Este lunes se cumplen cincuenta años de la firma de los llamados “decretos de aniquilamiento de la subversión”, un conjunto de normas que marcó un punto de inflexión en la historia argentina, que sirvieron de base legal para la represión ilegal de la dictadura cívico-militar de 1976.
La rúbrica de esos decretos ocurrió apenas un día después de la “Operación Primicia”, el ataque más sangriento y audaz de la organización Montoneros, que consistió en la toma del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa. Durante el operativo, también secuestraron un avión Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas para huir y tomaron el aeropuerto local “El Pucú”.
El enfrentamiento dejó más de veinte muertos entre soldados conscriptos y combatientes montoneros, además de decenas de heridos. El ideólogo del plan fue Raúl Yaguer, cuarto en la cadena de mando montonera, detrás de Mario Firmenich, Roberto Quieto y Roberto Perdía.
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Aquella jornada de pólvora y sangre dejó una herida que aún perdura en la memoria colectiva formoseña, que este domingo tuvo como centro un acto conmemorativo en el que participaron el gobernador Gildo Insfrán y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
Los decretos de aniquilamiento (2770/75, 2771/75 y 2772/75) se firmaron durante un gobierno peronista por el entonces presidente provisional del Senado, Ítalo Luder, quien se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo debido a la licencia médica de la presidenta constitucional Isabel Perón, quien había quedado a cargo del país tras la muerte de Juan Domingo Perón.
Sin peso ni habilidades políticas, “Isabelita”, como se la conoce públicamente, se encontraba superada por la crisis económica y política del momento. Por entonces, la Argentina vivía un clima de violencia extrema, con enfrentamientos entre la organización parapolicial Triple A, encabezada por el ministro de Desarrollo José López Rega, y grupos político-militares como Montoneros y el PRT-ERP.
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Los decretos también llevaron la firma de los ministros Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero, Manuel Araúz Castex, Tomás Vottero, Carlos Alberto Emery y Ángel Federico Robledo. De todos ellos, el único sobreviviente es Ruckauf, quien fue consultado en más de una docena de ocasiones por PERFIL para referirse a este aniversario, pero no emitió respuesta.
El silencio de Ruckauf, quizás esté relacionado a sus dichos durante su campaña para la gobernación bonaerense de 1999: “Me siento muy orgulloso de haber firmado ese decreto de puesta de operaciones para aniquilar el accionar subversivo”.
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En esa misma campaña, el lema de seguridad del expresidente de Carlos Menem fue muy similar al del diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert: “Meter bala” y “dinamitar todo”.
Espert, renunció justamente este domingo a su candidatura a diputado nacional bonaerense luego de que se comprobara su vínculo con el narcotraficante Fred Machado, quien le habría pagado 200.000 dólares y prestado aviones privados en al menos 35 viajes.
Decreto 2770/75
El primero de los tres decretos fue el más extenso y el que sentó las bases organizativas del aparato represivo del Estado. En su inicio, el texto advertía sobre “la necesidad de enfrentar la actividad de elementos subversivos que con su accionar vienen alterando la paz y la tranquilidad del país, cuya salvaguardia es responsabilidad del gobierno y de todos los sectores de la Nación”.
A partir de allí, el decreto ordenó la creación del Consejo de Seguridad Interna, presidido por el presidente de la Nación e integrado por todos los ministros del Poder Ejecutivo y los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Ese organismo tendría \”la dirección de los esfuerzos nacionales para la lucha contra la subversión” y la “ejecución de toda tarea que el Presidente de la Nación le imponga”.
Además, el decreto estableció un segundo órgano, el Consejo de Defensa, encabezado por el ministro de Defensa e integrado por los jefes de las tres fuerzas. Este cuerpo debía asesorar al Presidente en “todo lo concerniente a la lucha contra la subversión”, proponer las medidas necesarias, coordinar acciones con autoridades nacionales y provinciales y “conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión”. También se le otorgó la facultad de “planear y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales” para esos fines.
