Abogados ambientalistas han presentado una exhaustiva investigación que revela la conexión ilícita entre el poder político y el extractivismo forestal en Chaco, que incluye corrupción, permisos fraudulentos y el canje de votos en el Senado. “Lo que ha sido objeto de sospechas y denuncias por años ahora se confirma con documentos, mapas, nombres y cifras oficiales”, afirmaron.
El Equipo Interdisciplinario de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, parte del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, ha ofrecido un análisis minucioso de las pruebas judiciales recolectadas en el caso federal denominado la Mafia del Desmonte en Chaco.
Este análisis fue presentado el jueves en la causa que se tramita ante la Justicia Federal de Chaco. A raíz de esta presentación, se han solicitado nuevas medidas y la ampliación del requerimiento de instrucción contra el diputado imputado Juan José Bergia y las autoridades nacionales de Bosques.
“La evidencia recopilada es abrumadora. El cruce de expedientes, permisos, nombres y empresas muestra de manera precisa cómo ha operado durante décadas un sistema público-privado diseñado para desmontar, saquear y ocultar. No son denuncias aisladas. Damos nombres y apellidos a cada elemento del sistema: funcionarios que habilitaban lo prohibido, técnicos que gestionaban desmontes a gran escala y empresas, tanto nacionales como extranjeras, que se beneficiaban”, señalaron.
Además, alertaron que “el entramado va más allá del ámbito provincial. La acreditación nacional del nuevo Ordenamiento Territorial, a pesar de estar judicializada y llena de irregularidades técnicas, se convirtió en moneda de cambio dentro de un canje de favores con la Casa Rosada. Víctor Zimmermann, ex ministro chaqueño y autoridad ambiental de la provincia, ha regresado al Senado Nacional para garantizar al oficialismo su voto a favor del acuerdo con el FMI, entre otras leyes. A cambio, el gobierno de Milei ha legalizado el ecocidio en Chaco. Lo que se presentó como un intercambio técnico es en realidad un pacto político que permite el saqueo de nuestros ecosistemas, uno de los más biodiversos de Sudamérica.”
La investigación también destaca que el diputado Juan José Bergia no es solo un simple engranaje en este sistema, sino uno de sus principales arquitectos. En 2012 impulsó la modificación del artículo 53 de la Ley 2079-R, que permite a los infractores ‘usufructuar’ la madera talada ilegalmente tras abonar una multa simbólica. En 2025, incrementó aún más esta normativa con el proyecto 1861, que otorga más beneficios a quienes cometen desmontes ilegales, incluyendo descuentos para el ‘aprovechamiento de productos abatidos’.
Durante el período de 2011 a 2021, la Dirección de Bosques del Chaco autorizó 1.335 permisos de cambio de uso del suelo. Cerca del 20% de la superficie desmontada en ese tiempo fue concentrada en manos de solo 15 propietarios, la mayoría de los cuales son sociedades anónimas que operaron como verdaderas empresas de desmonte. Uno de los casos más significativos es el de Cuenca del Salado S.A., que recibió permiso para desmontar más de 7.300 hectáreas, el 94% de las cuales se encuentran en zonas donde el desmonte está prohibido.
MSU S.A. obtuvo cinco permisos entre 2010 y 2016 para desmontar más de 6.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los principales beneficiarios de este sistema. CIAGRO S.A. recibió permisos para más de 3.400 hectáreas, concentrándose en 2010 y 2011, durante la expansión del modelo extractivo en el monte chaqueño. TRIAD S.A., con domicilio fiscal en el estudio del Ing. Kalbermatter y vinculada a Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central de la República Argentina, se evidencia en el informe con más de 2.700 hectáreas desmontadas. Las Guindas S.A., de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza, recibió un permiso en 2018 para 1.331 hectáreas, gestionado por Halavacs, y tiene nueve autorizaciones especiales para desmontes ilegales. Vicentín, a través de diversas personas físicas y jurídicas, obtuvo permisos para más de 4.500 hectáreas, todos gestionados por Halavacs, incluyendo desmontes cercanos a áreas protegidas.
El ex ministro Hernan Halavacs “gestionó permisos de cambio de uso del suelo para desmontar casi 38.000 hectáreas en total, mostrando una influencia creciente en la última década”.
Los propietarios que han recibido permisos para las mayores superficies a través de Halavacs incluyen a Juan Antonio Aloi, que obtuvo autorización para desmontar 2.000 hectáreas en 2016, Alejandro Hayes Coni (1.600 hectáreas), Los Tordos S.A. (1.450 hectáreas), Las Guindas S.A. (1.331 hectáreas) y varios predios de la familia Vicentín.
