La evolución del sistema de riesgos del trabajo en la Argentina combina dos dinámicas contrapuestas. Por un lado, los indicadores de siniestralidad laboral registran una caída sostenida en la cantidad y gravedad de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en los lugares de trabajo. Por otro, la litigiosidad se recuperó con fuerza en los últimos años y alcanzó niveles similares —e incluso superiores— a los previos a las últimas reformas legales. Así lo refleja un informe del Ieral que analiza casi tres décadas de aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).
En materia de prevención, los registros evidencian una mejora persistente desde la implementación del sistema actual. Según el informe, a mediados de la década de 1990 se documentaban alrededor de 75 accidentes y enfermedades laborales por cada 1.000 trabajadores en el ámbito de las empresas. Hoy esa cifra se redujo a aproximadamente la mitad. La tendencia descendente se mantiene clara y sostenida a lo largo del tiempo.
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El contraste surge al considerar los siniestros ocurridos fuera del establecimiento laboral. Los accidentes in itinere —los que se producen en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo— mostraron una trayectoria inversa. Según datos del Ieral, pasaron de 7 casos por cada 1.000 trabajadores en los primeros años del sistema a 18 por cada 1.000 en la actualidad. Se trata de eventos que, aunque están contemplados por el sistema, dependen de factores ajenos a la organización del trabajo y a las políticas preventivas de las empresas.
La mejora en los indicadores más graves también es notable. El informe indica que cuando la LRT comenzó a regir, en 1997, se registraban 158 muertes por millón de trabajadores en los lugares de trabajo; hoy esa tasa se redujo a 34 muertes por millón. Según el estudio, esa baja equivale a haber evitado 18.700 muertes laborales en 26 años, o unas 720 muertes por año. En los accidentes in itinere también se observa una disminución, aunque más moderada: de 76 a 30 muertes por millón de trabajadores.
El rebote de la litigiosidad
Mientras la siniestralidad muestra estos avances, la evolución de los juicios laborales tomó otro derrotero. Tras la sanción de la Ley 27.348 en 2017, que buscó ordenar el sistema y reducir la litigiosidad, el ritmo de demandas se desaceleró de manera transitoria. No obstante, el informe del Ieral advierte que ese efecto fue acotado en el tiempo. Superada la pandemia, los juicios volvieron a crecer con rapidez.
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En 2024 se registraron alrededor de 124.000 juicios por riesgos del trabajo, una cifra similar a la observada en 2017, el año en que se sancionó la última reforma. “Sacando del medio la pandemia, se puede decir que a la judicialidad le tomó apenas tres años retornar a los niveles previos a la sanción de la ley”, señala el estudio. En los primeros meses de 2025, la tendencia continuó en ascenso, lo que anticipa un nuevo récord anual.
Juicios concentrados en incapacidades leves
El análisis del Ieral muestra que la litigiosidad no se asocia, en su mayoría, a siniestros graves. Por el contrario, la mayor parte de las demandas judiciales se concentra en casos de baja incapacidad. En 2023, el 64% de las sentencias determinó incapacidades inferiores al 15%, y el 96% de los juicios correspondió a incapacidades de hasta el 30%. Solo el 4% superó ese umbral y apenas el 1% involucró incapacidades mayores al 50%.
“El sistema judicial no está actuando para remediar anomalías en la reparación de incapacidades graves”, indica el informe. Y agrega que “son situaciones excepcionales y puntuales los casos de incapacidades altas que devienen en juicio”, lo que sugiere que esos hechos son atendidos de manera automática por el sistema.
Otra característica relevante es la diferencia entre tipos de siniestros. Según los datos de 2023, solo el 8% de los accidentes de trabajo e in itinere deriva en un juicio, mientras que el 43% de las enfermedades profesionales termina judicializado. Esta proporción se repite tanto en provincias adheridas como no adheridas a la Ley 27.348, lo que refuerza la idea de que la reforma logró frenar la litigiosidad de forma temporal, sin alterar su naturaleza.
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Fuertes diferencias entre provincias
El informe también pone de relieve marcadas diferencias entre jurisdicciones. En CABA, Santa Fe y Mendoza, alrededor del 17% de los siniestros deriva en un juicio, mientras que en Buenos Aires, Córdoba y Neuquén la proporción oscila entre el 8% y el 11%. En otras provincias adheridas, como Entre Ríos, Río Negro o Tierra del Fuego, la litigiosidad desciende a entre el 2% y el 4%, y en algunas jurisdicciones no supera el 1%.
Para el Ieral, estas diferencias “sólo pueden ser explicadas por divergencias en los criterios de evaluación del daño”. El estudio destaca que, en muchos casos, las pericias médicas judiciales aplican reglas distintas a las previstas por la normativa vigente y por las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
El impacto sobre el sistema
En términos de volumen, el problema adquiere otra dimensión al considerar el stock de juicios acumulados. Tras un descenso posterior a la reforma de 2017, la cantidad de demandas en trámite volvió a crecer y se mantiene por encima de las 300.000 causas. El informe advierte que, aunque cada juicio individual refiera a incapacidades bajas, su masividad genera un impacto significativo sobre el sistema.
De acuerdo con las estimaciones del Ieral, el costo del flujo anual de juicios equivale aproximadamente al 1,2% de la masa salarial, lo que representa cerca del 47% de la alícuota promedio del sistema de riesgos del trabajo. “Aunque los juicios son por porcentajes de incapacidad bajos, su masividad hace que su incidencia sea desestabilizante para la sostenibilidad financiera del sistema”, concluye el estudio.
Así, mientras los indicadores de accidentes y muertes laborales muestran una mejora sostenida, la cantidad de juicios vuelve a crecer y se consolida como uno de los principales desafíos del sistema de riesgos del trabajo en la Argentina.
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