Un día después de que Diputados le rechazara dos vetos a Javier Milei -el de la ley Garrahan y Financiamiento Universitario-, el Senado hizo lo mismo este jueves con un tercer veto: el del proyecto de los gobernadores para repartir automáticamente y por coparticipación los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias.
La norma había sido aprobada en la Cámara alta en julio con 57 votos a favor y uno solo en contra (de Luis Juez) porque la bancada libertaria se había retirado del recinto. Ahora el cuerpo insistió con la ley y consiguió 59 votos a favor. Hubo 9 en contra (los siete libertarios, Juez y la cordobesa del PRO bullrichista, Carmen Alvarez Rivero) y 3 abstenciones de los ahora aliados electorales del Gobierno.
El entrerriano del PRO Alfredo De Angeli que responde al gobernador Rogelio Frigerio, había votado a favor en la votación original, pero en este caso pidió permiso para abstenerse. Frigerio acordó una alianza electoral con La Libertad Avanza.
Lo mismo hicieron los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, que responden al gobernador radical Alfredo Cornejo, también aliado electoral del oficialismo en su provincia. En la votación anterior ellos se habían ausentado.
“Es goleada”, habían advertido en la previa desde distintas provincias, a pesar de que desde la Casa Rosada empezaron a hacer llamados a media mañana para idear una opción de acuerdo. “Como saben quién llama no están atendiendo el teléfono”, reconocieron desde una provincia del norte. “Es tarde ya”, sentenció otro senador.
Lo mismo había hecho el oficialismo en la Cámara de Diputados cuando apenas minutos antes de que se firme dictamen presentaron una contrapropuesta que si bien sedujo a algunos gobernadores aliados, no se impuso en el recinto.
El reparto ordenado esta semana por el flamante ministro de Interior, Lisandro Catalán, de $ 12.500 millones en ATN a cuatro gobernadores (Maximiliano Pullaro, Santa Fe; Hugo Passalacqua de Misiones; Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Leandro Zdero de Chaco) tampoco surtió efecto en la votación.
De hecho los legisladores que responden a Zdero, al mendocino Alfredo Cornejo y al entrerriano Frigerio son aliados electorales de La Libertad Avanza y tampoco respaldaron el veto.
El chaqueño radical Víctor Zimmermann que había estado ausente en la votación a favor hoy votó contra el veto: “El proyecto le da al Gobierno Nacional nacional el 43,34% de los recursos y distribuye de forma automática por coparticipación el resto. Está claro que no desfinanciamos ni cambiamos el destino. Espero que sea la puerta de entrada para discutir más recursos para nuestras provincias y tener un país más equitativo”.
Sus dichos buscaron desmentir uno de los argumentos del Gobierno, de que se van a quedar sin fondos para atender una emergencia, en caso de que la haya.
Antes de la sesión el ministro de Economía, Luis Caputo, tuiteó contra el Senado y acusó a los legisladores de querer “romper el equilibrio fiscal” y “voltear al Presidente”.
El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal.
Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia.
Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo.…— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 18, 2025
“El Congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo”, lanzó y acto seguido llamó a los ciudadanos a votar en octubre para defender al Gobierno.
Varios senadores dedicaron parte de su discurso a contestarle a Caputo.
“Esta ley no afecta al costo. Si se recaudan $100 se distribuyen $100. Lo que estamos exigiendo es lo que hagan. Que cumplan con la ley y le giren los fondos que les corresponden a las provincias, que son las que se hicieron cargo de la salud, la educación, la seguridad y obras”, sentenció el pampeano Daniel Bensusán (UP) quien acusó al Ejecutivo de usar los fondos de las provincias para sostener el equilibrio fiscal.
“Este año entregaron 120 mil millones de pesos entre 15 provincias. El remanente acumulado es 1 billón y medio de pesos que tiene el tesoro nacional con fondos de provincias”, sentenció.
El radical Martín Lousteau apuntó: “O mienten o el equilibrio fiscal está sujeto a quedarse con los fondos de las provincias. Que el ministro Caputo en vez de tuitear tanto venga al Congreso, que nunca vino, a explicar el Presupuesto”.
La rionegrina Mónica Silva que responde al gobernador Alberto Weretilneck resumió la situación de desconfianza y falta de palabra que le endilgan al oficialismo narrando la fábula del escorpión que le pide a la rana que lo ayude a cruzar el río. Spoiler alert: la rana lo hace y el escorpión a mitad de camino igual la pica. “Moraleja: todos queremos llegar a la otra orilla del río pero es imposible llegar cuando la confianza ha sido destruida por la propia naturaleza del escorpión”, sentenció antes de anunciar que votaría contra el veto de Milei.
Este proyecto, al igual que el que coparticipa los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) consiguió un hecho inédito: que los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño se pusieran de acuerdo para presentarlo en conjunto, cansados de promesas incumplidas del gobierno nacional.
ATN avanzó y se convirtió en ley rápidamente. El proyecto de ICL tiene media sanción pero espera todavía que lo apruebe Diputados para convertirse en ley.
Qué dice la ley
El proyecto propone reformar el mecanismo de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), estableciendo su asignación de forma automática e incorporándola a la Ley Permanente de Presupuesto Nº 11.672. La distribución se realizaría conforme a los coeficientes fijados por la Ley de Coparticipación Federal.
Este fondo se financia con el 1% del total de la coparticipación federal y el 2% del impuesto a las ganancias. Su finalidad es atender situaciones de emergencia y desequilibrio financiero en las provincias.
Sin embargo, los gobernadores advierten que el fondo es sistemáticamente sub-ejecutado. Esto genera una paradoja: mientras los contribuyentes aportan a través de impuestos nacionales para sostenerlo, en un contexto de “profunda crisis de recursos” —marcado por el recorte de transferencias presupuestarias a las provincias y la caída de ingresos por coparticipación— dichos fondos no son utilizados.
Los mandatarios provinciales subrayan que se trata de recursos con asignación específica, administrados por el Gobierno Nacional, pero que no le pertenecen. Además, remarcan que el costo fiscal del uso pleno de este fondo representa solo el 0,03% del PBI (aproximadamente $253.000 millones).
