El 75% de los abogados y abogadas porteños calificaron los plazos de tramitación de las causas como “lentos” o “muy lentos” y atribuyeron esas demoras a la falta de eficiencia del personal judicial y a fallas organizativas en los juzgados, según una encuesta realizada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal junto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a la que accedió PERFIL.
El presidente del Colegio Público de abogados porteño, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que, aunque “hay soluciones técnicas” para mejorar ese indicador, resulta “increíble” la “omisión del Ejecutivo” respecto del 40% de las vacantes en la Justicia, que “impide que el sistema funcione”.
Según el estudio, la sensación de lentitud crece con la experiencia profesional: entre quienes ejercen hace menos de 5 años alcanza el 65,7%, mientras que, entre quienes llevan más de 20 años el 80% evalúa negativamente los tiempos de tramitación. Los fueros Laboral, de la Seguridad Social, y Civil y Comercial Federal concentran la mayor proporción de percepciones negativas.
Gil Lavedra destacó que, de la encuesta, “surge clara la enorme preocupación de los y las colegas por la falta de respeto de los jueces y juezas a los parámetros legales en la regulación de honorarios”. Más del 40% de los encuestados consideró que los montos se fijan por debajo, una percepción presente en los distintos fueros.
La encuesta también indagó sobre el “nivel de satisfacción con el funcionamiento del sistema judicial”. La mayoría lo calificó como regular (un promedio de 5 sobre 10). No obstante, los abogados y abogadas del Estado hicieron evaluaciones más favorables, mientras que quienes trabajan en organizaciones de la sociedad civil fueron, en promedio, más críticos.
Mal desempeño judicial
Más del 75% de las abogadas y abogados encuestados afirma haber detectado situaciones de mal desempeño, principalmente vinculadas a demoras excesivas en la tramitación de causas, falta de aplicación de la ley y parcialidad en las decisiones.
No obstante, entre quienes registraron situaciones de este tipo, el 64,5% adoptó una postura activa y apenas el 3,5% presentó una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Quienes no denunciaron explicaron que fue por desconfianza en que las denuncias fueran investigadas o respondidas adecuadamente (59%).
En cambio, la mayoría de los profesionales que detectaron mal desempeño optó por presentar una queja o reclamo en el expediente (44%). Además, el 35,5% declaró no haber tomado ninguna medida, anteponiendo como motivo principal la creencia de que no conduciría a nada (48,3%), seguida del temor a sufrir represalias dentro de la misma causa (23,9%).
La encuesta —que incluyó 47 preguntas— fue anónima, autoadministrada y voluntaria, y la respondieron, entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre, más de 2100 abogadas y abogados porteños, de casi 90.000 matriculados en la Ciudad de Buenos Aires.
