El gobierno de la provincia emitió el decreto nº1.493 delministerio de Gobierno y Justicia a cargo de Rosario Romero, que dispuso la”suspensión, por 90 días corridos, de la registración de mensura cuyo objetosea la subdivisión de terrenos rurales”, es decir de los negocios comúnmentellamados loteos.

De la redacción de INFORME DIGITAL

La medida provincial obedece, según se difundióoficialmente, a “las numerosas inquietudes planteadas por las Juntas deGobierno, a través de la Dirección que las nuclea, respecto a los avances en urbanizaciónque no cuentan con los requisitos necesarios”.

Luego del anuncio del Ejecutivo, el diputado provincialJorge Monge (UCR-Cambiemos) se mostró de acuerdo con el decreto, aunque recordóque la misma medida había sido pedida al gobernador en abril de 2016,anticipando “el estado actual de orfandad competencial y de  recursos materiales y humanos de las Juntasde Gobierno”.

“Estos loteos deben suspenderse hasta que se sancione la ley de comunas”

Por esta preocupación, y en una carta enviada a GustavoBordet, el legislador radical había propuesto la misma suspensión como “unasolución transitoria hasta tanto se sancione la Ley Orgánica de Comunas (…) afin de evitarles inconvenientes en el futuro inmediato” a las juntas degobierno.

En un comunicado enviado a INFORME DIGITAL se recordó que “alno hacerse eco el gobernador del pedido”, el diputado ingresó el 4 de julio de2016 un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para la suspensión que ahoradispuso la Provincia, proyecto que tramita como expediente N° 21.367 “y duermeen las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Municipales yComunales de la Cámara Baja provincial”.

Monge apoya la “solución transitoria” pero pide que rija hasta que se sancione la Ley de Comunas.

Sobre el punto, aclaró Monge que “tanto en el pedido algobernador como en el posterior proyecto de ley, la suspensión era hasta tantose sancione la ley de comunas” y agregósu preocupación por que la suspensión sea por sólo 90 días.

Irregularidades

La decisión oficial apunta a poner coto a la rentablemecánica de venta de terrenos por parte de las inmobiliarias, que dividen lastierras dentro de jurisdicciones de juntas de gobierno -que no tienen potestad deregularlo con legislación propia, por la falta de la ley de Comunas-, lasvenden y se retiran del asunto con grandes ganancias.

Luego, los nuevo vecinos/compradores de los lotes seencuentran con la carencia de los servicios públicos elementales para comenzarsu vida en los terrenos adquiridos: alumbrado, gas, agua, caminos, entre otros.Recurren en primera instancia con grandes quejas a los presidentes de lasjuntas, quienes no disponen de los medios de infraestructura ni de gestión parahacer frente a la demanda.

Lógicamente, los reclamos y problemas se acumulan y terminantodos en oficinas dependientes de la Provincia. Precisamente en la Dirección deJuntas de Gobierno dentro de la órbita del ministerio de Rosario Romero.

El decreto conocido este miércoles, por lo tanto, apunta asuspender durante tres meses dichas prácticas por demás redituables para losprivados y en gran medida complejas de resolver en el ámbito público, hastatanto se encuentre la manera de resolver el asunto en profundidad.

La resolución oficial es una manera, también, de resolverotro problema que acarrea este modus operandi: que los jefes comunales sequedan con parte de los terrenos en venta a cambio de permitirles a lasinmobiliarias perpetrar sus negociados.