La defensa de Lázaro Báez, encabezada por la abogada Yanina Nicoletti, realizó ayer una denuncia por “gravedad institucional” ante la creciente preocupación por la falta de precisiones sobre el paradero del empresario santacruceño, trasladado desde el penal en el que se encontraba detenido mientras atraviesa un delicado estado de salud.
Según pudo reconstruir PERFIL, un interno avisó a la familia de Báez sobre el traslado y, de ese modo, se notificó a la defensa. El equipo de abogados se presentó ante la alcaldía, pero no hubo precisiones acerca del paradero del empresario, que continúa en un estado de salud delicado.
En ese marco, la defensa de Baez presentó una denuncia en la que se menciona al “Alcaide Mayor Mariano Eduardo Torrens”, quien “informó que el nombrado (Báez) ya no se encontraba alojado en dicha unidad, sin brindar información alguna respecto de su actual paradero”.
El juez Claudio Vázquez, de Río Gallegos, había ordenado el traslado de Báez al penal de Ezeiza luego de rechazar el hábeas corpus; sin embargo, el juez de ejecución en Buenos Aires, Néstor Costabal, detuvo el traslado porque la medida no estaba firmada.
La falta de información por parte del servicio penitenciario y de la justicia generó zozobra y alarma entre los familiares, que insisten en que el delicado estado de salud de Báez reclama atención inmediata.
En la defensa de Báez también expresaron malestar con el Servicio Penitenciario, dado que Torrens fue nombrado recientemente y depende de la candidata a senadora Patricia Bullrich.
“En consecuencia, y habiendo transcurrido ya varias horas sin conocerse el paradero del Sr. Lázaro Antonio Báez, resulta inevitable que S.S. tome inmediata intervención, por lo que se ha de solicitar la habilitación de días y horas inhábiles a fin de que de manera urgente tanto el Juzgado Federal de Río Gallegos como la Unidad N.º 15 del Servicio Penitenciario Federal informen al respecto”, sostiene la denuncia presentada por Nicoletti ante el Costabel. La defensa de Báez sostuvo que lo acompañó al Hospital Regional de Río Gallegos, donde lo atendió un cardiólogo. Tiene 69 años, padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes y problemas gastrointestinales. Tuvo presión alta y sufrió un derrame en un ojo que lo obligó a asistir al oftalmólogo. Fue condenado a 15 años de prisión por las causas de la “ruta del dinero K” y “Vialidad”. En septiembre la Cámara Federal rechazó un pedido de prisión domiciliaria.