Entre los 1.335 permisos entregados por la Dirección de Bosques entre 2011 y 2021, se destacan dos momentos con alta cantidad de autorizaciones: en 2013 bajo la gestión de Miguel Ángel López y en 2016 bajo Emanuel Carrocino. En 2013, por ejemplo, se emitieron más de 300 permisos que habilitaron casi 35.000 hectáreas de desmonte. Solo en 2016, bajo Carrocino, se entregaron casi 200 permisos que permitieron la tala de cerca de 30.000 hectáreas.
La investigación también señala que se autorizaron desmontes en áreas prohibidas mediante la recategorización predial. Así, 31.000 hectáreas de bosque nativo fueron degradadas para legalizar su destrucción, incluso dentro del Corredor Biológico del Chaco Seco y zonas aledañas al Parque Nacional Copo. Cuenca del Salado S.A. fue beneficiada con más de 6.900 hectáreas a través de esta figura.
El comunicado aclara que “el cambio de uso del suelo solo debe realizarse con la debida autorización. Sin embargo, además de los 1.335 permisos, la Dirección de Bosques otorgó 15.064 permisos entre 2009 y 2024, siendo 2013 el año con la mayor cantidad de autorizaciones, cuando más de 1.500 permisos fueron emitidos. Más del 50% fueron de ‘aprovechamiento forestal’, disfrazando la extracción intensiva de ‘manejo sostenible’. Las asociaciones comunitarias Meguesoxochi y Misión Nueva Pompeya recibieron cientos de estos permisos, bajo el control de operadores políticos denunciados”.
En cuanto a las “autorizaciones especiales”, señalaron que este tipo de permisos, uno de los más polémicos otorgados por la Dirección de Bosques en los últimos 15 años, es crucial en la investigación penal federal, ya que refleja el entramado político empresarial que ha creado un sistema de incentivos perversos bajo una fachada de legalidad, permitiendo la inserción de madera de desmontes ilegales en el mercado formal.
Estas autorizaciones han aumentado dramáticamente en los últimos años. De las 403 otorgadas, 94 fueron dadas solo en el año anterior, 2024, 110 de ellas gestionadas por Halavacs. Las empresas beneficiarias incluyen Carbotec S.A, Argecosol SRL, Forestales del Chaco y Katona SRL, entre otras.
Refiriéndose al Fondo Nacional de Bosques, explicaron que “es un mecanismo de la Ley 26.331 diseñado para compensar a los propietarios de tierras que decidan conservar y manejar sosteniblemente sus bosques. La ley y la reglamentación Chaqueña estipulan que para la asignación de fondos deben tener preferencia comunidades indígenas y campesinas, así como bosques de alto valor en comparación con bosques degradados”.
Sin embargo, enfatizaron que “la provincia de Chaco ha hecho exactamente lo opuesto durante 12 años. El 98% de los fondos destinados a comunidades indígenas y campesinas fueron a parar a empresas o funcionarios con intereses en negocios forestales. La Asociación Comunitaria Meguesoxochi, gestionada por el diputado Bergia, recibió casi 100 millones mientras promovía desmontes en tierras indígenas. De los fondos recibidos por la provincia entre 2013 y 2018, el 30% benefició al Estado provincial (lo cual está permitido), el 69,1% a empresas y solo el 0,9% a comunidades, a pesar de que deberían haber sido priorizadas según la ley”.
Sobre los permisos de transporte, la Asociación de Abogados indicó que “los permisos que el gobierno provincial otorga a los productores forestales están vinculados a la entrega de ‘guías’, que deben ser proporcionales al volumen de productos permitidos. Se han entregado cantidades desproporcionadas de estas guías respecto al volumen autorizado. Por ejemplo, Ramón Jalil Abraham obtuvo 1.374 guías para solo 50 hectáreas. Alejandro Ibáñez recibió 485 guías para 45 hectáreas, la mayoría destinadas a las tanineras. Las guías se utilizan como moneda para legalizar desmontes ilegales. Todos los datos muestran un mecanismo donde la Dirección de Bosques vende cupos de extracción a productores mediante la emisión de guías sobregiradas, permitiéndoles transportar legalmente productos extraídos de forma ilegal”.
Finalmente, los abogados afirmaron que “en un tiempo de desconfianza hacia las instituciones y representantes de nuestra sociedad, la voluntad política y judicial es más necesaria que nunca. Las evidencias son innegables, y sin desmantelar estas tramas de corrupción no habrá posibilidad de regeneración en nuestras sociedades ni en nuestros ecosistemas”.
“Recuperar la confianza en la justicia es imposible si se protegen intereses mafiosos. La transición hacia un modelo ecosocial en nuestro país requiere, como primer paso, desbaratar estas redes que han operado con impunidad durante décadas. La recuperación de los ecosistemas del Gran Chaco y la defensa de los territorios campesinos e indígenas comienza por hablar con claridad: el desmonte tiene nombre, apellido y firma”, concluyeron.
