En caso de no prosperar, la causa será elevada a la sala del Crimen de turno. Almada había sido imputado por la Fiscalía municipal por “negociación incompatible y aceptación ilegal de cargos”, al sostener que debió excusarse de asumir como concejal, “ya que era titular -junto a su socio Francisco Remonta- de la empresa proveedora del servicio de centrales telefónicas que se utilizó hasta marzo de 2004 en el palacio municipal y en el edificio ubicado en Cinco Esquinas”.Mientras el fiscal de Estado Martín Uranga confirmó que apelaron la medida, el concejal involucrado dijo que “hará muy pronto una presentación judicial contra el propio Uranga”, aunque aún evalúa el alcance legal.
Se trata de la segunda decisión a favor de Almada, ya que el año pasado no pudo prosperar en el Concejo Deliberante su pedido de destitución.
“La Justicia determinó mi inocencia y lo que esgrimió la Fiscalía fue muy pobre”, calificó el legislador local. En ese sentido, sostuvo que “padeció una persecución política” como consecuencia de su accionar en la comisión liquidadora del ex Banco Municipal.
Además, mencionó que “sobre causas similares o peores de otros concejales del oficialismo y otros sectores políticos, el fiscal de Estado no hizo nada”.
“Todo esto se inventó por lo que pasó con el Banco Municipal y sus deudores. Fue una represalia política”, añadió.Por otra parte, consignó que se desprendió de la empresa antes de asumir y planteó que “la sociedad debe preguntarse de qué vivieron los concejales antes de ser ediles. Yo vivía de mi trabajo y no tengo deudas con Rentas ni la DGI. Siempre trabajé en el sector privado, mientras que otros concejales actuales estuvieron siempre atados al Estado, de una manera u otra”.
Por su parte, el fiscal de Estado Martín Uranga confirmó a UNO que apelaron el fallo del Juzgado de Instrucción.“Presentamos la apelación en carácter de querellante, para que se eleve a la Cámara del Crimen”, explicó el funcionario.Respecto del fallo que sobreseyó a Almada, sostuvo que “dice que si bien la materialidad del hecho está demostrada, la conducta es atípica, no es punible ya que no alcanzó a cobrar facturas, es decir, no obtuvo ventaja económica”.
“Nosotros creemos -agregó Uranga- que no es necesario que haya obtenido un rédito económico para cometer delito. Elevamos nuestro informe al Concejo Deliberante el 19 de marzo de 2004 y días después Almada notificó que había cedido su parte de la empresa a su hijo”, explicó.
