La explotación rural de la polémica se extiende entre los departamentos Gualeguay e Ibicuy, en el sur entrerriano.
Según informa Analisis, el escribano mayor de Gobierno, Gregorio Gastaldo, viajó a Ibicuy donde comprobó el incumplimiento del decreto número 4.252/04 en el que el Ejecutivo ratificó la Resolución número 41 del Consejo Regulador del Uso Fondo del Agua de la Provincia de Entre Ríos. En esta reglamentación se consideraron los resultaos de los estudios ligados al impacto de la obra en la zona que realizaron expertos de la Facultad de Ingeniería.
Desde tales organismos se aconsejó hacer dos cortes a la altura del arroyo La Calerita en la defensa de Poy para permitir el libre escurrimiento de las aguas del río Gualeguay y sus arroyos afluentes.
