El fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, pidió a la Justicia la declaración indagatoria como sospechoso del secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur, por haber distribuido publicidad oficial "en su propio beneficio" En un escrito al que tuvo acceso Clarín en fuentes judiciales, Garrido denunció ante el juez federal Octavio Aráoz de la Madrid a Albistur y a otros dos funcionarios de su secretaría por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública reprimido por el artículo 265 del Código Penal con penas de 1 a 6 años de prisión. La denuncia incluye al subsecretario de Gestión de Medios, Alejandro Lenzberg, y al director general de Comunicación, Gustavo Fernández Russo. Todos dependen de la Jefatura de Gabinete.Desde sus funciones y a través de la agencia oficial de noticias y publicidad Télam, Albistur manejó el año pasado un total de 317 millones de pesos en pauta publicitaria. Según el fiscal, Albistur habría beneficiado a empresas vinculadas con él, sus hijos y sus más confiables subalternos con casi 10 millones de pesos.Hasta principios de mes el actual titular del COMFER, Gabriel Mariotto, uno de los dirigentes kirchneristas que encabeza la embestida contra los medios, se desempeñaba como subsecretario de Medios pero no está incluido en la denuncia.La investigación comenzó por un pedido de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de mediados del 2006 sobre supuesta discriminación en la distribución de la publicidad oficial.Luego de hacer un exhaustivo análisis de la composición societaria de empresas de carteles de la vía pública y otras relacionadas a la publicidad, el fiscal afirma que pese a que Albistur, al acceder a la función pública en el 2003 renunció a sus empresas a favor de sus hijos, sigue teniendo vínculos con: Sisto Lemme, Grupo Alsur, Wall Street Vía Pública, Estatic, Enterprise Publicidad, Video Market y Publicar. Y que existe "una vinculación (empresaria) muy estrecha entre Albistur con Alejandro Lenzberg (subsecretario de Medios) y Guillermo De Lella (ex director nacional de Políticas Regionales del Ministerio del Interior)".En el escrito se puntualiza que pese a que la designación de De Lella en Interior "requería dedicación full time, (durante el 2005 y el 2006) continuó cobrando haberes del grupo Alsur S.A.", lo que es incompatible con la función pública.Garrido también encuentra esa doble función en Lenzberg y señala que "es una situación expresamente prohibida por la Ley de Etica Pública en cada ocasión en la que ha intervenido a fin de que alguna de las empresas que conforman ese grupo empresario reciba pauta oficial". Y como persigue un interés "ajeno" a la administración pública, "incurriendo así en el delito de negociaciones incompatibles".Al analizar la conducta de Albistur, el fiscal sintetiza dos puntos clave: El secretario de Medios de Comunicación y Lenzberg tuvieron un interés particular "orientado en algunas oportunidades a beneficiar directamente a través de la pauta oficial en vía pública a empresas de las que todavía forman parte o tienen una vinculación muy estrecha". En otros casos, beneficiaron "a terceros distribuyendo los recursos del Estado a empresas de las que habían formado parte y que continúan estando integradas por las mismas personas con quienes habían conformado esas sociedades".La denuncia de Garrido la tienen el fiscal federal Oscar Amirante y el juez subrogante Aráoz de la Madrid. Este último seguramente el 23 de mayo dejará su suborgancia, y la decisión sobre si Albistur debe ser indagado o no quedará en quien lo reemplace.
