El 29 de diciembre de 1990, cuando la sociedad argentina se aprestaba a las fiestas de fin de año, un documento oficial firmado en el despacho presidencial de la Casa Rosada desarticuló uno de los pilares más emblemáticos de la transición democrática. Con la rúbrica de Carlos Menem, el Decreto 2741/1990 liberó a los excomandantes de las Juntas Militares que, cinco años antes, habían sido condenados por un plan de desaparición, tortura y exterminio.
A tres décadas y media de aquel hecho, el indulto no se recuerda como un gesto de pacificación, sino como el punto culminante de una tensión política entre la justicia civil y el poder castrense.
La arquitectura del perdón: el fin de la “Cuestión Militar”
Menem asumió la presidencia en 1989 en un país golpeado por la hiperinflación y con unas Fuerzas Armadas que aún conservaban capacidad de presión política, luego de los alzamientos carapintadas contra el gobierno de Raúl Alfonsín. La estrategia del riojano fue tajante: la “reconciliación nacional” mediante el olvido jurídico.
El Decreto 2741 no fue un episodio aislado. Formó parte de la segunda tanda de indultos. Mientras que los decretos de 1989 habían beneficiado a militares no condenados y a líderes guerrilleros, el de 1990 constituyó el golpe definitivo:
–Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera (condenados a reclusión perpetua) recuperaron la libertad.
–Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti abandonaron sus celdas.
-También se benefició a figuras clave de la represión como el general Ramón Camps.
El argumento del “abrazo” vs. la realidad jurídica
El gobierno de Menem sostuvo que el país necesitaba un “borrón y cuenta nueva” para atraer inversiones y estabilizar el sistema político. “He firmado los decretos para que nos dejemos de mirar hacia atrás“, declaró el entonces mandatario.
No obstante, desde la perspectiva del derecho internacional el decreto se movía por una cornisa peligrosa. Los crímenes cometidos por las Juntas ya eran considerados por buena parte de la doctrina como delitos de lesa humanidad, que por su naturaleza son imprescriptibles y no admiten amnistías ni indultos por parte de los estados nacionales. El decreto intentó clausurar por vía administrativa un proceso que la conciencia social y jurídica argentina entendía como una cuestión de ética universal.
La grieta social y el surgimiento del “escrache”
La reacción de la sociedad civil fue de rechazo visceral. Aquel diciembre de 1990 abrió una nueva etapa de resistencia para los organismos de Derechos Humanos. Ante la imposibilidad de ver a los genocidas tras las rejas, surgió una forma de condena social: el escrache.
Las organizaciones de familiares y el grupo H.I.J.O.S. (que comenzaba a gestarse) llevaron la justicia a las puertas de los domicilios de los indultados. La premisa era clara: “Si no hay justicia, hay escrache”. El Decreto 2741, en lugar de pacificar, trasladó el conflicto de los tribunales a los barrios y mantuvo la herida en la cotidianeidad de los argentinos.
El largo camino hacia la nulidad: 2003-2007
La vigencia de los indultos fue el impulso que avivó la creatividad jurídica de los organismos de Derechos Humanos, que buscaron vías —como los casos de robo de bebés— para volver a sentar a los dictadores ante los jueces.
Finalmente, el andamiaje de impunidad comenzó a resquebrajarse en el nuevo milenio: en 2003, el Congreso nacional declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
En 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo histórico que declaró la inconstitucionalidad de los indultos de Menem, sosteniendo que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para perdonar crímenes de lesa humanidad.
