En Entre Ríos hay un fallo que fija una zona de exclusiónpara aplicaciones, alrededor de una escuela, de 1.000 metros para laspulverizaciones terrestres y 3.000 para las aéreas.
Hace meses que la agricultura y ganadería entrerriana estáen alerta por un fallo judicial que estableció alrededor de las escuelasrurales una zona de exclusión en las aplicaciones de agroquímicos de 1.000metros para las pulverizaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas.
Los productores, que ya realizaron protestas frente alSuperior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y en el acceso al Túnel Subfluvialque conecta a Paraná con Santa Fe, esta semana fueron escuchados en laExposición Rural de Palermo en el marco de un panel sobre Buenas PrácticasAgropecuarias (BPA) que tuvo dos ejes temáticos: pensar soluciones para losconflictos con las aplicaciones y la presentación de una guía de BPA para laganadería.
En Entre Ríos, los productores advierten que el fallo estávigente y que si se aplican los controles un área de 300.000 hectáreas quedaríaprácticamente vedada para la agricultura convencional (hay 1.024 escuelasrurales en Entre Ríos).
En el panel de La Rural disertaron Fabio Schneider,productor de Colonia Merou (departamento Crespo), Mariela Gallinger, presidentede la Delegación Crespo de Federación Agraria Argentina; y Susana Shro,directora de una escuela rural en el Departamento Paraná.
“Lo que nos pasa es inédito en el país y en el mundo. Estáninfundiendo miedo en toda la sociedad y poniéndola en contra de todos losproductores a partir de un caso de intoxicación en una escuela rural que nuncase llegó a comprobar fehacientemente y la justicia falló por el humor social”,aseguró Schneider.
El productor explicó que el fallo no le permite haceraplicaciones de productos homologados por Senasa, que cumplen las buenasprácticas, para controlar enfermedades de la hoja y que tampoco puede hacerreserva de pasturas para cuando termine el invierno. “Estamos atados de pies ymanos”, insistió.
En su opinión, el fallo no tiene sentido y afectó los planesde siembra de trigo. “Ya se perdió toda la cosecha triguera y tendríamos quevolver a labores en la tierra que destruirán décadas de conservacionismo”,describió Schneider.
Gallinger, que vive en el campo con su familia, dijo que elmejor ambientalista es el mismo productor. “No voy a estar aplicando productosque envenenen a mis hijos y nietos. La acusación que se nos hace esirracional”, sentenció.
“Desde la mirada de mujer, que defendemos la vida ytrabajamos por los niños, nos duele que no nos permitan trabajar”, planteó.Además dijo que es notoria la ausencia del Estado y acusó al gobernadorentrerriano Gustavo Bordet de estar jugando con fuego.
“El productor debe afrontar muchos compromisos, pero si nopodemos producir el trigo, ni mantener una pastura, ni preparar el barbechopara la campaña gruesa, entonces el gobierno tiene que saber que en esas300.000 hectáreas no van a producir nada. El daño económico lo va a sentir”,advirtió Gallinger.
La docente Susana Shro contó que hace veinte años sedesempeña en escuelas rurales y que el fallo afecta a los productores, que sonsus vecinos y los padres de los chicos que estudian en las escuelas.
“Puedo testimoniar que los productores son altamenteresponsables, siempre lo han sido. Se lo he manifestado a las autoridadescuando salieron a recorrer las escuelas rurales por este conflicto”, dijo Shro.
Además contó que le envió una nota al fiscal de Estado en elque aclara que no son todas las escuelas que pueden tener problemas sino casosmuy puntuales. “Doy fe que los productores no van a hacer daño a sus propioshijos”, manifestó.
La directora de una escuela rural sostuvo que la restricciónes excesiva y que le preocupa el impacto que pueda tener la medida porque lasescuelas rurales se crearon para evitar el desarraigo y que los chicos no setengan que ir a otras ciudades. En su caso particular, la escuela tiene nivelinicial, primario, secundario y un anexo de secundario para adultos.
“Veo con preocupación que se pueda generar un daño en elvínculo entre las escuelas y la comunidad. Ni el foro ecologista, ni el gremiodocente, que son los que pidieron el amparo a la justicia, nunca fueron avisitarnos o a consultarnos”, concluyó Shro.
