Los números son claros. Durante la década en que estuvo alejado de la función pública, el broker Héctor Martínez Sosa se destacó como el principal cliente de Alberto Fernández. La relación comercial comenzó en 2009, un año después de que Fernández dejara la jefatura de Gabinete en manos de Sergio Massa, y permaneció activa hasta 2019. Según informantes cercanos al ex presidente, “le cobraba a Martínez Sosa como a otros clientes por un informe de coyuntura política y económica que elaboraba su consultora”. Sin embargo, el broker de seguros no fue el único cliente; en esos años, Fernández también emitió facturas a la empresa del poderoso grupo económico encabezado por los hermanos Fernando y Guillermo Whpei, quienes cuentan con una gran influencia en Santa Fe y otras provincias. Fernando fue arrestado esta semana por presuntamente haber orquestado una causa junto a un juez federal y un jefe regional de la AFIP.
De acuerdo con un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), solicitado por la Justicia en la causa denominada “Seguros” y al que Infobae tuvo acceso exclusivo, Fernández facturó al grupo financiero Unión, de los hermanos Whpei, en los años 2009, 2013 y 2019. Los montos facturados no son significativos; en 2019, Fernández emitió facturas a nombre de esa empresa por un total de $660.000, que equivalen a aproximadamente 13 mil dólares de aquel entonces.
En abril de 2019, antes de oficializar su candidatura presidencial, Fernández participó de la inauguración del Museo de la Democracia en Rosario, donde se fotografió junto a Guillermo Whpei. “Su vínculo era con Guillermo a través de Rosario Lufrano”, que terminó al frente de RTA, indicó una fuente cercana al ex presidente. Cuatro meses más tarde, Fernández regresó a Rosario para finalizar la campaña del Frente de Todos, en el Monumento a la Bandera.
La relación de Fernández con los Whpei fue mencionada en la causa que llevó a la detención de Fernando. Carlos Vaudagna, ex jefe regional de ARCA en Rosario y Santa Fe, declaró ante la Justicia que los Whpei tenían vínculos políticos muy amplios: “En la inauguración del Museo de la Democracia estaba Alberto Fernández… él (por Whpei) tenía relaciones con la familia Kirchner y mucha interacción con Macri. No eran personas con las que uno pudiera discutir ciertas cosas”, se excusó en su testimonio.
Vaudagna también reveló su participación en la creación de una causa falsa contra dos financistas junto al juez federal Marcelo Bailaque, que enfrenta un potencial juicio político, y Fernando Whpei, quien fue detenido esta semana y enfrenta un embargo de 1500 millones de pesos. Se aclaró que su hermano no está involucrado en ese escándalo: “Hasta ahora no hemos encontrado pruebas que lo incriminen”, explicaron.
El Grupo Unión, originario de Santa Fe, experimentó un crecimiento exponencial mediante créditos otorgados a mutuales de empleados públicos en 16 provincias. Sin embargo, después inició un proceso de desvinculación. En marzo de 2018, la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, que formaba parte del Grupo, acordó la venta de su cartera de préstamos a la filial argentina de TMF Trust Company, una empresa global dedicada a la gestión de negocios financieros. El proceso de venta terminó en un litigio judicial.
“Actualmente no son titulares ni directores del Grupo Unión”, afirmó un portavoz de los Whpei, quienes también están vinculados a una constructora y a varios medios de comunicación en Santa Fe y Río Negro. Para los fiscales investigando las causas contra el juez Bailaque, el Grupo Unión ha estado siempre relacionado con los Whpei.
Fernández continuó facturando a ese grupo hasta 2019, así como también a Unife SA, otra empresa del sector salud asociada con los Whpei.
Recientemente, el informe de PROCELAC fue anexado a la causa de los Seguros e incluyó un análisis exhaustivo del patrimonio del ex presidente, que comprende propiedades, vehículos, cuentas bancarias, viajes al exterior, gastos con tarjetas de crédito, deudas e ingresos. En total, la facturación de Fernández desde 2009 hasta 2019 ascendió a $19.939.704,44; casi una cuarta parte de esa suma, es decir, $4.257.000, correspondió a servicios prestados a Martínez Sosa, quien se convirtió en uno de los brokers con más comisiones durante su gobierno.
Una auditoría de Nación Seguros reveló que la empresa de Martínez Sosa mantenía contratos con 19 organismos públicos, incluyendo cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes y la Corte Suprema, entre otros. Por estos contratos recibió $366.635.744. A esto se sumaron las comisiones generadas por sus empresas “satélites”, siendo Bachellier la más significativa, con ingresos de $1.665.741.081 entre 2020 y 2024, además de otros brokers como Manuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido y Fernando Carlos Salim.
Fernández facturó a la empresa de Martínez Sosa por “un informe de coyuntura” y también a Austral Consulting SA, vinculada al broker casado con María Cantero. Según el informe de PROCELAC, esa firma recibió facturas mensuales desde julio de 2014 hasta diciembre de 2015 por solo $10.000, y entre enero de 2016 y abril de 2017, por $15.000.
Más allá de la facturación, los analistas de PROCELAC examinaron los movimientos bancarios del ex presidente y detectaron pagos de expensas al “Barrio Cerrado La Escondida de Manzanares SA” entre 2021 y 2024, un conjunto habitacional en Pilar donde Fernández adquirió un lote. En 2019, el diario Clarín informó que ya había alquilado una propiedad en ese barrio y que debía aproximadamente 11 mil dólares en expensas.
En lo que respecta a vehículos, el informe señala que en 2019 compró un Toyota Corolla y que extendió una cédula azul a su entonces pareja, Fabiola Yañez, a su hijo y a su secretario privado, Daniel “El Gordo” Rodríguez.
Rodríguez también podía conducir un automóvil de Cantero, la secretaria de Fernández y pareja de Martínez Sosa. “Del informe de la DNRPA con fecha 09/09/2024, dominio HYU951, bajo la titularidad de María Cantero, se evidencia que Hugo Daniel Rodríguez (DNI 13.161.252) también posee cédula para manejar ese vehículo”, indicaron los analistas de PROCELAC.
Rodríguez es una figura clave en la causa de los Seguros. Su relevancia radica en que trabajó durante años con Alberto Fernández, primero como custodio y luego como intendente de la quinta de Olivos. También fue empleado de Martínez Sosa, lo que facilitó su papel como nexo entre ambos cuando Fernández asumió la presidencia.
En los teléfonos de María Cantero se hallaron selfies de Martínez Sosa y Rodríguez en Olivos, así como una foto del broker con Fernández en el despacho del intendente de la quinta presidencial.
El teléfono de Rodríguez aún no ha podido abrirse. Este dispositivo fue incautado en un domicilio a nombre de Martínez Sosa.