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En los artículos siguientes, el decreto subordinó directamente a la Secretaría de Prensa y Difusión, la Secretaría de Informaciones de Estado, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Nacional al Consejo de Defensa, delegando así el control político, mediático y operativo total.
Incluso dispuso que el Estado Mayor Conjunto asistiera a ese consejo en las acciones que fueran necesarias, y que el Ministerio de Economía asegurara los fondos para la ejecución de todas las medidas.
En términos simples, el decreto 2770/75 militarizó la estructura estatal. Transformó la lucha contra las organizaciones armadas, que hasta entonces se limitaba únicamente a la provincia de Tucumán, en una operación de alcance nacional, con las Fuerzas Armadas al frente y los organismos civiles subordinados a ellas.
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Decreto 2771/75
El segundo decreto amplió el alcance territorial del primero. En su texto se reconocía “la necesidad de contar también con la participación de las fuerzas policiales y penitenciarias de las provincias en la lucha contra la subversión”. Por eso, ordenó que el Consejo de Defensa, a través del Ministerio del Interior, suscribiera convenios con los gobiernos provinciales “que coloquen bajo su control operacional al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales”.
Esto significó que no solo las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas quedaban bajo el mando central del Consejo de Defensa, sino también las policías locales y los servicios penitenciarios de cada provincia. En la práctica, implicó la extensión del control militar a todo el territorio nacional y la subordinación de los gobernadores a las órdenes de la estructura represiva diseñada por el Poder Ejecutivo.
En otras palabras, el decreto 2771/75 consolidó el mando unificado sobre las fuerzas de seguridad del país, eliminando los límites jurisdiccionales entre Nación y provincias, y allanando el camino para una “guerra interna” bajo dirección militar.
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Decreto 2772/75
El tercero y más contundente de los decretos fue el que dio la orden explícita que más tarde sería utilizada como fundamento legal por la dictadura: “aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.
El texto disponía que las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del Presidente de la Nación —ejercido a través del Consejo de Defensa—, debían “ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias” para cumplir con esa misión. También se facultó al Ministerio de Economía a proveer los fondos necesarios para sostener las operaciones.
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En lenguaje llano, el decreto 2772/75 autorizó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a actuar dentro del país con lógica de guerra y sin restricciones judiciales, extendiendo el concepto de “zona de operaciones” a todo el territorio nacional. No se trataba ya de un operativo puntual, como el que se había ordenado en Tucumán meses antes contra el ERP, sino de una habilitación general para perseguir, detener o eliminar a quienes fueran considerados “subversivos”.
Este decreto constituyó la orden formal de militarización total del conflicto interno y fue el documento que la dictadura de 1976 utilizó como base jurídica para justificar la represión sistemática, los secuestros, las torturas y las desapariciones que siguieron.
Las consecuencias históricas de los decretos de aniquilamiento
Estos decretos, firmados bajo un gobierno que mantenía formalidades constitucionales, pero escondían un conflicto bélico notable, se convirtieron en la base legal que el régimen militar instaurado el 24 de marzo de 1976 utilizó para justificar su accionar represivo.
Durante la dictadura, los decretos se tradujeron en un plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Años más tarde, la Justicia determinaría que tales hechos constituyeron delitos de lesa humanidad.
En 1985, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, se llevó adelante el histórico Juicio a las Juntas, en el que fueron condenados Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti y también jefes de las organizaciones armadas como Mario Firmenich y Enrique Gorriarán Merlo.
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Sin embargo, el 28 de diciembre de 1990, el presidente Carlos Menem firmó seis decretos de indulto que beneficiaron tanto a los militares como a los integrantes de las organizaciones armadas.
Con el tiempo, esos indultos serían anulados por la Corte Suprema y reabiertas las causas por crímenes de lesa humanidad, lo que permitió retomar los juicios a partir de 2006.
A medio siglo de la firma de los decretos de aniquilamiento, su sombra sigue proyectándose sobre la memoria nacional y son un recordatorio de cómo la violencia política, el autoritarismo y la impunidad se entrelazaron en uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina.
