Diversas agrupaciones que representan a las personas con discapacidad y defienden sus derechos se movilizarán este martes hacia el Congreso. Esta medida de fuerza se lleva a cabo tras el veto del presidente Javier Milei el lunes, a la ley de Emergencia en este sector, que ofrecía nuevas pensiones no contributivas.
La concentración está prevista para las 11.30 en la Plaza de los dos Congresos, así como en todas las plazas centrales del interior del país. Además, se suspenderán las actividades relacionadas con el área de Discapacidad debido a la “gravedad de la crisis” que se está atravesando.
En este contexto, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad rechaza el veto del Gobierno nacional, al igual que lo hizo con respecto al aumento de jubilaciones y la moratoria previsional.
“Presidente (Javier) Milei, ¿cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos? ¿Cómo se puede llevar una vida digna sin los apoyos necesarios? ¿Cómo responde el Estado a quienes dependen de estos dispositivos para vivir? Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”, cuestionaron desde el Foro.
En este mismo sentido, señalaron que “el verdadero desafío” es construir una sociedad “más justa”, donde “nadie quede excluido ni solo” ante las dificultades que enfrenta la Argentina actual.
Finalmente, expresaron que la Emergencia de Discapacidad abarca “múltiples realidades”, ya que hay personas que trabajan “en talleres protegidos” y que actualmente perciben $28.000 mensuales. Asimismo, hay quienes “esperan acceder a una pensión para contar con un ingreso”, además del acompañamiento integral que les permita desarrollarse.
“Hoy esas personas están en riesgo porque los aranceles no cubren los costos básicos de funcionamiento, y muchos prestadores están al borde del cierre”, concluyeron.
A través del Decreto 534/2025, publicado el 4 de agosto en el Boletín Oficial, se argumentó que la aprobación de las leyes vetadas conllevaba un riesgo para el equilibrio fiscal, comprometiendo las metas económicas y afectando la estabilidad del sistema previsional, dado que implicaba un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y alrededor de 17 billones en 2026.
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