En la previa del debate de la reforma laboral, que el Gobierno enviaría al Congreso en las próximas semanas, un informe privado reveló que el volumen de demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales volvió a niveles inéditos, constituyéndose en uno de los factores que más condicionan la generación de empleo formal en la Argentina.
La litigiosidad laboral recuperó protagonismo al acercar el recuento anual de juicios a los picos que motivaron la sanción de la Ley 27.348 en 2017, norma que buscó frenar el avance de expedientes en los fueros de trabajo de casi todo el país.
La configuración vigente del sistema de riesgos del trabajo en la Argentina puso al descubierto una nueva desconexión entre los siniestros reportados y las demandas efectivamente presentadas ante la justicia. Un reporte de Fundación Mediterránea mostró que, mientras los registros de accidentalidad seguían una tendencia descendente, el número de causas judiciales por cuestiones laborales creció con fuerza, generando no solo incertidumbre operativa en las empresas, sino también costos crecientes para las aseguradoras y presión directa sobre las alícuotas del sistema.
“Entre 2021 y 2025, el número de demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales experimentó un marcado rebote, estimando al cierre de 2025 alrededor de 125.000 presentaciones, volumen semejante al máximo histórico de 2017″, remarcó el estudio. Este incremento se da en un contexto donde la siniestralidad descendió, lo que confirma que el motor del fenómeno no está en la ocurrencia de accidentes, sino en la estructura de incentivos del sistema pericial y judicial de cada provincia.
La presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió que ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización y, en medio del debate por las modificaciones al sistema actual, destacó que “ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial.
Además, la distribución territorial de las demandas mostró una clara heterogeneidad estructural. Las tasas de juicios por cada mil asalariados varían de 0,1 en Salta hasta 24 en Santa Fe y 23 en San Luis, lo que pone de manifiesto grandes diferencias entre distritos. El sector empresarial calificó este fenómeno como una arbitrariedad territorial que afecta los principios de igualdad legal e incrementa la incertidumbre para quienes realizan actividad económica en las distintas jurisdicciones.
Las provincias con más causas
El análisis de los registros precisó que nueve provincias concentran aproximadamente el 80% del total de juicios del sistema. Al comparar 2025 con el año anterior, en las jurisdicciones más relevantes la mayoría mostró aumentos en la cantidad de causas iniciadas, siendo particularmente notable el crecimiento en Santa Fe, San Luis y Chubut. Esa tendencia afecta la previsibilidad y la gestión de los riesgos laborales en todo el territorio nacional.
Para la Fundación Mediterránea, las explicaciones del crecimiento de la litigiosidad convergen en la forma en que las justicias provinciales manejan sus procedimientos periciales médicos. “En varias provincias aún rige un esquema en el cual el perito judicial surge por sorteo de una lista de médicos inscriptos para realizar pericias. En algunos casos —aunque no en todos—los honorarios de los peritos judiciales no están fijados en función del trabajo realizado, sino que se calculan como porcentaje de la incapacidad determinada, lo que genera una tendencia sistemática al sobrediagnóstico”, marcaron.
Asimismo, sumaron que muchas veces son profesionales que “no cuentan con especialización en la valuación del daño laboral ni capacitación específica en la temática y no existen mecanismos sistemáticos de monitoreo de su desempeño; pero la distorsión más grave la genera el hecho de que el procedimiento vigente los obliga a efectuar una nueva evaluación del trabajador en lugar de revisar el dictamen previo de la Comisión Médica”.
En 2017, la Ley 27.348 introdujo la figura de los Cuerpos de Peritos Médicos (CPM), basados en la selección por concurso, la profesionalización, la especialización y el monitoreo, junto con esquemas salariales acordes y la obligación estricta de revisar técnicamente el dictamen previo de la Comisión Médica. No obstante, la implementación efectiva de esa ley se produjo solo de forma parcial en el país. Según fuentes citadas por Infobae, en la mayoría de los distritos persisten condiciones que siguen incentivando a los trabajadores a recurrir a la vía judicial.
El comportamiento descripto impacta económicamente en la estructura de costos de la cobertura de riesgos laborales. La cuota que las empresas pagan a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), expresada como porcentaje de la masa salarial, combina dos elementos principales: el riesgo real inherente a la actividad y el costo judicial esperado por la litigiosidad. Cuando este último se desacopla de la siniestralidad registrada, la estructura de costos se altera y el riesgo judicial termina dominando sobre el riesgo objetivo de accidentes concretos.
En esa línea, la evolución histórica de la alícuota del sistema refleja su vínculo con los niveles de litigiosidad. Entre 2010 y 2016, los registros mostraron que, mientras la siniestralidad disminuía, el promedio de la alícuota subió de 3,20% a 3,46% sobre la masa salarial. Con la sanción y puesta en marcha de la Ley 27.348 y la caída en la judicialización, los años siguientes exhibieron una baja paulatina en las primas del seguro. Sin embargo, a partir de 2021 y 2022 el retorno de la litigiosidad aceleró el incremento de las alícuotas impulsado por la masificación de juicios, lo que desbalanceó el equilibrio actuarial del sistema.
“El aumento de las alícuotas justifica la preocupación y reclamo de los empleadores. Pero en la medida en que estos incrementos alcanzan para cubrir sólo parcialmente el impacto financiero de la judicialización la sostenibilidad del sistema se está erosionando. Las recientes disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación estableciendo, ante una situación de déficit financiero, una inhibición general de bienes sobre una ART alerta sobre posibles riesgos sistémicos”, concluye el reporte.
Informes actuales estiman que los juicios explican hoy cerca de un tercio de la alícuota total, lo que pone en tela de juicio la viabilidad financiera de la cobertura a futuro. Las ART trasladaron esos mayores costos a sus clientes, de modo que las empresas abonaron porcentajes más altos sobre su masa salarial, no tanto para cubrir accidentes efectivos como para hacer frente a la exposición al riesgo judicial y a las consecuencias económicas de la disparidad territorial en las tasas de litigiosidad.
En agosto de este año, el promedio de las alícuotas pagadas por los empleadores alcanzó el 2,9% de la masa salarial. A pesar de ese aumento, la suba solo compensa de forma parcial el impacto financiero derivado de la judicialización, dejando la sostenibilidad del sistema expuesta ante episodios de alta conflictividad o variaciones bruscas en las condiciones macroeconómicas del país.
La preocupación se intensificó en el sector empresario tras la decisión de la Superintendencia de Seguros de la Nación de establecer la inhibición general de bienes sobre al menos una ART frente a una situación de déficit financiero. La medida encendió una nueva alarma sobre el riesgo sistémico generado por la judicialización y la insuficiencia de las alícuotas para sostener la estabilidad operativa y financiera del sistema de riesgos del trabajo.
Temas Relacionados
Reforma laboralJuiciosSesiones extraordinariasÚltimas noticasIndustria del juicioDemandas laboralesRiesgos laboralesEconomía-Argentina
