La Ley de Identidad de Género en Argentina, sancionada el 9 de mayo de 2012, permite que las personas sean reconocidas legalmente de acuerdo a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de pasar por intervenciones médicas o procesos judiciales. Este avance legislativo fue celebrado por organizaciones de la diversidad y activistas como un hito en la lucha por los derechos humanos y la inclusión.
Recientemente, el programa Cuestión de Fondo, transmitido por Canal 9 Litoral, presentó la historia de un profesional de Nogoyá que enfrenta denuncias por violencia de género, hurto, estafa y desobediencia judicial.
Tras la solicitud del fiscal Fernando Martínez, el juez de Garantías de la ciudad, Oscar Rossi, dictó 90 días de prisión preventiva con tobillera electrónica. En ese contexto, se reveló que el acusado había iniciado el trámite para cambiar de género en el Registro Civil.
Este hecho suscitó controversia y preocupación entre diversos colectivos de derechos humanos en Nogoyá y la provincia, quienes advierten sobre un posible uso indebido de una ley que fue conquistada tras años de lucha.
En Entre Ríos, más de 500 personas han rectificado su Documento Nacional de Identidad (DNI) bajo la Ley N.º 26.743, que este año cumple 13 años. En los primeros meses de 2025, ya se gestionaron 34 trámites, con un promedio de seis por mes.
El proceso para solicitar el cambio de DNI suele ser rápido si el solicitante es mayor de edad, mientras que para los menores, el procedimiento varía.
La solicitud de cambio de género del profesional en cuestión no es fraudulenta ni infringe ninguna norma. No hay forma de impedir el pedido siempre que se sigan los pasos establecidos. La ley no requiere que se demuestre la condición de persona trans, lo que ha sido uno de sus principales logros para los movimientos que promueven la despatologización de estas identidades.
Los problemas por los que el empleado del Inaubepro se encuentra detenido comenzaron en junio, tras la ruptura con su pareja. Actualmente enfrenta cargos por el hurto de 160.000 dólares, una supuesta estafa a un peón rural, violencia de género y desobediencia judicial. La tramitación de cambio de identidad comenzó después de su detención el 9 de junio.
Además, el individuo había cumplido con una probation y su matrícula de abogado fue suspendida por supuestamente retrasar el pago de una indemnización a los padres de un niño fallecido.
El hombre fue notificado de su inminente detención y se presentó voluntariamente en la Jefatura Departamental de Policía de Nogoyá. Pocos sabían que había sido identificado como el agresor de la actual pareja de su ex.
El profesional actualmente enfrenta un sumario administrativo en el Ministerio de Seguridad. Sus superiores informaron sobre su falta injustificada al trabajo tras su detención. Este abogado es empleado estatal desde 2002, cuando ingresó junto al entonces fiscal de Estado, Sergio Avero. También fue su ingreso junto a Gisela Schumacher, hoy vocal del Superior Tribunal de Justicia, quien tras un tiempo dejó la fiscalía para seguir otros caminos.
En 2017, después de enfrentar algunos inconvenientes, logró permutar su cargo al Registro de la Propiedad Inmueble de Nogoyá, aunque siempre trabajó en Lucas González. Se dice que esta reubicación la obtuvo gracias a su cercanía con el dirigente radical Fuad Sosa, también de Nogoyá y director de Inaubepro.
Cuestión de Fondo ha podido constatar que hay un sumario administrativo en curso.
En el ámbito del derecho penal, particularmente en casos de delitos relacionados con la violencia de género, la identidad de género del acusado y cualquier intento de modificación posterior a la comisión del delito no son estrategias válidas para reducir su responsabilidad.
Así lo explicó la abogada Fernanda Vásquez Pinasco, especialista en temas de género, en una conversación con Cuestión de Fondo. Según ella, si un hombre es acusado de un delito que, al ocurrir en un contexto de violencia de género, conlleva un agravante específico en el Código Penal, y decide cambiar su DNI invocando la ley de identidad de género para “mejorar su situación” ante la justicia, esta estrategia no le beneficiará.
El sistema penal aplica la ley y los agravantes en el momento de la comisión del delito. Vásquez Pinasco subraya que, independientemente de cualquier cambio de identidad posterior, la persona será juzgada bajo las condiciones legales que regían al momento de los hechos.
Intentar evadir la justicia puede agravar su situación. Lejos de servir como atenuante, el intento de modificar el DNI para eludir responsabilidades puede ser interpretado como un intento de evadir la justicia.
La abogada califica de “muy mala estrategia” utilizar las leyes de derechos humanos para evadir la justicia. Enfatiza que no existe la posibilidad de obtener alguna salida atenuante por medio de la ley de identidad de género. En resumen, aunque una persona puede invocar esta ley, no será tomada en cuenta para disminuir su responsabilidad penal.
