El tribunal de la Sala I de la Cámara del Crimen absolvió ayer de culpa y cargo por el beneficio de la duda al abogado Gustavo Borrajo, ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía entre 1995 y 1999, acusado de haber favorecido a su estudio jurídico de Capital Federal en dos negocios con el Estado provincial.En fallo unánime, los camaristas Felipe Celli, Juan Ascúa y Daniel Perotti llegaron a la conclusión de que no estaba probada la relación contractual de Borrajo con el estudio jurídico Sábato-Rioja & Asociados, que realizó dos auditorías convenidas entre el Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima y el gobierno provincial.El ex funcionario Borrajo llegó a juicio acusado del delito de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones en concurso real, ya que según la denuncia realizada por la ex Fiscalía de Investigaciones Administraciones había direccionado dos auditorías entre el Banco de Entre Ríos y el gobierno provincial, en favor del estudio jurídico, del cual él mismo sería integrante. Para el tribunal no existen elementos certeros para imputar a Borrajo de las maniobras denunciadas por las que el fiscal Juan Carlos Almada había solicitado que se lo condene a dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.Por su parte, el tribunal no hizo lugar en la sentencia al pedido del abogado defensor Ignacio Díaz, quien había solicitado que se evalúe la conducta del ex fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) Rubén Pagliotto, y Perla Strada. Bases del falloPara los camaristas existieron tres cuestiones fundamentales que favorecieron al imputado. Primero fueron los errores de la requisitoria fiscal, ya que apunta la violación de la Ley de Administración Financiera Nº 5.140, ya que por el precio pactado por los honorarios, 60.000 pesos, se debió utilizar la licitación pública como criterio de selección del contratista y no la contratación directa, como se hizo. Para los jueces no existió violación, ya que el gobernador junto a sus colaboradores había firmado un decreto de necesidad y urgencia que habilita a realizar contraciones directas. Además para los camaristas no fue suficiente el testimonio de la abogada Perla Strada para acreditar la vinculación entre el estudio jurídico y Borrajo. Strada, quien estaba a cargo de la Gerencia de Legales del banco Bersa y había contado que en marzo de 1999 Borrajo admitió en un diálogo informal que él integraba el estudio beneficiado con la operación. Para los jueces fueron muy contundentes las declaraciones de los ex ministros de Economía Eduardo Macri y Marcelo Casaretto, quienes explicaron los fundamentos de la firma del decreto de necesidad y urgencia, como así también el mecanismo de contratación. Ambos señalaron que la auditoría se realizó con éxito y sin perjuicio para el erario público.En su voto, el experimentado camarista Felipe Celli realizó una reflexión sobre los hechos que motivan este prolongado proceso sosteniendo que “es que el sistema penal, frente a la corrupción pública aparece como inerme, carente de los medios e instrumentos necesarios para actuar con celeridad y eficacia, única forma de comenzar a recuperar la credibilidad de la ciudadanía, la esperanza de que no todo está perdido”.Para el camarista el caso en análisis, si bien trasluce desprolijidades, sospechas y demás, las mismas no son suficientes para conmover las garantías que le asisten a cualquier ciudadano de un Estado democrático de Derecho”. (UNO)
