La salud de los gurises no se negocia, alertanlos vecinos fumigados. “Injusticia ambiental”, titulan abogadosespecializados en derecho y contaminación. “Insólito que no tengan encuenta estudios de universidades públicas y sí los de las empresas”,denuncian científicos. Son algunos de los cuestionamientos a los jueces delSuperior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que dieron visto bueno a undecreto del gobernador, Gustavo Bordet, y permitieron fumigar con agrotóxicos apocos de metros de las escuelas rurales. Deberá definir la Corte Suprema deJusticia.
El lunes 28 de octubre, con toda la atención puesta en laselecciones presidenciales, fue el día elegido por el Superior Tribunal deJusticia de Entre Ríos para emitir su fallo más polémico del año y quecontradice cinco sentencias judiciales previas. Permitió que empresarios delagro fumiguen con agrotóxicos a solo 100 metros de las escuelas.
El Foro Ecologista de Paraná y el sindicato docente Agmerpresentaron en agosto de 2018 un amparo para cuidar la salud de los alumnos ytrabajadores de la educación. Lograron un fallo judicial inédito: la protecciónde todas las escuelas rurales de la provincia, con distancias de 1000 metros dedistancia para fumigaciones terrestres y 3000 metros para las aéreas.
La respuesta del gobernador Gustavo Bordet fueron dosdecretos, contrarios al fallo judicial, que permitían fumigar a sólo 100 metrosde las escuelas. Los empresarios del agro, nucleados muchos en la FederaciónAgraria y la Sociedad Rural, se movilizaron hasta los tribunales, cortaronrutas y hasta amenazaron a los docentes y activistas que denuncian lasfumigaciones.
La causa judicial, en catorce meses, tuvo cinco fallosjudiciales que protegieron la salud de los alumnos y determinaron lainconstitucionalidad de los decretos del gobernador.
La sentencia del tribunal máximo
Pero el 28 de octubre, con una nueva composición, elSuperior Tribunal de Justicia determinó la validez del decreto del gobernador ypermitió fumigar con agrotóxicos a sólo 100 metros de las escuelas. Fue firmadopor los jueces Susana Ester Medina de Rizzo, Martín Francisco Carbonell, JuanRamón Smaldone, Bernardo Ignacio Salduna y Germán Carlomagno.
Entre los numerosos cuestionamientos sobresale que losmagistrados omitieron los estudios científicos presentados por los demandantes,todos trabajos de universidades públicas (de Rosario, Río Cuarto y el Litoral,entre otros). Los jueces sí tomaron como válidos argumentos de Casafe (cámaraempresaria que nuclea a Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva, Basf y Rizobacter,entre otros).
“Lo intentamos. Investigadores, médicos, genetistas yquímicos aportamos desde el actual conocimiento científico sobre los efectoscrónicos de las exposiciones a herbicidas como el glifosato y sus mezclas.Lamentablemente los intereses económicos, políticos y judiciales fueronmuchísimo más poderosos”, denunció Rafael Lajmanovich, investigador delConicet, titular de la cátedra de Ecotoxicología de la Universidad Nacional delLitoral y con más de veinte años de estudio sobre los efectos de losagroquímicos.
Damián Verzeñassi, desde el Instituto de SaludSocioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario (Inssa) y de lamateria Práctica Final, realizó junto al equipo docente más de treintacampamentos-relevamientos sanitarios en distintas ciudades y pueblos con usomasivo de agrotóxicos. En todos encontró aumento drástico de enfermedadesvinculadas a los químicos (desde problemas respiratorios hasta cáncer). Aligual que Lajmanovich, presentaron un informe técnico-científico en la causa.”Los jueces no tuvieron en cuenta ningún informe científico, simplemente’confían’ en lo que les dice el gobierno de Entre Ríos. La salud de los niños,para los jueces, se trata de una cuestión de fe”, cuestionó el médico.
Leyes ambientales
Otro hecho insólito: los jueces no aplicaron ningúnprincipio de las leyes ambientales. Darío Avila es abogado especializado enambiente. Trabaja desde hace más de diez años junto a pueblos fumigados conagrotóxicos de Córdoba. “El fallo vulnera los principios del derechoambiental (Ley 25.675), de manera especial el principio de prevención, de precaución,de equidad intergeneracional, de progresividad y el derecho humano fundamentala vivir en un ambiente sano”, afirmó Avila en un detallado artículotitulado “Injusticia ambiental, fallar contra las generacionesfuturas”.
Cuestionó que los jueces mencionan el derecho ambiental,pero no lo aplican. El abogado denunció que el fallo del Superior Tribunal deJusticia “adolece de los vicios de ‘arbitrariedad e ilegalidadmanifiesta’, por cuanto se aparta de las pruebas científicas rendidas en lacausa y haciendo lugar a pruebas no científicas, vulnera los derechos humanosfundamentales a vivir en un ambiente sano, el derecho a la salud y el derecho ala vida”.
La Coordinadora Basta es Basta recordó que, ante los fallosjudiciales que alejaron las fumigaciones, el gobierno provincial modificó enforma express la Ley de Procedimientos Constitucionales, lo que le permitiómodificar la composición del Superior Tribunal. “Los jueces elegidos adedo por el gobernador Bordet, en connivencia con la Mesa de Enlace, lesaseguró una sentencia favorable y poder fumigar a nuestro gurises en laescuela”, denunció la organización en un comunicado de repudio a lamaniobra judicial.
Jueces que creen a Bayer/Monsanto
Los jueces del Superior Tribunal citaron como válida laopinión de Federico Landgraf, director ejecutivo de Casafe (cámara empresaria)y los dichos de Martín Alonso, director del Registro de Tumores de Córdoba.Damián Verzeñassi recordó que se trata de “testimonios personales” deAlonso (y no es un informe técnico de la institución pública). Además recordóque Alonso tiene vínculos con la empresa Bayer. Los jueces también tomaron comoreferencia el escrito “Evaluación de la información científica vinculada alglifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”, de 2009. El trabajofue invalidado por utilizar bibliografía sesgada (sobrevaloraba trabajos deMonsanto y restaba importancia a trabajos de científicos independientes).Además de ser realizado por personas con conflictos de intereses (Claudio MarcoGhersa, con investigaciones junto a Monsanto)
