fruta—. Cuando no existía esta compatibilidad, la gente prefería trabajar en negro para no perder el plan, y el productor terminaba asumiendo riesgos legales y económicos enormes”, señaló. Según Klingbeil, el Estado nunca perdió dinero con esta medida, porque los trabajadores seguían cobrando la asistencia social y, al mismo tiempo, se realizaban aportes jubilatorios por los meses trabajados.
La necesidad surgió de un reclamo prolongado que comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández y se plasmó en el decreto 514/2021, prorrogado luego con el decreto 423/2023, tras el trabajo conjunto de productores, funcionarios y representantes gremiales. El objetivo era evitar que los trabajadores quedaran desprotegidos al terminar la cosecha, algo que ocurría con frecuencia: al perder los planes durante los meses de empleo formal, luego tardaban mucho en recuperarlos. “Eso generaba conflicto, porque el productor quería blanquear y el obrero no quería perder el beneficio. Tenían razón los dos, por una negligencia del Estado”, remarcó Klingbeil.
Ante una consulta de LA NACION, en la Secretaría de Trabajo señalaron que ya se pidió la prórroga al Ministerio de Agricultura
La falta de prórroga de esta medida podría desatar una nueva ola de informalidad y desaliento en las economías regionales. “El gobierno anterior entendió el problema, no se entiende por qué este no puede hacerlo también. No fue una locura del kirchnerismo, fue una medida que surgió de las economías regionales, con apoyo de todos los sectores. Si algún día la economía se reactiva, se podrá dejar de lado naturalmente. Mientras tanto, necesitamos que continúe para sostener el trabajo en blanco, los aportes y la dignidad de la gente que vive del campo”, precisó.
Enrique Ozeñuk, productor yerbatero que se vería afectado por esta situación, advirtió: “Esta caída de compatibilización de los trabajos rurales con los planes sociales va a traer serios problemas en todo lo que tanto se luchó, que es el blanqueo del personal y la corresponsabilidad gremial. Se había logrado la compatibilidad y ahora se va a perder la asignación familiar de quienes fueron blanqueados. Va a ser un problema bastante complejo. Aún no sabemos cuál va a ser el impacto, pero no será bueno”. Según dijo, quien trabaja en blanco corre el riesgo de no recibir ninguna otra ayuda del Estado.
Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), de Misiones, y dirigente de Fetara, vinculados a la CTA, advirtió que la caída del decreto no resolverá los problemas de empleo del sector, porque la raíz del conflicto es el bajo salario que se paga y las condiciones de trabajo a destajo. En la cosecha yerbatera y citrícola los obreros cobran por producción y no por salario fijo, lo que genera una gran inestabilidad. “Lo que producís es lo que cobras: en la hoja tenés que hacer una tonelada para ganar $35.000 o $40.000 por día. No hay forma de hacerlo. Haces como mucho 500.000 kilos por día y eso es un montón. Poca gente llega”, dimensionó. A su juicio, el problema no pasa por la compatibilidad, sino por la necesidad de mejorar los ingresos que pagan los productores para evitar que los trabajadores dependan de planes sociales.
Los trabajadores de cítricos cosechan por bolsones
“No tiene nada que ver la compatibilidad o incompatibilidad de trabajo en blanco con los planes sociales. No porque sacaron los planes sociales, van a tener menos trabajadores, el problema es salarial, el destajo: de cuanta hoja vayas a tener que hacer, para poder vivir bien”, resaltó y dijo que esto nunca se pudo resolver. Remarcó que los 10000 millones de kilos de la zafra en esa región se hacen igual.
Según Cubilla, muchos obreros migran temporalmente a Brasil, donde consiguen un mínimo de $100.000 por día que les queda libre de otros gastos. “Tenemos un trabajo cíclico: trabajamos seis meses y los otros seis que Dios te ayude. La propuesta y reclamo es que como la de cualquier otro trabajador. Estamos viajando a todos lados del país buscando trabajo en diferentes producciones”, dijo. Hay 2.000.000 de trabajadores rurales a nivel nacional. En la provincia Misiones hay 10.000 trabajadores registrados en la yerba mate, según datos del gremio.
Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), de Misiones, y dirigente de Fetara, vinculados a la CTAGentileza
El problema llegó hasta el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), donde el presidente, Ricardo Diab, coordinó una reunión con 15 candidatos a legisladores nacionales para exponer la situación de los distintos sectores. “Las economías regionales representan el 70% de la mano de obra rural, es decir, son dadoras de mano de obra intensiva y dinamizadoras de la economía en cada uno de los pueblos”, dijo Eduardo Rodríguez, director del sector de Economías Regionales. Remarcó que avanzar en una reforma laboral es clave para promover la generación de empleo genuino y adaptarse a las nuevas realidades.
Hay 2.000.000 de trabajadores rurales a nivel nacional
José Voytenco, secretario general de Uatre, señaló en un comunicado que presentó una nota formal ante el Ministerio de Capital Humano, conducido por la ministra Sandra Pettovello, solicitando la prórroga del decreto, “convencido de que su continuidad es fundamental para seguir promoviendo el trabajo formal y decente en el ámbito rural”. “La compatibilidad entre el trabajo registrado y las prestaciones sociales no es un privilegio, es una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural y protege a quienes sostienen con su esfuerzo la producción nacional”, remarcó.
