El presidente Mauricio Macri se refirió a un fallo contralos agroquímicos en Entre Ríos de la siguiente manera: “Es irresponsable,sin base científica, pone en riesgo el trabajo de miles de personas”.
En una visita a esa provincia, hablaba del conflictoambiental más importante que se debate hoy en los tribunales de nuestro país:la prohibición para la aplicación de agroquímicos en los alrededores deescuelas rurales, de 1000 metros para las pulverizaciones terrestres y 3000para las aspersiones aéreas. Entre Ríos será un leading case, un caso testigo.Lo que allí se defina afectará como siga el tema en todo el país. ¿Se vienenmayores límites al glifosato y otros productos?
Repasemos cómo se llegó hasta aquí. En 2018, una ONGecologista presentó un amparo en la Justicia entrerriana para defender la saludde los niños y docentes que concurren las escuelas rurales, alegando que losagroquímicos ponían en riesgo su salud y cómo generaban daños al ambiente.
La Justicia consideró que, si bien el daño no estabatotalmente probado, existía riesgo potencial, y aplicó el Principio PreventivoAmbiental. Esto significa que ante la duda, si pudieran llegar a darse dañosque fueran irreparables en el ambiente, se deben tomar medidas que limiten orestrinjan ciertas actividades o productos. Antes, en Gualeguaychú, se habíaaprobado la ordenanza “glifosato cero”, que prohibía el uso, laaplicación, el traslado y hasta la venta de ese producto en el Municipio.
Con el fallo salen de producción unas 330.000 hectáreas,según el cálculo de los productores. La justicia le ordenó al Gobiernoprovincial que mejorara la protección a las escuelas, por lo cual laadministración de Gustavo Bodet hizo un nuevo decreto que mantenía lasprohibiciones pero achicaba las distancias: a 100 metros para aplicacionesterrestres y a 500 metros para las aéreas.
Pero, claro, el caso siguió judicializado. En marzo pasado,luego de presentaciones de los ambientalistas y entidades del agro, la Justiciaprovincial dictaminó que este decreto es nulo. Señala que no hubo nuevaspruebas en el terreno y que las distancias de las 100 y 500 metros sonarbitrarias: Entre Ríos no cumplió la orden judicial de probar en juicio queesas distancias protegían la salud y todo volvió para atrás.
Hoy entonces están vigentes en toda la provincia los 1000 y3000 metros de prohibición de uso de agroquímicos, y la prohibición total delglifosato en Gualeguaychú.
Ante la Justicia serequiere una estrategia contundente sobre los argumentos científicos.
El gran argumento del gobierno nacional para defender el usode agroquímicos son las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)”.En 2018, en un trabajo de los entonces Ministerios de Agroindustria, Ambiente,Salud y Ciencia y Tecnología, junto con las autoridades de todas las provinciasambientales y productivas, se publicó la “Guía de Buenas Practicas de Agroquímicosy Fitosanitarios”.
Es un buen documento, con bases científicas, en el cual nose habla de distancias de prohibición mínimas, como pretende la Justicia deEntre Ríos, sino de “zonas buffer”, zonas de especial cuidado cercade ciudades, escuelas y cursos de agua. El gran problema es que este documentono tiene más valor legal que el de una recomendación: ni siquiera está aprobadopor resolución ministerial, mucho menos por ley del Congreso.
Sí existen leyes provinciales de agroquímicos, aunquejustamente en Entre Ríos, epicentro del problema, no se logró acuerdo paratener una ley en la materia.
Todo indica que el conflicto puede escalar. Los productoresde Entre Ríos se ven seriamente afectados: de un día para el otro se lespretende cambiar su modelo productivo, hay contratos que se habían firmado quese están cayendo y hectáreas que saldrán de producción.
Por otro lado, los ambientalistas, envalentonados con losfallos favorables, van por más: ya hay proyectos para limitar aún más lasfumigaciones aéreas, el glifosato y otros agroquímicos a nivel nacional.
Y el contexto internacional les juega a favor: en EstadosUnidos, la Justicia consideró que Monsanto no advirtió de la peligrosidad delglifosato, actuó con malicia, escondió información y que su producto causó elcáncer en dos juicios diferentes. Alemania anunció un programa para eliminar elglifosato de su país en el mediano plazo, en Europa el permiso al producto sevence en 2022 y la discusión cada vez se vuelve más difícil.
En tanto, el nuevo presidente de Colombia quiere volver ausar glifosato en la “guerra contra las drogas” para atacar lasplantaciones de coca, pero con fuerte rechazo no solo de ecologistas sinotambién de campesinos y pueblos originarios. La opinión pública mundial parecehaber dado su veredicto contra los agroquímicos.
Argumentos científicos
Los argumentos científicos a favor, que no son pocos, no hansido hasta ahora presentados correctamente en la Justicia. Son pruebascontundentes ante todos estos fallos desfavorables. Y, en cuanto a las buenasprácticas agrícolas, es más un concepto para productores e ingenierosagrónomos: ni los jueces y mucho menos la gente común parece entenderlo como unargumento válido ni como una garantía a su salud o al ambiente.
¿Qué puede pasar en la Argentina? En nuestro país, cualquierpersona puede presentar un amparo ambiental. Es un derecho otorgado por la Leyde Ambiente. Y, por otra parte, el caso de las escuelas rurales de Entre Ríosda mucha tela para cortar: no sería sorpresa que llegue a la Corte Suprema.
Hace unos días, en el caso del impuesto a las Ganancias paralos jubilados la Corte sentó la doctrina que “grupos vulnerables requierenespecial protección del Estado”, y no ahondó en la necesidad de probar enconcreto dicha vulnerabilidad.
Fue un fallo que pareció basado en la corrección de ciertasposturas políticas y un ojo puesto en la opinión pública, más que en hechosconcretos. En esa línea, no parece difícil ver a los niños escolares delinterior entrerriano como los vulnerables de este caso.
Por otro lado, el principio preventivo ambiental que arribaexplicamos es parte de la legislación argentina, y ha sido usado en variasocasiones, con aval de los académicos.
La falta de una ley nacional de presupuestos mínimos de usoy aplicación de agroquímicos no hace más que complicar el panorama: ante estevacío, la Justicia puede considerarse con las atribuciones para actuar a fin degarantizar los derechos en riesgo.
Si el valor a defender es el ambiente, si la Justiciaconsidera que hay que tomar medidas especiales para defender la salud de losmás vulnerables y que puede haber daños irreparables, y que está medianamenteprobado el potencial peligro ambiental de determinadas sustancias, parecebastante probable que tengamos un fallo aún más importante, quizás de la CorteSuprema, imponiendo mayores límites al uso y aplicación del glifosato u otrosagroquímicos.
Por: Andrés Dominguez. El autor es director de RED Consultora y docente de Derecho de las Universidades de Belgrano y La Plata
