La discusión en torno de la Ley Fiscal Impositiva 2026 en la provincia de Buenos Aires abrió un foco de tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y el sector agropecuario. Aunque el articulado indica que no habrá revalúo territorial el año próximo, dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) sostienen que el Ejecutivo provincial se reservó facultades para hacerlo de todos modos. Además, advirtieron que el aumento del Inmobiliario Rural podría llegar al 130% y que una actualización insuficiente en los topes de Ingresos Brutos dejará a productores hoy exentos obligados a tributar desde 2026. El sector sostiene que la provincia “no está dando certezas”.
Días atrás, la SRA fue una de las entidades que alertó sobre la posibilidad de que el gobernador intervenga en las revaluaciones de los establecimientos rurales de la provincia “sin criterios consensuados”, además de habilitar aumentos del tributo rural. En la entidad advirtieron que el proyecto de ley “traslada facultades centrales al Ejecutivo”, lo cual afecta directamente la previsibilidad de quienes producen en la provincia.
El primer punto crítico es el artículo 133 del texto oficial, que según la SRA habilita intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados “ni una hoja de ruta acordada para el revalúo, que incluya espacios de consulta con las instituciones locales y con la comunidad productiva”.
Aunque valoró el nivel de intercambio y el buen diálogo que existe con el ministro Rodríguez, Pino remarcó que el problema está en la contradicción entre artículos: “Esto da confusión, hay que generar certezas más que dudas” Camila Godoy
El segundo es el artículo 167, que “permite modificar las cuotas no vencidas durante el propio ejercicio fiscal, afectando nuestra capacidad de planificación”, según señalaron.
En diálogo con LA NACION, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, contó que mantuvo una conversación con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, para exponer los puntos que inquietan al campo. “El funcionario me dijo que no estaba de acuerdo con el comunicado de la SRA e insistió que en el proyecto de ley no hay revalúo”, relató.
Pino valoró el nivel de intercambio y el buen diálogo con el ministro Rodríguez, pero subrayó que la contradicción entre artículos es el nudo del conflicto. “Si bien existe un artículo que habla de que el revalúo se va a postergar un año, después en un artículo dice que el gobierno bonaerense se guarda la potestad de poder realizar ciertos revalúos. Le dije al ministro que no estamos de acuerdo en las confusiones. Si se posterga, se posterga, pero no me guardo potestad de nada. O postergás o no postergás”, enfatizó.
Según el dirigente, el revalúo llevaba tiempo demorado: “Se debería haber realizado tres años atrás”. Señaló que lo que genera inquietud es que la provincia asegure que no lo hará en 2026 y, a la vez, incorpore un artículo que le otorga al Ejecutivo la potestad de hacerlo. Por eso insistió en que la cuestión no es tanto la suba en sí, sino la falta de seguridad normativa: “Dentro de tres meses, el gobernador decide hacer el revalúo y lo hace. Esto da confusión, hay que generar certezas más que dudas”.
Otro foco de conflicto es el posible incremento del Inmobiliario Rural. Para Pino, el margen habilitado es excesivo. “El Ejecutivo tiene la posibilidad de aumentar hasta un 130%, cosa que nos parece un aumento disparatado. Sobre todo con una inflación que va en descenso”, dijo.
Agregó: “Con una inflación del 17% para el año que viene, más lo que viene atrasado, las cuentas nuestras nos dan hasta un 35% de aumento en el mayor de los casos, pero no un 130%. Eso es lo que nos parece que está mal”.
La SRA también cuestiona el esquema de bonificaciones por cumplimiento al señalar que “mantiene definiciones abiertas, sin porcentajes establecidos por ley”. Desde la entidad advierten que “la ausencia de parámetros claros genera un escenario de inseguridad normativa” y reclamaron que la Legislatura “defina límites y alcances del tributo evitando delegar facultades esenciales al Ejecutivo”.
Por su parte, Ignacio Kovarsky, presidente de Carbap, recordó que cuando la provincia prorrogó la ley fiscal de 2024 para este año volvió a aplicar el 25% adicional en la cuarta cuota, lo que en la práctica “viene duplicada”. Y advirtió: “Nos hubiese gustado que haya algún reconocimiento de la provincia y hacer descuentos extraordinarios por la situación que atraviesan varios partidos con las inundaciones y no cobrar esa quinta cuota o esta cuarta cuota duplicada; lamentablemente no fue así”.
Kovarsky advirtió: “Nos hubiese gustado que haya algún reconocimiento de la provincia y hacer descuentos extraordinarios por la situación que atraviesan varios partidos con las inundaciones y no cobrar esa quinta cuota o esta cuarta cuota duplicada; lamentablemente no fue así”
El dirigente señaló que la decisión impacta especialmente en zonas bajo el agua: “Las boletas de la cuota adicional ya están llegando a 9 de Julio y a un montón de distritos que tienen problemas de inundación. La verdad que no lo terminamos de entender”.
El dirigente señaló que la decisión impacta especialmente en zonas bajo el agua: “Las boletas de la cuota adicional ya están llegando a 9 de Julio y a un montón de distritos que tienen problemas de inundación. La verdad que no lo terminamos de entender”Marcelo Manera – LA NACION
Sobre la nueva Ley Fiscal, alertó acerca de la magnitud de los aumentos: “Los aumentos son increíbles, son del 120% para el inmobiliario rural y, por ejemplo, los topes de Ingresos Brutos aumentan solo un 40%”. Según explicó, eso implica que “un montón de productores el año que viene pasarán a pagar Ingresos Brutos”.
Kovarsky cuestionó además el destino recaudatorio: “La provincia no ha entendido el norte que queremos para la Argentina y sigue teniendo esa visión de recaudar y de manejar la chequera”. Y ejemplificó: “El gobierno bonaerense va a recaudar como US$80 millones más por todo esto, pero para la obra del río Salado pone solo US$4 millones. Ahí está la desproporción: al campo le cobrás un montón, pero en obras no vuelve”.
Carbap ya acercó a los legisladores un documento con su postura en el que “observan el aumento del inmobiliario, los topes no actualizados de Ingresos Brutos, el impuesto a la herencia y el impuesto complementario”.
En este escenario, el sector productivo advirtió además un contexto político complejo para la discusión legislativa, con intendentes reclamando recursos y un Ejecutivo que busca aprobar la ley antes del recambio de legisladores en diciembre. “Los legisladores están tironeados entre los intendentes y sus intereses y el resto de la economía como el campo, que queremos que nos bajen los impuestos”, explicó Kovarsky.
Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial respondieron que el esquema mantiene equidad tributaria: “El Inmobiliario Rural es un impuesto segmentado, pensado para que cada productor aporte según su capacidad y, además, viene con una actualización por debajo de la inflación”.
“El Inmobiliario Rural es un impuesto segmentado, pensado para que cada productor aporte según su capacidad y, además, viene con una actualización por debajo de la inflación”, dijeron en la cartera de Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario bonaerense
También destacaron modificaciones a favor del contribuyente: “Proponemos eliminar la quinta cuota, mantener los beneficios para quienes pagan de manera anticipada y conservar la misma base impositiva. Esto muestra que seguimos trabajando con responsabilidad, previsibilidad y diálogo con el sector”.
