El juez del Tribunal de Juicios y Apelaciones, Juan Francisco Malvasio, aprobó el acuerdo entre las partes y condenó al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, a dos años y ocho meses de prisión en ejecución condicional, además de inhabilitarlo para ocupar cargos públicos. Esta decisión se enmarca en la causa conocida como “Coimas”, donde también están procesados el exgobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, entre otros.
Smaldone, al aceptar un juicio abreviado, reconoció su responsabilidad en delitos como Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, Fraude a la administración pública y Cohecho pasivo. En una audiencia el 29 de julio, las partes solicitaron al juez Malvasio que revisara la legalidad del acuerdo. Los fundamentos de la sentencia se hicieron públicos recientemente, este lunes.
Además, Smaldone enfrentará una multa de 90 mil pesos y deberá cumplir con un conjunto de reglas de conducta durante tres años. Si cumple con estas exigencias, en 2028 podrá ser liberado del proceso.
Según los fundamentos de la sentencia a los que accedió ANÁLISIS, el juez determinó que Smaldone recibió pagos a cambio de contrataciones. Se estableció que él estaba a cargo de la administración y manejo de los fondos del Ministerio de Trabajo y era el encargado de realizar las contrataciones en cuestión, con el fin de obtener beneficios patrimoniales junto con otros funcionarios públicos.
El magistrado añadió que, basándose en los hechos probados, se puede afirmar que Smaldone actuó con pleno conocimiento de los elementos que constituyen los delitos mencionados, y su conducta es típica, antijurídica y culpable, ya que no se presentaron causas de justificación ni de inculpabilidad.
En otra parte de los fundamentos, el juez destacó que Smaldone, como Ministro de Trabajo de la provincia de Entre Ríos, dirigió las contrataciones hacia la empresa “Relevamientos Catastrales S.A.”, de la que Cardona Herreros era el titular. Esta empresa obtuvo múltiples contratos millonarios durante la gestión de Urribarri.
Malvasio también subrayó que la evidencia recolectada es sólida. En este sentido, citó correos electrónicos que respaldan la acusación. “El imputado Smaldone, en su función de Ministro de Trabajo, buscó beneficiar económicamente a la empresa ‘Relevamientos Catastrales’, logrando así un lucro indebido para sí y otros funcionarios”, afirmó el juez.
Entre los correos, uno fechado el 20 de mayo de 2012 reveló una conversación entre Smaldone y Cardona Herreros acerca de la elaboración de un pliego de licitación a medida, preparado antes del llamado a licitación pública N°84/13. Otro correo del 15 de agosto de 2013 evidenció que Cardona Herreros había coordinado con otros funcionarios las condiciones de contratación para asegurar la adjudicación.
La licitación fue adjudicada el 20 de enero de 2014 mediante un decreto firmado por Smaldone y Urribarri. Según las pruebas presentadas por la acusación, Smaldone percibía mensualmente sumas de dinero, junto a otros funcionarios, como parte del esquema de corrupción.
Malvasio también mencionó un mensaje de Cardona Herreros a Smaldone en el que se discutían montos específicos de dinero a repartir. Esto corrobora que Smaldone, en su calidad de Ministro, estaba en posición de autorizar pagos indebidos a cambio de beneficios personales.
Finalmente, el juez consideró que las pruebas presentadas justifican el acuerdo alcanzado en el juicio abreviado, lo que llevó a desestimar el estado de inocencia del que gozaba Smaldone, quien ya había admitido su responsabilidad penal en los delitos imputados.
