A 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman —ocurrida días después de que denunciara a la entonces presidenta Cristina Kirchner por un presunto pacto con Irán— la Justicia intenta abrirse paso por el laberinto que se creó alrededor de la pista de los “espías”, originada en la intensa red de comunicaciones entre agentes de inteligencia detectada aquel fin de semana, en las horas previas a la tragedia.
En el equipo que encabeza el fiscal federal Eduardo Taiano consideran casi cumplida la primera etapa de ese recorrido, aunque admiten que queda todavía un tramo largo por delante.
Según fuentes del caso, ya se completó la declaración de alrededor de 80 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –hoy SIDE– y, con base en el cruce de esos testimonios, se solicitó al Poder Ejecutivo la desclasificación de información de inteligencia; una parte fue autorizada y otra no. Está previsto continuar con las declaraciones del personal de inteligencia del Ejército: son unas 400 personas, que ya comenzaron a ser citadas. No se trata de testimonios “comunes”: según uno de los investigadores, suelen extenderse en promedio unas seis horas.
La hipótesis que impulsa estas medidas es que la muerte del entonces titular de la causa AMIA podría estar vinculada a una pelea interna entre servicios de inteligencia. Una de las pruebas que apuntalan esa línea es la gran cantidad de comunicaciones entre agentes detectadas por la Justicia aquel fin de semana, que se multiplicaron el domingo 18 por la mañana, en las horas previas a que la madre del fiscal, su custodia y un cerrajero lograran ingresar por la puerta de servicio al departamento de Nisman en Puerto Madero, publicó el diario La Nación.
La fiscalía, el juez Ercolini y la Cámara Federal concluyeron que su muerte fue producto de un homicidio. La prueba central es el peritaje de Gendarmería de 2017, que sostuvo que al menos dos personas ingresaron al departamento del fiscal en las Torres Le Parc, lo redujeron, lo pusieron de rodillas y, con la intención de simular un suicidio, le dispararon en la cabeza.
Sin embargo, a más de una década del hecho no hay indicios claros sobre quiénes fueron los autores materiales o los instigadores del homicidio.
En este tramo principal de la causa hay cinco procesamientos confirmados: los cuatro custodios que debían proteger a Nisman durante esas horas y no lo hicieron porque no estaban, y Diego Lagomarsino, el informático que lo asistía fuera de la estructura de la fiscalía. Lagomarsino fue quien, en las horas previas a la muerte, le llevó el arma a Nisman —según su propia versión, a pedido del fiscal—. Fue vinculado a los servicios de inteligencia por distintos testimonios y está imputado como partícipe necesario.
La otra pata de la investigación
La fiscalía identificó y denunció, en un informe presentado el año pasado por los 10 años de la muerte del fiscal, un procedimiento inicial plagado de irregularidades. Ese expediente conexo apunta fundamentalmente al accionar de la propia Justicia en horas decisivas.
Entre las fallas señaladas figuran la tardía intervención del juzgado de turno; la gran cantidad de personas que entraron y se movieron por el departamento —algunos de ellos funcionarios de alto rango, como Sergio Berni—; la delimitación incorrecta de la escena, reducida solo al baño; y otras desprolijidades, como la ausencia de un termómetro para medir la temperatura del cuerpo y del lugar, elemento clave para precisar la hora de la muerte. Muchas de estas irregularidades quedaron registradas en el material fotográfico y fílmico que acompañó el procedimiento, consignó La Nación.
El informe añade que, pese al paso de cerca de 80 personas por el departamento durante ese primer operativo, pasó desapercibida la existencia de una puerta de metal en la cocina que daba a un espacio compartido con la unidad lindera, con piso enrejado, donde estaban instalados los aires acondicionados de ambos departamentos.
En esta causa conexa fueron imputados el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni; el exjefe de la Policía Federal, Román Di Santo; el exprefecto general de la Prefectura Naval, Luis Alberto Heiler; el exsecretario de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz; y la fiscal que intervino antes de que la causa pasara a la justicia federal, Viviana Fein, máxima autoridad en la escena. Fein fue citada a indagatoria a fines del año pasado, pero su declaración se postergó para la última semana de febrero.
Memorándum con Irán
Paralelamente a las causas que investigan lo sucedido el 18 de enero, avanza la denuncia que presentó Nisman y que, con tropiezos, llegó hasta quedar en condiciones de ir a juicio oral después de 11 años.
En su presentación del 14 de enero de 2015 —por la que interrumpió abruptamente un viaje por Europa— Nisman denunció la existencia de un supuesto pacto entre el Gobierno de Cristina Kirchner e Irán. Según la acusación, ese acuerdo habría buscado dar impunidad a los iraníes sospechados por el atentado a la AMIA, a cambio de beneficios comerciales para la Argentina, y se instrumentaría mediante una comisión de investigación.
La denuncia fue desestimada inicialmente por el juez Daniel Rafecas por falta de pruebas; la Cámara Federal confirmó esa decisión en un fallo dividido. Entre los elementos centrales de la acusación estaban escuchas a referentes de la comunidad islámica, como “Yussuf” Khalil, y a dirigentes sociales cercanos al kirchnerismo, como Luis D’Elía, que habrían constituido un canal extraoficial entre ambos países para concretar el supuesto pacto.
Para desestimar la acusación, Rafecas argumentó que el acuerdo entre países no llegó a entrar en vigencia porque Irán nunca lo ratificó internamente, pese a que había sido aprobado por el Congreso argentino. Señaló además que en las conversaciones interceptadas había elementos que contradecían la acusación, como referencias a que el entonces canciller Héctor Timerman era “inflexible” respecto del pedido para que cayeran las alertas sobre los iraníes, indicó La Nación.
La Cámara de Casación, en cambio, revirtió ese criterio. En un fallo unánime, la Sala I afirmó que, por tratarse de una denuncia con trasfondo de lesa humanidad, existían obligaciones especiales de investigación y que la decisión de Rafecas fue “prematura”. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa subrayaron además que el memorándum había sido declarado “inconstitucional”.
El juicio oral por el memorándum aún no tiene fecha de inicio y la causa atraviesa una instrucción complementaria. Una de las dudas pendientes es si el exjefe de Interpol Ronald Noble declarará como testigo: su testimonio resulta relevante porque contradice la acusación, ya que en el pasado afirmó que el acuerdo no habría anulado los pedidos de captura contra los iraníes sospechados del atentado a la AMIA.
