En ese sentido, la ministra señaló que durante 2024, entre una de las primeras medidas del gobierno nacional, se ordenó la creación de una unidad de Seguridad Productiva específica dentro de su cartera para prevenir tales amenazas y dar respuesta a los riesgos para mitigarlos. “Hemos avanzado en tareas de análisis, a través de Inteligencia, y de acciones por la vía judicial”, planteó.
Pero la pata estatal por si sola no alcanza, dejó en claro Monteoliva. La estrategia tiene que abarcar una articulación con el sector privado. “Es con la articulación público-privada que se logra”, dijo y afirmó que debe venir acompañada por “un trabajo federal” con las provincias, con b y la incorporación de nueva tecnología, más moderna, para dar respuesta al crímen organizado, no solo de mercadería sino también de personas, advirtió.
Para graficar, mencionó las tareas implementadas en la autovía navegable del litoral. “Hemos empezado un trabajo más sostenido en la Hidrovía, un escenario propicio para el crimen organizado”, dijo y ejemplificó: “El Plan Paraná combina tres estrategias: agua, tierra y aire”, para un combate al mercado ilegal, con fines a proteger la producción de los sectores clave para el desarrollo del país.
En diálogo con Ámbito, la ministra explicó el nuevo plan requerirá de mayor inversión y que, para tal finl, están explorando posibles créditos con el BID, un escenario que aún ven como “prematuro” en el Ministerio. Además, se refirió a la organicidad del programa y el traslado de efectivos a zonas puntuales.
“Esta estrategia de articulación público-privada implica el fortalecimiento de capacidades con estrategias, como Cosecha Segura o con lo que será en 2027 el Corredor Bioceánico, que son desafíos de seguridad y transporte, requieren el acomodamiento del despliegue en estos frentes. Lo mismo ocurre en la Patagonia. Nosotros tenemos esta responsabilidad de acompañar la protección de infraestructura crítica”, manifestó.
Desde la cartera nacional explicaron que el negocio de la venta de mercadería por vías ilícitas mueve a nivel mundial cientos de miles de millones de dólares. La minería ilegal es un comercio de más de 48 mil millones, mientras que el robo de combustible representa otros tantos miles más. Cuando hay desarrollo de mercado, hay desarrollo de actividades ilícitas. La tarea del organismo es prevenir que no surjan dichas actividades en paralelo al crecimiento de áreas cruciales.
Alejandra Monteoliva en la exposión sobre Desarrollo, Infraestructura y Seguridad
El caso de México
Más temprano tomó la palabra Anaya, quien aprovechó para valorar la iniciativa del ministerio nacional y contó pormenores de su paso como directivo de Pemex, cuando debió afrontar fuertes transformaciones para combatir el robo de combustible, un mercado ilegal que mueve miles de millones de dólares en México.
“Me da envidia de la buena estar aquí porque la visión de Argentina demuestra un gran anticipo de lo que va a pasar. En otros países reaccionamos tarde. En México tenemos un problema muy grande por no prevenir”, dijo en primer lugar y pasó a contar: “Cuando estaba en Pemex y enfrentamos este problema, fui a Colombia para comprender cómo lo habían resuelto. El enfoque público-privado es fundamental. De otra manera no funciona”.
“Entre más grande el mercado, más grande el delito”, aseguró el consultor mexicano. Actualmente, el mercado mercado de combustibles en México es de u$s90 mil millones: u$s50 mil millones por el comercio de gasolina, u$s20 mil millones por diésel y otros u$s20 mil por exportación. “El mercado argentino es una cuarta parte. Si alguien dice que una desviación al mercado ilegal es algo chiquito, les digo: cualquier desviación es muy grande”, continuó y advirtió: “En unos años el mercado argentino va a ser como Pemex”, por lo que consideró como positivo que el país comience a tomar medidas precautorias.
“El principal problema de Colombia fue que tenían expendios de gasolina no regulados. Eso es una pésima idea. Se les salió de control”, siguió Anaya y trazó un paralelismo con México: “Ellos tenían la guerrilla y nosotros los carteles de droga”.
El robo de combustible en México era lo que más le preocupaba durante su etapa como directivo de Pemex. Según dijo, para 2005 se robaban 800 mil o un millón de barriles, pero en 2018 llegó a 20.4 millones. Eso se transformó en un problema de seguridad. “Nos robaban en todos lados: estaciones, almacenamiento, ductos…”, añadió.
El primer problema es el robo organizado. “Llegan, excavan, encuentran el ducto, lo perforan y colocan una válvula con una manguera y vuelven a enterrar el ducto”, explicó. Luego la manguera la llevan a una estación de servicio. Es un mecanismo en el que intervienen grupos armados en operaciones a gran escala en las que se utilizan cientos de camiones y vehículos de gran porte para el traslado del material robado hacia los puntos de venta e incluso a puertos para su exportación.
El otro mecanismo, de corte social, involucra a la perforación de un ducto y el aviso a la población cercana para que ingresen al derrame, a costo de pagarle un precio al grupo criminal organizador. Las personas ingresan al ducto, a riesgo de morir por una explosión como la ocurrida en Tlahuelipan, en la que fallecieron cientos de personas quemadas.
El fenómeno más reciente se denomina Huachicol Fiscal. Es, básicamente, contrabando a través de vías legales informando menos volúmenes de exportación que las que realmente se transportan.
La estrategia de México para reducir el robo en sectores de infraestructura crítica requirió del involucramiento de múltiples áreas del Estado, en articulación con el sector privado. “Qué hicimos. Nuestra reacción natural fue tratar de agarrar a los delincuentes en el acto. Les voy a decir algo que no les va a gustar: no van a poder. No hay manera de vigilarlo. Eso no quiere decir que no se intente. Hay que aumentar la vigilancia, pero si solo haces eso no va a ser suficiente. Tienes que reducir la demanda de combustible ilegal”, dijo.
Para eso, México trazó una estrategia: lograr que el combustible robado sea caro de comprar y, además, seguir la ruta del dinero. Bajo esa hipótesis se conformó un grupo de trabajo interinstitucional con representantes de Pemex, de la Procuraduría de México, de las fuerzas armadas, junto las secretarías de las áreas energéticas, para desarrollar iniciativas de control y de trazabilidad del dinero.
Un caso testigo: tras analizar datos públicos, identificaron a la zona de mayor robo en una región montañosa, por donde corre el ducto Minatitlán – México DF. Allí pusieron puestos de mando y utilizaron concreto para impedir perforaciones.
Para bajar la demanda también fueron por las estaciones de servicio a través del análisis de las compras y ventas de combustible. Cerraron empresas y cuentas bancarias de unos 800 puntos de venta. “Cuando tienes un mercado ilegal del 5% de u$s80 mil millones hay un montón de intereses creados”, continuó y recordó el caso de un intendente municipal que era dueño de una estación de servicio que para el fisco estaba cerrada, pero vendía combustible robado.
“Se necesitan de todas las partes. Esto cuesta. No es gratis. Hay que invertir y ver modificaciones fiscales. En México, más del 90% del consumo se paga en efectivo. Los dueños de las estaciones se oponían a que se implementen pagos electrónicos”, prosiguió Anaya. También planteó la necesidad de aumentar monitoreos de los transportes de combustibles y aumentar los procesos judiciales.
Sobre el final destacó la visión del Ministerio de Seguridad argentino por anticiparse al problema y proponer un esquema de prevención. “Están a tiempo de hacerlo”, cerró.
