El ex presidente Alberto Fernández llegó este viernes 4 de julio al mediodía a los tribunales federales de Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la Causa Seguros. Ante el juez federal Sebastián Casanello, el ex mandatario rechazó haber tenido injerencia directa en la elección de brokers o empresas aseguradoras, y sostuvo que se trató de una política pública implementada de manera legal para optimizar la cobertura de los organismos estatales.
Durante casi dos horas, Fernández respondió preguntas del magistrado, del fiscal interviniente y de su defensa. Fuentes judiciales informaron a Noticias Argentinas que el ex jefe de Estado también solicitó nuevas medidas de prueba y pidió que se cite como testigos a ex funcionarios de su gobierno, como Vilma Ibarra, Miguel Pesce, Martín Guzmán y Santiago Cafiero, con el fin de fortalecer su defensa.
El ex presidente ya había sido indagado en esta misma causa en noviembre de 2023, pero en aquella ocasión, bajo la instrucción del juez Julián Ercolini, se negó a responder preguntas. Esta vez, ante Casanello, decidió ofrecer una exposición detallada sobre la operativa de la industria del seguro en el Estado, su relación con el broker Héctor Martínez Sosa (uno de los principales acusados) y el alcance del decreto que habilitó la intermediación en las pólizas estatales.
Fernández explicó que Martínez Sosa “ha sido contratado por el Estado durante muchos años, incluso antes de mi gestión presidencial”. Agregó: “Cuando fui Superintendente [de Seguros], él era el broker más grande de Argentina, y es probable que aún lo sea. Su empresa, fundada por su padre, tiene más de 50 años de trayectoria, y ha intervenido en contrataciones estatales con gobiernos de distintos signos políticos.”
El ex mandatario insistió en que, como presidente, no tenía participación directa en las decisiones de contratación de los organismos públicos. “Era imposible saber si desde Nación Seguros o cualquier otro ente estatal se consideraba útil contratar a Martínez Sosa o a cualquier otro proveedor. Cada organismo se mueve con autonomía en la toma de decisiones de acuerdo con la Ley de Administración Financiera”, subrayó.
También destacó que su papel se limitó a la firma de un decreto que, según argumentó, tenía como objetivo “fortalecer una política pública” en el ámbito de los seguros, sin intervenir en la selección de empresas específicas. En esa línea, negó haber favorecido a algún actor del sector y remarcó la distancia funcional entre la Presidencia y las gerencias administrativas de cada dependencia estatal.
Mientras tanto, el juez Casanello deberá resolver no solo la situación procesal de Fernández, sino también la de otros 37 imputados en la causa. La Cámara Federal porteña resolvió esta semana anular la inhibición general de bienes que pesaba sobre todos ellos, al considerar que ha pasado más de cinco meses desde que finalizaron las indagatorias (la última en febrero) y que no existe razón de urgencia para mantener esa medida patrimonial restrictiva.
Un juicio plagado de idas y vueltas
El ex mandatario había solicitado declarar ante el juez Sebastián Casanello, por lo que fue convocado este viernes a la sede judicial de Retiro. Casanello había reinstaurado el 9 de abril último la inhibición general de bienes a Fernández y a otras alrededor de cincuenta personas físicas y jurídicas en el marco de la investigación del caso Seguros.
Casanello asumió la subrogancia del Juzgado Federal N° 11, donde se lleva a cabo el caso, y todavía está pendiente de resolución la situación procesal de Fernández y del resto de los acusados, quienes ya fueron indagados en la causa que investiga presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos (FdT).
En la decisión que dispuso la reinstitución de la inhibición de bienes, el juez argumentó que existe un estado de sospecha suficiente, ya que se realizaron indagatorias sobre cuentas corrientes y cajas de ahorro de los involucrados. Esta medida abarcó a Fernández, al broker investigado como beneficiario de las maniobras, Héctor Martínez Sosa, y a su esposa y ex secretaria privada del ex mandatario, María Cantero, entre otros.
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