Ahmad Vahidi ha sido nombrado nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán tras la muerte de Hossein Salami, quien fue abatido durante ataques israelíes contra el régimen persa. Este nombramiento se da en un contexto de alta tensión regional y ha generado repercusiones internacionales debido a su pasado y las severas acusaciones en su contra, entre ellas su supuesta implicación en el atentado a la AMIA en Buenos Aires.
Vahidi, de 66 años, nació en la histórica ciudad de Shiraz, ubicada al suroeste de Irán, a unos 900 kilómetros de Teherán. Su relación con la Guardia Revolucionaria se remonta al surgimiento de la Revolución Islámica en 1979, cuando se unió a esa estructura militar, considerada un ejército paralelo que responde exclusivamente al líder supremo de Irán.
La Guardia Revolucionaria es descrita como “parte del aparato operativo del régimen, responsable de llevar a cabo atentados en todo el mundo, siendo el más notorio el de 1994”, aludiendo al ataque contra la mutual judía argentina.
Su trayectoria en el poder iraní es reveladora. El cargo que ocupó al frente de las Fuerzas Quds —la unidad de élite encargada de operaciones en el extranjero— fue luego heredado por el general Qassem Souleimani, quien falleció en 2019 tras un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Vahidi también forma parte de un reducido círculo de asesores con acceso directo al líder supremo y es miembro del Consejo Superior, un órgano que define las principales estrategias del régimen, incluyendo decisiones sobre el acuerdo nuclear.
Desde noviembre de 2007, Vahidi figura en la base de datos de Interpol con una alerta roja activa que lo acusa de “homicidio calificado, doblemente agravado (por odio racial o religioso y por ser un medio idóneo para causar un peligro común) en perjuicio de 85 víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones leves y graves calificadas, reiteradas y daños múltiples agravados por odio racial o religioso”. Estas acusaciones surgen especialmente por su presunta participación intelectual en el atentado a la AMIA de 1994, que dejó un saldo de 85 muertos.
El fiscal Alberto Nisman lo identificó como uno de los principales responsables de la planificación del ataque. Según la investigación judicial, Vahidi, siendo comandante de la Fuerza Quds, participó en la reunión en la que se decidió llevar a cabo el atentado, delegando su ejecución en Hezbollah del Líbano.
Estados Unidos también demanda su captura y lo incluyó en su lista negra en 2010. En 2019, la Unidad de Información Financiera de Argentina y el fiscal Sebastián Basso solicitaron que Vahidi y otros seis imputados en la causa AMIA fueran añadidos al registro argentino de terroristas. La UIF ya había determinado que Vahidi y Moshen Rezai habían liderado los análisis sobre la propuesta de atentar en Argentina dentro de la inteligencia iraní.
En 2021, Vahidi asumió el Ministerio del Interior de Irán, cargo que ocupaba cuando el gobierno argentino pidió su detención durante una visita oficial a Pakistán y Sri Lanka. La Cancillería argentina señaló que formaba parte de una comitiva iraní en el exterior. En este contexto, Interpol emitió una Circular Roja, y Argentina solicitó cooperación internacional para su arresto bajo los tratados vigentes.
A lo largo de su carrera, Vahidi ha ocupado altos cargos: fue ministro de Defensa en 2009 durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, a pesar de su situación judicial internacional. Ese respaldo interno consolidó su prestigio dentro de la teocracia iraní. También ocupaba esa posición cuando, en 2013, Argentina e Irán firmaron el Memorándum para tratar de avanzar en la causa AMIA durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Tras la muerte del fiscal Nisman en 2015, las nuevas autoridades judiciales y la Unidad de Información Financiera mantuvieron la presión sobre los acusados internacionales.
El reciente ascenso de Vahidi al frente de la mayor estructura militar iraní se produce en un contexto de aumento de enfrentamientos en la región y mientras Argentina reafirma su exigencia de justicia y su pedido de cooperación internacional para la detención de los responsables del atentado de 1994.
