Alberto Fernández regresó este viernes a Comodoro Py para ampliar su declaración indagatoria en la Causa Seguros, donde se lo investiga por supuestos delitos relacionados con la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante su gobierno en el Frente de Todos (FdT).
El expresidente arribó a los tribunales para reafirmar su inocencia y proporcionar más detalles sobre el proceso administrativo que dio lugar a contrataciones por más de 3 mil millones de pesos con la empresa Nación Seguros SA. Fernández ya había presentado un escrito en noviembre del año pasado y se había limitado a responder preguntas de su abogada.
El exjefe de Estado enfrenta acusaciones de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Este escándalo en torno a los seguros fue destapado por Osvaldo Giordano tras su salida de Anses. El patrimonio de Alberto Fernández y de los demás imputados fue objeto de la atención judicial, que inicialmente dispuso la inhibición de sus bienes; sin embargo, la Cámara Federal porteña revirtió esa decisión.
No obstante, la Cámara Federal Porteña ordenó al juzgado levantar la inhibición de bienes que recaía sobre él y el resto de los acusados, entre los que se destacan Héctor Martínez Sosa, su exsecretaria privada, María Cantero, y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano.
Para la Justicia, entre diciembre de 2019 y 2023 existió un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos “a través del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación de seguros adquiridos por diversas reparticiones públicas en Nación Seguros SA, en el cual Alberto Fernández y otros intervinieron “mancomunadamente en forma coordinada y funcional”. El juez no duda de que esos “otros” son funcionarios de la compañía aseguradora estatal.
La base de dicho esquema delictivo fue el decreto presidencial 823/2021, que, según la Justicia, “impidió la posibilidad de llevar a cabo licitaciones públicas que promuevan la competencia y la transparencia en torno a estas contrataciones”.
En la última versión del decreto “se suprimió el apartado del proyecto que regulaba la actuación de los productores asesores de seguros, limitándola únicamente a los casos que justificaran su intervención por la complejidad o volumen de los riesgos asegurados, estableciendo que debían ser designados mediante un acto administrativo del ente tomador”.
De acuerdo con el expediente, se creó así un vacío que “habría permitido que se designaran intermediarios en cualquier caso y mediante simple nota, sin la necesidad de un acto administrativo previo”, centralizando de esta manera la totalidad de los contratos de seguros de entes públicos bajo “Nación Seguros SA” y la gestión de los vínculos con intermediarios así como el pago de sus comisiones.
Así, el expresidente, aprovechando su investidura, “habría mantenido la potestad de tomar la última decisión en caso de discordia entre los demás miembros del grupo y se habría encargado de direccionar aquellos casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.
