Las estimaciones del costo fiscal de los proyectos en discusión en el Congreso varían considerablemente entre los números presentados por el Poder Ejecutivo y los cálculos del mercado. Sin embargo, en ambos casos, la aprobación de las iniciativas relacionadas con jubilaciones, Aportes del Tesoro Nacional y la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos generaría una presión significativa sobre las cuentas fiscales.
Desde el Palacio de Hacienda reiteran que, anualizando los datos —por ejemplo, para todo 2026, en caso de que se sancionen estas leyes— el costo fiscal ascendería al 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI), desglosado en un 2,1% proveniente de los proyectos previsionales, como el ajuste del 7,2% a los haberes y una nueva moratoria, y un 0,4% asociado a los ATN y la coparticipación del ICL. En comparación, el Gobierno necesitaría un superávit primario de 2,2% del PBI el próximo año para lograr un equilibrio financiero.
Para este año, el costo fiscal se reduciría a la mitad de esas cifras. El Gobierno se encuentra en un camino fiscal muy delicado si desea cumplir la “sobremeta” que se autoimpuso. El presidente Javier Milei había instruido a sus funcionarios, días antes del anuncio del acuerdo con el FMI, a establecer un objetivo de superávit primario más elevado de lo previsto, aumentando de 1,3% del PBI a 1,6 puntos. Esto representaría una diferencia aproximada de 2,5 billones de pesos. En el mercado, surge la pregunta de cómo podrían obtener ese margen adicional y alcanzar dicho objetivo.
Por lo pronto, un análisis realizado por Analytica sugiere un costo fiscal menor: se estimaría en un 0,49% del PBI para este año, compuesto por un 0,31% de los proyectos jubilatorios y un 0,18% proveniente de los ATN más combustibles. Para 2026, ya anualizado, el costo se incrementaría hasta el 1,12% del Producto.
Invecq, en su estudio, calculó que “el costo anual de las mejoras previsionales —aumento en jubilaciones y bono— alcanzaría el 1,2% del PBI”. Añadió que “la reinstauración de la moratoria previsional sumaría 0,2% del PBI, y las iniciativas vinculadas a discapacidad generarían un gasto adicional de 0,3% del PBI”.
El informe sostuvo que “en conjunto, estas medidas representarían un costo total anual de 1,7% del PBI” y advirtió que su implementación “solamente en la segunda parte del año comprometería las metas fiscales oficiales”. Invecq explicó que, con una proyección de superávit primario de 1,6% del PBI y un equilibrio financiero para 2025, la aplicación de estas medidas reduciría el resultado primario “al punto de no alcanzar para cubrir el pago de intereses”.
Finalmente, el documento señaló que “la aprobación de estas medidas modificaría significativamente el rumbo fiscal de 2025”. Destacó que, dado el número de beneficiarios del sistema previsional, “incluso incrementos que pueden parecer modestos a nivel individual se traducen en un impacto fiscal agregado considerable”, y subrayó que “sin una compensación mediante recortes en otros gastos, resultará complicado aumentar los recursos destinados a jubilaciones sin poner en riesgo las metas de equilibrio fiscal”.
La Fundación Mediterránea publicó un informe específico sobre la discusión de los ATN, minimizando el impacto que tendrían para la Nación, en línea con el argumento de los gobernadores. Este trabajo explicó que el proyecto “propone distribuir de manera automática y diaria el 100% de los recursos que ingresan al fondo de los ATN, según las proporciones previstas por la distribución primaria y secundaria de la ley de coparticipación federal de impuestos”. Indicó que esta modificación representaría un cambio sustancial con respecto al esquema original, al eliminar la posibilidad de asignación discrecional por parte del gobierno nacional y sumar esos fondos al reparto automático.
Se señaló que “mientras que en el diseño original el 100% de los fondos debían ser distribuidos entre las provincias, de aprobarse, el gobierno nacional recibiría un 41,2% de la distribución”. Especificó que, considerando las prácticas recientes, la Nación resignaría recursos: “debido a la subejecución del fondo, la Nación se apropió de casi el 90% de los recursos, mientras que con el proyecto esa proporción se haría menos de la mitad”.
El informe detalló que “la mayoría de las provincias ganaría recursos con la distribución propuesta en el proyecto de ley”, a excepción de Chubut. Resaltó que “Córdoba sería la más beneficiada, con ingresos adicionales que equivalen a una mejora del 2,5% de lo que recibe por coparticipación”. También estimó que “el costo fiscal nacional sería del orden de 0,05% del PBI”, cifra que se compara con un superávit financiero esperado para 2025 de 0,4% del PBI.