Vahidi permanece en la lista de los fugitivos más buscados por Interpol. Su influencia en la política y la estrategia de seguridad nacional lo coloca al mando de una de las instituciones más poderosas dentro del régimen iraní.
Cuál fue el rol de Vahidi en el ataque a la AMIA
Ahmad Vahidi, nuevo jefe militar de Irán, era comandante de las Fuerzas Quds en el momento del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, un episodio que causó 85 muertes y 151 heridos. Se le acusa de ser uno de los autores intelectuales del ataque y de haber estado presente en una reunión clave donde se determinó la realización del atentado, convirtiéndose en uno de los crímenes más graves en la historia argentina.
En noviembre de 2006, el entonces juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional de quienes consideraba responsables intelectuales del caso, incluyendo a Vahidi. También aparecen en la lista roja de Interpol Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ali Fallahijan, ex ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, ex agregado cultural en Argentina; Ahmad Asghari, ex secretario de la embajada iraní en Argentina; y desde 2009, Samuel Salman El Reda.
Vahidi, al igual que Fallahijan, habría asistido a la presunta reunión de 1993 en Mahshad, donde, según la investigación de la UFI AMIA, se habría decidido el ataque. Según el dictamen firmado por el fiscal Alberto Nisman ese año, Vahidi no tuvo un rol pasivo, sino que impulsó la propuesta de atacar Argentina, propuesta que después fue evaluada por el Comité de Asuntos Especiales.
El dictamen indica que Vahidi habría presentado su iniciativa en la llamada “oficina de inteligencia”, donde formaba parte del núcleo de decisión. Tras respaldar el objetivo argentino, la dirección de la operación fue delegada en el entonces ministro de Inteligencia, Ali Fallahijan, mientras que la ejecución recayó en Vahidi, jefe de la Fuerza Quds.
En 2011, ya como ministro de Defensa de Irán, Vahidi viajó a Bolivia para llevar a cabo actos conjuntos con autoridades locales, pero el gobierno de ese país decidió su salida tras conocer su identidad y antecedentes. En esa ocasión, participó en actividades oficiales con la ministra boliviana María Cecilia Chacón, que incluyeron la graduación de pilotos de aviación y la inauguración de la Escuela de Defensa del ALBA, ambas en Santa Cruz de la Sierra.
La visita generó una fuerte reacción tanto en la comunidad judía como en la política argentina. El entonces presidente de la AMIA, Guillermo Borger, calificó la presencia de Vahidi como “una provocación”, mientras que la DAIA solicitó que la Cancillería presentara una protesta diplomática formal y exigiera la detención inmediata del funcionario iraní. “Esta inadmisible presencia en el país hermano agravia a la memoria de las víctimas, a la comunidad que representamos y a la sociedad argentina en su conjunto”, manifestaron desde la entidad.
El repudio del gobierno argentino
El gobierno argentino expresó un enérgico rechazo al nombramiento de Ahmad Vahidi como comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, debido a su involucramiento en el atentado a la AMIA. Esta condena se hizo pública a través de un comunicado oficial en el que también se repudiaron los recientes ataques de Irán contra Israel. Desde la Casa Rosada se recordó que Vahidi tiene un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol desde 2007, y que, de acuerdo con las investigaciones judiciales, encabezó la mesa de decisiones que definió el ataque en suelo argentino, buscando enviar un mensaje político al mundo.
El comunicado catalogó la designación de Vahidi como “una provocación inaceptable” y un agravio a la memoria de las 85 víctimas del atentado de 1994. Asimismo, se recordó que la Unidad Fiscal AMIA solicitó recientemente la implementación del juicio en ausencia para avanzar en el juzgamiento de Vahidi y de otros acusados por el atentado terrorista más grave en la historia argentina. El gobierno nacional reiteró que no debe existir ningún tipo de privilegio ni amparo internacional para los culpables, reafirmando su compromiso con la búsqueda de justicia.
